Recuento electoral libre de toda sospecha - por Erasmo Quintana *

El flamante gabinete ministerial compuesto de once mujeres y seis ministros, junto a su presidente Pedro Sánchez, este miércoles  se estrenó con la primera sesión parlamentaria de control al Gobierno. La política, dicen que es también el arte de lo posible. Cierto. Sin embargo en los pocos días que lleva el PSOE, la oposición quiere ver cosas que se han podido hacer, según ella. No cae en la cuenta del poco espacio de maniobra para que veamos la impronta y el sello que traen para rehacer los andamiajes que el PP de Rajoy en su tiempo de mandato arrumbó. La crisis les había servido de excusa perfecta para de un plumazo cargarse derechos consolidados de los trabajadores y la ciudadanía, convertidos aquéllos en nuevos esclavos en manos de la clase empresarial, y éstos en ciudadanos de tercera. Con la reforma laboral, a la masa trabajadora le tocó cargar con el santo y la peana: la parte más dura de la crisis.

Hay nuevo Gobierno socialista, y se adivinan en el horizonte vientos de comicios electorales, aunque todo parece indicar que los dos años que faltan para acabar la presente legislatura los piensan agotar. Vemos también que promesas de Pedro Sánchez sobre la revisión del fondo de financiación autonómica no la quiere revertir alegando que no hay mayoría parlamentaria; la derogación de la reforma laboral del PP, a la que se niega -como mucho algunos retoques-, o la derogación de la “ley mordaza”, también se muestra renuente -ahora “no hay prisa”- y ¿qué piensa hacer con el copago farmacéutico?, se ignora. ¿Algo impide cumplir cualquiera de estos compromisos? Los presenta, y si no le apoyan, cada partido quedará retratado, pero él cumple su palabra. Por esto no se entiende a qué juega con su negativa a priori. Lo cierto es que nada más empezar, Pedro Sánchez no ha estado a la altura de sus promesas.

 En 2020 tendremos comicios electorales, pero hay un detalle a resaltar no por conocido menos inquietante, que es la pregunta de quién y cómo se hace el recuento final de los votos -suyos y míos-, hecho que es de muy difícil comprensión en el conjunto de la ciudadanía, aquélla que está al cabo de la calle de lo que se cuece. En las diferentes consultas electorales de los últimos veintipico años, el recuento informático de los votos se ha adjudicado por una millonada a empresas privadas como SCTYL o Indra. El recuento oficial lo realizaron las empresas privadas sobre la base de las actas emitidas. ¿Esto no lo pueden hacer los funcionarios? Aunque sean pulcras en su cometido, siempre van a ser sospechosas, pues una empresa no debería controlar, instruir o mediar en ninguna clase de procedimiento administrativo (reservado al funcionariado) y el procedimiento electoral es de una clase especial en sí mismo. Es una actuación de las más importantes por ese carácter sagrado y de escrupulosidad, porque a través de él se refleja la propia soberanía popular, que es la voluntad del pueblo. Imaginemos por un momento que ponemos en manos de empresas privadas la fase de instrucción de cualquier otro procedimiento administrativo ordinario, o de mayor entidad como un procedimiento judicial. En este disparate hemos estado y nos encontramos en estos momentos.

Aquí a la ciudadanía se la ha mantenido en la ignorancia, puesto que ni los partidos políticos ni los medios de comunicación han dicho nada, guardando sobre esto un más que sospechoso silencio. Pero lo más curioso es que incluso el partido emergente de carácter nacional, Ciudadanos, nunca se ha  pronunciado al respecto, mientras que Podemos sí, y la excepción ha sido Vox en las Andaluzas, de 2015, y Change.org y Avaaz, que solicitaron un recuento alternativo de votos en las elecciones de 2016. En las últimas elecciones catalanas, allí se hizo un seguimiento exhaustivo para la limpieza del proceso; desde el punto de vista jurídico se hace muy cuestionable tanto la legalidad, como la consecuente constitucionalidad de todo el procedimiento electoral. ¿Qué conclusión sacamos de todo ello? Primero: Que el acto de votar, con esta premisa, queda desprovisto de las garantías legales, reales y efectivas, al facilitar que pudiera ser manipulado en origen modificando las actas oficiales que llegan de todas las Juntas Electorales Provinciales a la Junta Electoral Central. Segundo: Que el conjunto de los ciudadanos debería estar enterado de este “posible” fraude, y conocer qué empresas privadas intermedian en la instrucción del procedimiento electoral. Tercero: Ante esto la pregunta obligada es: ¿Nos pueden decir qué pinta un personal privado y ajeno a la Administración del Estado para intervenir tan directamente en un proceso oficial? ¿El Ministerio del Interior no dispone de los medios humanos propios para hacer el recuento final en una consulta electoral, y se tenga que contar con la empresa privada? ¡Cómo no va tener el Ministerio del Interior capacidad informática y humana para hacerle frente al recuento de los votos, que son la voz sagrada de los ciudadanos!

Así pues, mis amigos, para que sea (y lo parezca) un procedimiento electoral limpio, legal y constitucional, el recuento informático: la instrucción completa, debe realizarse únicamente por los funcionarios, que son los que están investidos por imperativo constitucional, y puesto que son los que mayores garantías de imparcialidad ofrecen en el ejercicio de las funciones públicas (Art. 103.3 CE). Porque ¿quién comprueba que los datos que el personal de Indra comunica al sistema informático central se corresponden exactamente con las actas de la votación? La intervención privada en lo público, ¿por qué? Siempre resultará más económico para todos si el dinero de las arcas públicas que le dan a esas empresas, se lo ahorraran. Hay que mirar siempre con lupa lo que es de todos, y los recursos económicos que maneja el Gobierno lo son.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Erasmo Quintana