El PP y la Fiscalía General del Estado - por Nicolás Guerra Aguiar *

Durante sus años de mandato -algunos, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y el Senado- tanto el PSOE como el PP tuvieron en sus manos la oportunidad de reestructurar (acaso revolucionar) las vías de acceso a la Fiscalía General del Estado. 

  Y así, democráticamente, por consenso, habrían dado paso como responsables de la institución a brillantes juristas rigurosamente ajenos a partidos e intereses políticos. Pero lo cierto es que no movieron ni un dedo desde siniestras o diestras, resultado de lo cual fue el nombramiento de la señora Delgado (contradictorio silencio de Podemos-IU).   

  Es decir, pudieron haber implantado la imprescindible neutralidad gubernativa por razones obvias (entre ellas la imparcialidad de la propia Fiscalía, a veces puesta en duda). Pero ni los señores Aznar y Rajoy lo hicieron en sus momentos ni tampoco mostró interés el PSOE (etapas de los señores González y Zapatero, siglos XX y XXI, respectivamente). 

  Muy al contrario, los cuatro expresidentes y sus partidos prestaron oídos sordos a cualquier propuesta, reclamación o sugerencia surgidas desde movimientos ciudadanos… y del sentido común, explicitado también en los párrafos primero y tercero del Preámbulo de la Constitución: “La Nación española […] proclama su voluntad de […] consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”.   

  Y si despreciaron, execraron u obviaron tales reivindicaciones para el fortalecimiento del sistema democrático, bien es cierto también que no violaron disposiciones emanadas de la misma Constitución. Por tanto, no podían ser criticados por su manifiesta indiferencia. A fin de cuentas la Carta Magna es muy clara y contundente, el artículo 124.4. así lo explicita: ”El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial” (ni tan siquiera exige la licenciatura en Derecho).  Pues “oído”, en este caso, solo implica exactamente la definición recogida por la tercera acepción de la forma verbal, es decir, ‘Hacerse cargo, o darse por enterado, de aquello de que le hablan’. 

  Pero si la Constitución de la II República Española (1931) concluye su último Título (IX) con el artículo 125 (“La Constitución podrá ser reformada: a) A propuesta del Gobierno. b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento”), no entiendo que se esgrima a veces la imposibilidad de reformar la actual si no es a través del plebiscito, referéndum. (¿Quizás faltan hoy las alturas de mira de la II República -en ella, por cierto, hubo gobiernos de izquierdas y de casi casi extrema derecha- o, acaso, desconfianza en el propio sistema constitucional?)  

 ¿Imagina usted, estimado lector, que se encargara hoy a una decena de diputados y senadores, titulados y masterizados universitarios todos ellos, la redacción de la ley fundamental del Estado como lo hicieron (1978) los señores Cisneros Laborda, Herrero y Rodríguez de Miñón, Pérez-Llorca Rodrigo, Peces-Barba Martínez, Roca y Junyent, Solé Tura y Fraga Iribarne?

  Porque, ¿cuántos licenciados en Derecho ocupan asiento en ambas cámaras?¿Cuántos juristas de reconocido prestigio profesional forman parte de los 350 diputados y 265 senadores actuales? El señor Casado, por ejemplo, vive exclusivamente de la política desde los veintiséis años. Y si quisieran contar con el señor Rodríguez Zapatero, una aclaración: salvo el trienio como profesor colaborador de Derecho Constitucional en la Universidad de León, también fue reclamado por la política a los 26 añitos, y en ella permaneció durante el siguiente cuarto de siglo.    

  No obstante, ahora sí se pone públicamente en duda la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado (¿qué ocurre en algún juzgado madrileño para tal pacífica revolución?) y plantea el Partido Popular dos cuestiones inmediatas. Una,  a través de su secretario general señor García Egea quien, astutamente, usa la interrogación retórica: ¿hay pacto entre la señora fiscal general del Estado y el señor Bárcenas, extesorero popular y acusador, para perjudicar al PP a cambio de un tratamiento especial? 

  Su duda es de peso: la institución fiscal está dirigida por la señora Delgado, exdiputada psocialista (dimitió como tal precisamente para acceder al cargo de la Fiscalía) y exministra de Justicia hasta el año pasado. Pero olvida el señor García Egea el pregonado recordatorio del exsenador pepero señor Bárcenas sobre una línea absolutamente infranqueable planteada desde años ha, cuando la señora Delgado era políticamente desconocida: su mujer no podía entrar en la cárcel. ¿A quiénes, señor García Egea, iba dirigida tal proclamación? ¿Subrepticio pacto o táctica de fijosdalgo vengador, harto ya de tan larga espera y abandonado por quienes fueron camaradas del alma? (Por cierto: ¿pactaron algo el PP y el extracontable en 2018?)

   Tal como señalé más arriba, el imprudente derecho del Gobierno para poner al frente de la Fiscalía General del Estado a una persona de su confianza pudo haberse corregido desde muchos años y gobiernos psocialistas / peperos atrás. Es clara, pues, la campaña en contra de la imparcialidad de la señora fiscal general: no anda el PP, precisamente, en placenteras situaciones con el caso Bárcenas. 

  Segunda cuestión inmediata: la denuncia del PP ante el Supremo por la supuesta ilegalidad del acceso de la señora a la Fiscalía General se recurrió en su momento por la Abogacía del Estado. Tal petición de archivo fue rechazada por el Supremo: no puede acceder a la demanda sin antes haber entrado “sobre el fondo del asunto” (elemental y congruente desde la perspectiva de un profano).     

  Aun así, la denuncia (oportunismo aparte) me parece absolutamente correcta. La integridad moral de quienes ocupan cargos de altísima responsabilidad (gobiernos, señorías, variadísimos estamentos administrativos) no se pone en duda hasta que se demuestre lo contrario. Pero colocar en uno de los más significados estamentos de la Justicia a quien milita desde tiempos atrás en el partido político que detenta el poder me parece, como poco, absolutamente inapropiado. 

  Por tanto, el nombramiento de los fiscales generales por ambos partidos solo refleja carencia de elementales principios estéticos, básicos a su vez en toda sociedad definida como democrática. (Insisto: ninguna crítica proveniente de Podemos.)

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Nicolás Guerra Aguiar