Buscar
02:34h. Lunes, 23 de Julio de 2018

Recuperar el derecho a la vivienda - por Román Rodríguez

 

FRASE ROMÁN

Recuperar el derecho a la vivienda - por Román Rodríguez, presidente y portavoz parlamentario de Nueva Canarias

En las tres últimas décadas del siglo XX las instituciones canarias realizaron un enorme esfuerzo para erradicar la infravivienda y el chabolismo que se encontraban muy presentes en nuestros núcleos urbanos. Se solventó un grave problema social y se modificó el paisaje de nuestras ciudades. Distintas circunstancias han hecho que la vivienda vuelva a ser hoy un problema de primer orden que afecta a decenas de miles de familias canarias.

Respecto al derecho a la vivienda, el artículo 47 de la Constitución señala que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. En el artículo 21 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, se señala que “los poderes públicos deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna, mediante un sistema de promoción pública en condiciones de igualdad, y en los términos que establezcan las leyes...”.

Pero en Canarias este derecho se encuentra en situación de quiebra. La profunda crisis económica iniciada en 2008 supuso que miles de familias canarias perdieran sus viviendas al no poder abordar el pago de sus hipotecas. Surgieron entonces las plataformas de afectados por las hipotecas (PAH), que desarrollaron una ingente labor de asesoramiento y apoyo. El Gobierno canario, competente en la materia, no hizo absolutamente nada.

En estos momentos, el problema se reproduce pero afectando más a personas que viven en régimen de alquiler, por el incremento significativo del mismo. También a unas 35.000 familias que siguen esperando para poder acceder a una vivienda y que con sus exiguos ingresos, tengan o no empleo, no pueden hacerlo en el mercado libre.

En el caso de la vivienda en propiedad, según un informe reciente de la Sociedad de Tasación, Canarias es la cuarta comunidad del Estado en la que más han se han incrementado los precios medios de la vivienda en 2017, solo por detrás de Cataluña, Baleares y la Comunidad de Madrid.  El mismo estudio asegura que en las Islas tenemos que dedicar 7,4 años de sueldo íntegro para adquirir una casa, solo por detrás del esfuerzo que tienen que realizar en Baleares (casi 15 años), Cataluña (8,4), Madrid (8,1) y Cantabria (7,5).

 

Alquiler

La situación del alquiler residencial ha empeorado de forma significativa. En buena medida por el impacto que está teniendo, especialmente en las islas turísticas, el alquiler vacacional, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Su expansión restringe la oferta de alquiler residencial y, además, la encarece sustancialmente. Asunto que compete exclusivamente al Gobierno de Canarias sin que haya sido capaz de regular adecuadamente su situación.

El Ejecutivo de CC está obligado a responder ante el negocio del alquiler vacacional, aprobando una normativa específica con rango de ley. Es preciso regularlo, permitiéndolo con limitaciones y criterios de calidad en suelo turístico. Y evitándolo en zonas que dificulten la convivencia vecinal de los residentes; así como controlando los efectos perversos sobre el alquiler residencial.

Estas circunstancias están imposibilitando que muchas personas y familias logren alquilar una vivienda, por sus prohibitivos precios, y que incluso se vean obligadas a rechazar ofertas laborales en islas como Fuerteventura o Lanzarote porque la vivienda, de encontrarla, se llevaría prácticamente casi todo su salario. Fenómenos similares se están produciendo en otras comunidades, como Cataluña y Baleares. En esta última afectando incluso a la contratación de docentes y personal sanitario en algunas de sus islas.

España se encuentra a la cola europea en lo que respecta al porcentaje de viviendas sociales, muy alejada de países como Francia, Holanda, Suecia y Dinamarca. En el caso canario, frente a la demanda de unas 35.000 familias nuestra comunidad lleva una década sin impulsar la construcción de viviendas de protección oficial en sus distintas modalidades, para alquiler o venta.

Resulta muy negativa la ausencia de políticas públicas, fruto de la inacción del Ejecutivo canario en la última década en un asunto en el que tiene plenas competencias. Pese a que se dispone de suelo público y privado en las islas, el Gobierno ha estado paralizado en un tema especialmente sensible y que afecta a la calidad de vida de decenas de miles de personas en nuestra tierra.

 

Promoción pública

Es imprescindible sustituir esa parálisis por una acción decidida en materia de vivienda. Incrementando las partidas presupuestarias en el área de manera que se pueda reforzar la promoción pública en sus distintas modalidades, preferentemente el alquiler. Así como disponer de un parque de viviendas que posibilite afrontar los casos de emergencia social, dirigidas a quienes se encuentran en riesgo inminente de perder sus viviendas por la imposibilidad de hacer frente al pago de las mismas.

Hay que incrementar de manera significativa y prioritaria el parque de alquiler social. Aumentar, además, el de viviendas de promoción oficial para su adquisición para ciudadanos y ciudadanas con mejores parámetros socioeconómicos, pero insuficientes para acceder al mercado libre. Para ello se precisa un ambicioso plan del que Canarias carece.

La mejora de los parámetros económicos, los superiores ingresos de la comunidad canaria procedentes de las cuentas públicas estatales o de la recaudación propia, deben reflejarse necesariamente en los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente en los que atraviesan peores circunstancias. Impulsar un plan de vivienda riguroso, y que dé respuesta a la problemática actual, debe constituir una prioridad urgente para el Gobierno canario, que no puede eludir sus responsabilidades. En definitiva, es fundamental promover vivienda pública y regular de manera rigurosa el alquiler vacacional.

 

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Román Rodríguez

román rodríguez