Podredumbre político-empresarial - por Antonio Morales Méndez. alcalde de Agüimes *

En apenas un par de semanas la podredumbre se ha precipitado y nos muestra a plena luz las desvergüenzas de unas élites que cada día actúan con mayor desparpajo. Días atrás, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno al pago de una indemnización de 1.350,7 millones de euros a ACS, la empresa de Florentino Pérez, por el cese de las actividades del cementerio de gas Castor que causó centenares de movimientos sísmicos en la costa levantina y que puso en riesgo a cientos de miles de ciudadanos sin que nadie asumiera responsabilidades. Se trata de un proyecto aprobado por la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, continuado por el PP y realizado sin las mínimas exigencias técnicas y medioambientales y con unas condiciones realmente favorecedoras para la empresa concesionaria que se beneficiaría de indemnizaciones aun en caso de irregularidades y negligencias propias. Un chollo, vamos. De todo esto, al PSOE solo le han escandalizado las formas. Considera que se tenía que haber abordado a través de un proyecto de ley y no de un real decreto. A partir de estos momentos, los consumidores españoles de gas tendrán que pagar de su bolsillo esta indemnización multimillonaria durante treinta años lo que hará, según la OCU, que la cantidad final que paguen los ciudadanos sea la de 4.731 millones de euros. Es decir, alrededor de 630 euros por consumidor directos al bolsillo de Florentino Pérez. Por cierto, el presidente del Real Madrid ha puesto a la venta un paquete de concesiones públicas (hospitalarias y de transporte, fundamentalmente), que le reportarán unas ganancias de casi 45 millones de euros. Jugadas de ingeniería financiera con el patrimonio público por bandera. Genial.

Siguiendo la estela, Gas Natural, ante la negativa de la Junta de Andalucía de autorizar un almacén de extracción y almacenaje en Doñana, apoyado por el Gobierno central, prepara una demanda a la Comunidad andaluza de 358 millones de euros. Con el apoyo de Felipe González, primero, Sebastián, después, y el gobierno del PP, ahora, la filial de la gasista Petroleum Oil & Gas España pretende realizar 16 sondeos más en la zona y construir 20 kilómetros de gasoductos en Doñana y su entorno. Lo harán. Y si no fuera así les tendremos que pagar entre todos una indemnización millonaria. Y no habrá responsables de este desaguisado.

Y no es esto solo. De todos es conocido el proceso por el que la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), de titularidad pública española, pasó a ser propiedad del Estado italiano. A finales de los años ochenta, Felipe González puso en el mercado una cuarta parte de la empresa. A finales de los noventa José María Aznar la vendió en su totalidad y situó al frente de ella a su amigo Manuel Pizarro, más tarde importante figura del PP. En 2006, la alemana E.ON planteó una OPA a la compañía y entró en liza Gas Natural para controlarla. Era imposible aceptar que una empresa catalana tuviera tanto poder y entonces se propició, entre 2007 y 2008, que Acciona y la estatal italiana Enel se hicieran con ella. Finalmente, tras desencuentros con la familia Entrecanales, debilitada por la incapacidad de Zapatero de reconducir la situación, es Enel quien se queda con la compañía. Una empresa pública española que controla un sector estratégico pasa en muy poco tiempo a ser privada primero y de nuevo pública después, pero propiedad de un país extranjero. En medio de todo esto su consejo de administración se va poblando de expresidentes de gobierno y exministros españoles, como José María Aznar, su privatizador, Martín Villa, Miguel Roca, Luis de Guindos, Joan Majó, Elena Salgado...

Un espectáculo bochornoso que se remata estos días con una propuesta de reparto de dividendos de Endesa de más de 15.000 millones de euros y de la venta de un 10% de sus acciones, lo que le reportará un ingreso de más de 32.000 millones de euros a la eléctrica pública italiana (porque así se lo exigió Matteo Renzi) que dejará a su filial ibérica descapitalizada y endeudada. De un plumazo recupera lo invertido en comprar Endesa en 2007, sanea a la empresa matriz italiana, que se queda además con todo el negocio de Latinoamérica, y deja a los pies de los caballos a la filial española que nos bombardeará diciendo que soporta un déficit brutal por parte del Estado, que necesita de más ayudas públicas, que España no puede seguir apostando por las renovables... Ahora anda desaforada con una campaña publicitaria que pretende justificar lo injustificable: "Somos combatientes de las batallas más sanas del mundo. Nada nos detiene. Ni el golpe más duro que podamos recibir. Siempre nos vamos a levantar. Porque si algo tenemos en este país es energía...(...) Por eso vamos a concentrar nuestra inversión en España". Para justificar lo injustificable y para poner en venta, a través de una Oferta Pública de Venta (OPV), entre un 17% y un 22% del capital de Endesa, lo que significa que el control de Enel pasa a ser del 70% y que se embolsará, para reducir su deuda a costa de filial española, alrededor de 3.400 millones de euros. Un buen pellizco para una empresa pública italiana que antes fue pública española.

