El Partido Popular aplica el garrote vil (antes lo realizó el PSOE) - por Antonio Sardá

  El Garrote Vil fue el bárbaro método de ejecución vigente en el Estado Español desde 1820 hasta 1978, dos años después de la muerte en la cama de aquel nefasto golpista y dictador de triste recuerdo, Francisco Franco. El Garrote Vil, por tanto, era una máquina de matar compuesta por un asiento en el que se inmovilizaba a la persona a la que se iba a matar, a su espalda sobresalía un poste rígido que contenía un collar de hierro que se fijaba a la garganta, mientras de la parte posterior penetraba un tornillo de metal; ambos, collar y tornillo, eran operados por la fuerza del verdugo a través de una manivela que retraía el collar y hacía avanzar el eje  quebrando el cuello y provocando la asfixia. La muerte era lenta. El giro del tornillo provocaba, con cada vuelta de tuerca (manivela) la  opresión del cuello hasta estrangular y romper las vertebras de la víctima.

  Aunque el Garrote Vil  fue abolido, como ya está dicho en 1978, en 1974, en vida del dictador se realizó la última ejecución  con tal brutal método. La víctima asesinada, Salvador Puig Antich, anarquista catalán.

  La mayoría social de los distintos pueblos que están bajo la administración jurídico-política del Reino de España, vuelta de tuerca a vuelta de tuerca, están sometidas en los últimos años a la lenta agonía que lleva a la muerte provocada por el Garrote Vil operado por la actividad legislativa, primero del PSOE y, en la actualidad, del PP y, en la mayoría de los casos, con el apoyo cómplice de CC.

   Desde el alumbramiento de “la crisis”, los sucesivos gobiernos existentes en el Reino de España han obedecido fielmente a los mandatos que han provenido y provienen de la derecha real, la económica, dejando por el camino obsoleto el concepto de soberanía, ejerciendo cansinamente la hoja de ruta, Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros, de dar saltos mortales hacia atrás que nos retrotraen a etapas pre-democráticas.

     Ahí están para confirmarlo la Reforma Laboral que destruyó conquistas obreras  de varias décadas de lucha; la Reforma de las Pensiones que alargó la vida activa de los trabajadores y trabajadoras; la desprotección de la dependencia; la elevación a dogma constitucional del pago prioritario de la deuda; el desmantelamiento de la negociación colectiva; la facilitación para el empresariado del despido y su abaratamiento;  la eliminación de los salarios de tramitación;  los monstruosos recortes presupuestarios en sanidad y educación; la instauración del copago en materia sanitaria; las barreras económicas para el acceso a la educación; la eliminación de empresas públicas prestadoras de servicios esenciales a la colectividad; el desarrollo de una fiscalidad regresiva; la condena a las personas pensionistas a contemplar como año tras año disminuye su capacidad adquisitiva; la disminución de las prestaciones por desempleo; el encarecimiento de la subsistencia y el empobrecimiento de la población con el incremento del IVA; la práctica carencia de recursos para el Sistema para la Autonomía y Atención a las Dependencias; la disminución de la cuota a la Seguridad Social de las empresas; la imposibilidad de mantener la conservación de sus hogares a una gran parte de la mayoría social por no poder atender los alquileres o las hipotecas (en Canarias, en el primer trimestre de 2013, 1.180 desahucios, 13´16 de media/día); el desmantelamiento progresivo de la Sanidad y la Enseñanza públicas; …

  Y en el empleo del Garrote Vil, en esa ininterrumpida tarea legislativa al servicio de la minoría social, en Canarias, todo ese conjunto de medidas, más las que se añaden por la iniciativa propia del criollismo de Coalición Canaria, son especialmente lesivas para los intereses populares, al contar con una realidad de desestructuración social propiciada por toda una trayectoria histórica colonial de sometimiento al Reino de España. Dichas medidas, en Canarias, hacen que el Garrote Vil aplicado a nuestro pueblo, comparado con Europa y con el Estado español, tenga más vueltas de tuerca por figurar en el triste “ranking” con el mayor índice de desempleo, con los peores salarios, con las peores prestaciones por desempleo y pensión, por la jornada efectiva de trabajo más prolongada, por el mayor índice de personas paradas sin ningún tipo de prestación, por la mayor proporción de personas bajo el umbral de la pobreza, por las más prolongadas listas de espera para la atención médica, por el mayor fracaso escolar, por la menor inversión habitante año de los Presupuestos Generales del Estado…

    Mientras, las entidades financieras reciben todas las atenciones y cuidados del Reino de España, contribuyendo con ello a que el poder económico siga manteniendo su situación de privilegio a costa de las masas dinerarias extraídas del  empobrecimiento de la mayoría de la población.

  Para poder realizar toda esta profunda involución que en forma de pinceladas impresionistas se ha intentado describir, involución aún  inacabada, que nos sitúa en un estadio post – democrático, donde el poder real es el económico, siendo el político su brazo ejecutor,  en la perversa lógica del sistema de explotación, se hace ineludiblemente necesaria la actividad de represión de la contestación y de la lucha de las personas y colectivos que defienden un modelo de sociedad distinta.

    En este sentido, ahora, desde el Partido Popular, se pretende una nueva vuelta de tuerca para ahogar las voces disonantes ante su perversa actuación política, con la propuesta de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. En la misma se prevé la tipificación de infracciones muy graves (con multas entre 30.001 a 600.000 euros)  e infracciones graves (multadas entre 1.001 a 30.000 euros).

            Entre las infracciones muy graves, cabe destacar por su dureza, las siguientes:

• La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en la realización de su trabajo.
• La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo.
• Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado, tales como el Congreso y el Senado, los parlamentos autonómicos, los altos tribunales, aunque en el momento de la concentración no realicen actividad alguna.
• Los escraches o actos  de acoso a cargos públicos.

Entre las infracciones graves, entre otras:

• Alterar el orden público con capucha o con cualquier otro medio que dificulte la identificación.
• Insultar a las fuerzas de seguridad en una manifestación u otro tipo de protestas.
• Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores.
• Escalar o descolgarse como acción de protesta desde edificios públicos.

Muy fuerte debe ser la previsión por el Partido Popular de nuevas y descabelladas medidas para emprender una Ley de Seguridad Ciudadana de tal calado represivo.

 No cabe otra posibilidad para garantizar la eficacia del grito colectivo de ¡BASTA YA!, grito  de subsistencia para Canarias, que recorrer los caminos de la movilización continuada hacia la soberanía al servicio de las clases populares. ¡SOCIALISMO Y SOBERANÍA O BARBARIE!. ¡ROMPAMOS EL GARROTE VIL!  

20 de noviembre de 2012.

                                             Antonio Sardá.