Perplejantes peticiones fiscales a años luz - por Nicolás Guerra Aguiar *

   Dos conclusiones fiscales ante supuestos delitos acaban de hacerse públicas. Conclusiones que, en un Estado de derecho como el actual, deberían ser solo eso: dos hechos fiscales sin aparente relación alguna que llegan a juicios, y en los cuales se dilucidarán culpabilidades o inocencias. En consecuencia, se aplicarán las penas pertinentes o las libertades sin cargos. Bien es cierto que legítimos ardides de acusaciones y defensas (entre ellos, la muy efectiva teatralización) pueden influir si la cosa no está muy clara, pero las contundencias casi siempre se imponen.

   Así sucede día tras día, juzgado tras juzgado (aunque para desgracia de una inmensa mayoría,  depende de las posibilidades económicas), trátese de los de primera instancia o los superiores, que en distintas escalas pueden llegar hasta el Tribunal Supremo, el Constitucional e, incluso, al de Justicia de las Comunidades Europeas. (Por cierto: su presidente es elegido por los jueces que lo componen. Y estos, a su vez, son seleccionados por cada país entre profesionales de absoluta independencia, al menos así está escrito.) Por tanto, los miles de juicios que se celebran anualmente poco o nada interesan a la sociedad, salvo aquellos que por determinadas actuaciones o contrastes trascienden y se convierten en juicios de interés público: en este apartado entran las dos actuaciones fiscales a las que me refiero al comienzo. Veámoslas.

   Por una parte, la fiscalía de Madrid solicita para el señor Flores cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación como organizador de fiestas. Tal demanda se basa en la muerte violenta de cinco chicas a causa de la avalancha que se produjo en el pabellón Madrid – Arena por la aglomeración de personas, 12.000 más de las legalmente autorizadas.Hubo “claro ánimo de enriquecerse” en el acto musical por él organizado. O lo que es lo mismo, el empresario, con el fin de exagerar sus beneficios, permitió la entrada de muchísima más gente de la permitida. Todo lo demás –muertes violentas y lesiones- fue consecuencia de lo primero, aunque la fiscalía habla de “homicidios imprudentes”. Sin embargo, cualquier ser racional –y el señor Flores no es sanaca- sabe que disparatadas muchedumbres pueden acabar en tragedias.

Para otros once  acusados(seguridad, coordinación de proyectos, coordinador de cámaras…)solicita penas de tres años. Y, para los dos médicos, dos años y seis meses por su incompetencia profesional (faltaron a "las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria”). En conclusión: a pesar de que hubo cinco jóvenes muertas, el fiscal sólo pide cuatro años de cárcel para el empresario.  Y, en conjunto, 42  años para catorce personas.

Por otra, también la fiscalía de Madrid reclama 74 años de cárcel para catorce personas detenidas tras la manifestación del 15 de mayo de 2011. Según la acusación, “Unas 300 personas trataron [tratar es intentar]de provocar altercados con las fuerzas policiales… arrojando contra ellos objetos” (la botella de cerveza grande no causó heridas, afirma textualmente la fiscal. Tampoco impactó la silla metálica lanzada. Nada dice sobre supuestos efectos de otros objetos). Además, destrozaron mobiliario(“quemaron y patearon papeleras”); cortaron el tráfico en Gran Vía; “trataron de quemar un coche”; alguno, supuestamente, atentó contra miembros de la policía… En conclusión: se les acusa de “desórdenes públicos, daños, resistencia, faltas, lesiones y atentado a agente de la autoridad”.

  Por tanto, hubo desórdenes en aquella manifestación autorizada por la Delegación del Gobierno. Sin embargo, debemos tener en cuenta ciertas circunstancias que no justifican, en absoluto, tales comportamientos, pero que sí pueden iluminarnos en serenas apreciaciones sobre la valoración de los hechos. Así, por ejemplo, ninguno de los catorce imputados tiene antecedentes penales. Ninguno está acusado ni tan siquiera de “homicidio imprudente”, pues su actuación no significó ninguna muerte violenta de personas. Por otro lado, algunos de los acusados incluso hasta son menores de edad (física y, por tanto, racional, que por eso la Ley marca las diferencias).

Y en gradación ascendente hemos de tener en cuenta otros considerandos como, por ejemplo, que según algunos abogados defensores las detenciones de estas personas dieron lugar al movimiento 15-M, el de los “indignados”, concienciación que consiguió reunir en distintas actividades callejeras a cientos de miles de personas en el país. Hubo quienes llegaron a aventurar que, al fin, la juventud dormida se desperezaba y que, como cuarenta años atrás, reclamaba lo que es suyo, una sociedad democrática, respetuosa, ajena a corruptelas y corrupciones, a inmoralidades sociales, a profesionalizaciones políticas. Por tanto, se trata de miles y miles de jóvenes hartos de robos, rapiñas y descomposiciones y a quienes, además, se les cerraban definitivamente posibilidades profesionales o, incluso, se les venían abajo todos aquellos principios por los que sus padres habían luchado. (No obstante, insisto, hubo comportamientos que no tienen exculpaciones.)

   Pero a pesar de todo, de que –hipotéticamente- lanzaron botellas que no impactaron, prendieron fuego a contenedores…, no encuentro racional explicación (por supuesto, ninguna justificación) a que la fiscal reclame para los catorce jóvenes penas superiores a las que un colega suyo, el del caso Madrid – Arenas solicita por “homicidios imprudentes” que costaron la vida a cinco chicas, víctimas de la miserable obsesión por el dinero fácil, aunque significara la transgresión de elementales normas de seguridad o atención médica, también por catorce acusados.

   Estos catorce jóvenes de la manifestación no pueden, en absoluto, ser considerados más perjudiciales a la sociedad que los catorce profesionales, indirectos o directos causantes de cinco muertes. Ni tan nocivos como los otros, ni por aproximación. No puedo, en absoluto, ni tan siquiera sospechar que el Estado quiere ejemplarizar en ellos, como afirman algunos abogados. Resulta  demencial que para catorce supuestos alteradores del orden público se reclamen 74 años de cárcel frente a 42 para catorce aparentes “homicidas involuntarios” responsables de cinco muertes violentas.(¿Qué dicen los psocialistas? A fin de cuentas, gobernaban aquel 15 de mayo. Y el señor Rubalcaba era el ministro del Interior.)La razón de la sinrazón, que dijo Don Quijote.

* Publicado con autorización del autor