*A los dos policías asesinados en acto de servicio - por Nicolás Guerra Aguiar

Fue en marzo del pasado año cuando una auténtica batalla campal se produjo en Madrid entre miembros especializados de la policía y grupos radicales, que no de manifestantes. Los segundos expresaban su rechazo a situaciones flagrantes como, por ejemplo, miles de injustos desahucios; millones de parados; brutales recortes sociales que afectan a las clases más castigadas: eran las llamadas Marchas de la Dignidad.

Se tratara de dos millones de personas (según los organizadores) o de 36 000 (versión oficial), lo cierto es que todo discurrió con absoluta normalidad hasta que grupos con conocimientos tácticos iniciaron acciones violentas y estas, a la vez, fueron respondidas por la policía. Las imágenes de ambos comportamientos están colgadas en las redes y, por tanto, nada añado. Pero lo cierto es que hubo muchos detenidos y en torno a cien heridos, casi un cincuenta por ciento de cada bando, algunos de los cuales fueron hospitalizados.

El impacto fue indignante: una marcha pacífica, reposada y respetuosa se rompió por la acción de jóvenes con pasamontañas, piedras y voladores frente a centenares de policías especializados, precisamente, para proteger y salvaguardar el inviolable y constitucional derecho a la pacífica manifestación ciudadana. Por tanto, algo falló en la planificación policial en cuanto que cincuenta y cinco agentes sufrieron heridas de consideración, hecho inaudito según sindicatos policiales y funcionarios de la propia Unidad de Intervención. Y como falló la táctica y se les fue de las manos a los dos jefes responsables de la operación, se reclamaron inmediatas destituciones.

Sin embargo, el ministerio del Interior acaba de conceder distintas condecoraciones y recompensas a miembros de las fuerzas policiales intervinientes. Para sorpresa y rabia de muchos, entre los premiados están los directos responsables de la incompetente gestión y, según los sindicatos policiales, la «mala planificación» (chocante, de paso, en personas con trienios de servicio). A los dos mandos se les agracia con la Orden del Mérito Policial en cuanto que «confluyen en ellos los méritos necesarios» según la Ley de Condecoraciones de 1964, época aquella de absoluta represión contra la ciudadanía que reclama libertades. O lo que es lo mismo, en la dictadura el mismo Franco también los hubiera condecorado.  Algo no encaja o, quizás, está muy claro.

En noviembre, dos policías nacionales se enfrentaron en Vigo a un atracador armado. Ninguno de ellos llevaba chaleco antibalas. No por descuido, sino porque su Unidad carecía de ellos (sí los tiene la Unidad de antidisturbios). Una agente murió en el acto por impacto en el corazón. Su compañero recibió dos disparos en el pecho. Ni el ministro del Interior ni nadie de los cargos políticos del mismo acudieron al acto de sepelio. Su ausencia exasperó al cuerpo policial. 

El 2 de enero, dos miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana identificaban en la estación de Atocha (Madrid) a un sospechoso. En rápida reacción se agarró a uno de ellos y ambos cayeron a la vía en el momento en que pasaba un tren. El señor Ortega del Real (policía nacional), de 28 años, murió en el acto. Todo se ha podido reconstruir gracias a un ciudadano que grabó lo sucedido (en otras circunstancias, grabar a policías podría ser constitutivo de un presunto delito). Como en el caso de la agente asesinada en Vigo, ni el ministro del Interior ni ninguno de sus altos cargos políticos acudieron al funeral. Este comportamiento, según los sindicatos, «abre una brecha considerable entre la cúpula política del ministerio y los profesionales de la seguridad pública… Nos sentimos ofendidos por esta actitud fría y distante».

Obviamente, el asesinato de ambos agentes impacta en sectores sociales. A fin de cuentas, fueron víctimas cuando se enfrentaron al atracador armado y con rehén o reclamaron la identificación de un sospechoso, respectivamente. Estaciones como Atocha y  Chamartín en Madrid o Sants en Barcelona significan miles de personas mayores que despistan su atención cuando buscan escaleras, ascensores, información… Y hay especialistas en hurtos y robos que los tienen como fácil objetivo. La presencia de parejas policiales relaja y distiende. Por tanto, lamento sus muertes, y las siento como si se tratara de conocidos míos, pues varios exalumnos visten los uniformes y son personas a las que aprecio.

Sé que no forman parte de aquellos a quienes cámaras ocultas en comisarías descubren cuando violan elementales derechos ciudadanos con detenidos. Porque agentes policiales hay que en miserables comportamientos abusan de su poder físico y delinquen con maltratos y cargas físicas. (Por cierto: algunos –mossos d’escuadra, por ejemplo-, indultados por gobiernos del PSOE y del PP.) Y si uno se fija con detenimiento en imágenes de vídeo o fotos, hay en ciertos actuantes aparentes satisfacciones cuando emplean la violencia en cargas ordenadas. Porque no solo disuelven manifestaciones no autorizadas: parece que gozan, pues golpean con ímpetu, tuercen brazos, doblan cuellos de personas que no llegan ni a la mitad de su preparación física.

Pero este no es el caso. Los dos jóvenes vilmente asesinados eran policías que, en aquellas circunstancias y en aquellos momentos, ejercían de tales. Una, la joven de Vigo, para recuperar a una mujer que el atracador tenía como rehén, con grave riesgo para su vida. El otro joven, el de Madrid, ejercía también una función de ayuda, e insisto en que los he visto correr tras adultos que empujan a ancianos para robarles un bolso de viaje.

Por tanto, y aunque echo de menos algún comentario crítico de los sindicatos policiales sobre, por ejemplo, el perplejante delito que es tomar imágenes mientras actúan en cargas, o cargar indiscriminadamente, va mi reconocimiento a aquellos dos agentes que murieron. Y, por supuesto, mi rechazo a las ausencias de los políticos de Interior que, sin embargo, echan mano a disposiciones franquistas para reconocerles a dos altos mandos unas estrategias que no protegieron, precisamente, a quienes se manifestaban pacíficamente en el legítimo derecho que la Constitución les reconoce.

* Publicado con autorización del autor