Y hay más. Vozpópuli ha desvelado hace unos días las conexiones que se mantienen en torno al ministro Montoro y Red Eléctrica Española. Según este digital, Equipo Económico, la consultora que fundó Montoro, en la que siguió su hermano hasta no hace mucho, y en la que estuvo también De Guindos, realiza informes fiscales, asesoramientos diversos e intermediación en operaciones para esta empresa. La consultora está presidida por Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda del ministro y pertenecen a ella además otros miembros como Francisco de Asís Piedras, que fue su director de gabinete. El presidente de REE, controlada por la SEPI (Ministerio de Hacienda) es José Folgado, militante del PP, secretario de Estado de Presupuestos en 1996, secretario de Economía y Energía en 2000 y secretario de Estado de Energía y Desarrollo Industrial en 2002. En 2012, Cristóbal Montoro lo propone como presidente de REE, con un salario que supera los 700.000 euros anuales (unos 60.000 euros de nada al mes) y pasa a dirigir a la operadora del sistema eléctrico español cuyo consejo de administración está constituido por alguna exministra, como María de los Ángeles Amador, y otros "independientes" como el economista Juan Iranzo, que se estalló más de 46.000 euros con cargo a la tarjeta black de Caja Madrid y Bankia en zapatos y lencería femenina, entre otras cosas. Ejemplarizante.

Y por si todo esto fuera poco y como si no tuviera nada que ver con lo que les he contado hasta ahora, el Gobierno empieza a anunciar que nos preparemos para una nueva subida de la luz. A pesar de que el ministro Soria nos dice una y otra vez que el recibo de la luz no subirá y que habremos pagado menos a final de año, lo cierto es que la CNMC afirma que ya existe un desajuste de más de 500 millones, que podría llega a los 1.000, y que la luz subirá si hay más de 350 millones de déficit. La realidad es que los precios de la electricidad en el mercado mayorista se elevaron en un 31% de media entre el segundo y el tercer trimestre, lo que aumentará la factura eléctrica en un 11% con respecto a los meses anteriores.

¿Y cómo es posible que el déficit siga aumentando si están bajando los precios del petróleo y la energía eólica está abaratando los costes de producción de la electricidad? La CNMC parece tenerlo claro. Desde el verano para acá este órgano regulador ha abierto varios expedientes de investigación a las eléctricas por prácticas fraudulentas. Una vez más se cierne la sospecha sobre el oligopolio eléctrico y sus prácticas. Además de investigar posibles fraudes en los contadores, la CNMC considera "sorprendente" la subida de la luz durante los meses de agosto y septiembre, y ahora también en octubre, e indaga en estos momentos si, como en otras ocasiones, las eléctricas pararon las instalaciones eólicas e hidráulicas para dar entrada a las tecnologías más caras del carbón y el gas, lo que hizo elevar el precio del MWh hasta los 70 euros, o fue por una ausencia de viento, lo que deja también meridianamente claro el papel de esta energía renovable hoy día en España. Y entonces va Iberdrola -investigada hace unos meses- y amenaza, según El Confidencial, con vender parte de su negocio en España a fondos árabes, para invertir en países más "serios".

No hay depuradoras en este país para tratar tanta porquería. Pero da la sensación de que nos acostumbramos a la suciedad. Porque ya nada de esto es noticia. Porque se ha convertido en prácticas normales de la actividad económica. Porque la corrupción se ha generalizado de tal manera que algunas de sus operaciones pasan incluso el tamiz del Parlamento. Y no puede haber nada más grave para la democracia.

* Publicado con autorización del autor