Sobre la regulación pública de los medios de comunicación (o el enésimo linchamiento a Pablo Iglesias). - por Anouar Ahmed Marrero, licenciado en Periodismo y Máster en Comunicación, cambio social y desarrollo. 

La enésima polémica en torno a Podemos y su líder Pablo iglesias (y la cosa ya cansa) ha sido a raíz de las declaraciones de éste en un libro sobre la necesidad de regular públicamente los medios de comunicación, estableciendo como ejemplo la “Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador”. Inmediatamente, de manera irreflexiva y en muchos casos desinformada, una terna de periodistas y tertulianos “todólogos” (que opinan de todo y no saben de casi nada) en general comenzaron un linchamiento contra las palabras de Pablo Iglesias basado en simplezas y comparaciones con Cuba, China, Egipto, Venezuela y hasta Corea del Norte.

Ante un nuevo festival de la desinformación, me gustaría, desde la humildad, arrojar un poco de luz e intentar elevar el nivel del debate. Lo que me mueve es la pasión por la comunicación, como periodista y “experto” en comunicación para el desarrollo. No soy votante ni militante de Podemos, y la personalidad política de Pablo Iglesias me genera reticencias, más allá de que me parezcan indignos el linchamiento y la difamación constantes a los que está sometido.

Vayamos por partes. El control público de los medios de comunicación no es una cosa que se haya inventado Pablo Iglesias. Hasta la entrada en vigor de la Ley General Audiovisual 7/2010 de 31 de marzo, la televisión digital terrestre en España se consideraba un servicio público esencial de titularidad estatal, cuya gestión era realizada de manera directa por el Estado e indirecta a través de concesiones administrativas. La citada ley de 2010 liberalizaba el servicio de radio y televisión y lo consideraba un servicio de interés general que los particulares prestaban en régimen de libre competencia sometidos a ciertas limitaciones. Esta fue una ley liberalizadora extremadamente favorable a los operadores privados y que establecía serias restricciones a la existencia de medios de comunicación sin ánimo de lucro (o comunitarios). Es decir, limitaba la pluralidad. Además, era una norma que no tenía en cuenta las recomendaciones de las principales instituciones en materia de Derecho de la comunicación (a este respecto, pueden ampliar la información aquí). Es decir, un partido que se hace llamar socialista aprobando una ley que liberalizaba un servicio público esencial, en favor de los operadores privados del mercado y de manera lesiva contra la pluralidad y el Derecho a la comunicación. Y nadie se enteró porque los operadores privados estaban muy contentos con la norma.

Ya hemos visto, por lo tanto, que el espacio radioeléctrico, y la televisión en particular, son servicios públicos esenciales y sobre los que ya existe control público. Ese control público en España ha sido utilizado de manera antidemocrática por los diversos gobiernos de PSOE y PP para favorecer a los grupos mediáticos afines y para liberalizar el servicio en detrimento de la pluralidad y el fomento del ejercicio del derecho a la comunicación por parte de los ciudadanos. Esta deriva legislativa ha terminado por generar un oligopolio mediático que concentra los medios de comunicación en muy pocas manos y que, en el caso de la televisión, se trata de un duopolio (A3Media y Mediaset) que lesiona y limita los derechos de los consumidores.

Frente a eso, algunos gobiernos progresistas latinoamericanos (cabe destacar a Ecuador y a Argentina) aprobaron leyes de comunicación progresistas cuya base era la regla de los tres tercios: un 33% del espacio radioeléctrico correspondería a medios privados, un 33% a medios públicos y un 33% a medios comunitarios no controlados por el gobierno. Asimismo, dichas leyes establecían limitaciones a la concentración de medios y fomentaban la producción nacional en un sector estratégico en una economía moderna. Estas normativas incorporaban las principales recomendaciones en materia de Derechos de la comunicación de instituciones internacionales como los relatores de la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Asimismo, incluían reivindicaciones de movimientos y organizaciones sociales como la Coalición por una Radiodifusión Democrática de Argentina o el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL). Dichas leyes han aumentado la pluralidad, han democratizado los medios y han permitido el acceso a los mismos de colectivos tradicionalmente excluidos, reforzando fenómenos muy interesantes desde el punto de vista democrático como el periodismo indígena.

No voy a pecar de ingenuo y/o manipulador. No todo es bonito y dentro de algunas de estas leyes se han incorporado figuras como la superintendencia de comunicación e información o la figura del linchamiento mediático en Ecuador que aumentan el control gubernamental e introducen un grado de arbitrariedad en las sanciones a los medios que no me parecen adecuadas ni democráticas y que, por supuesto, rechazaría en la Ley de comunicación que necesita España. Pero esas extralimitaciones también hay que entenderlas en un contexto de duro enfrentamiento entre las oligarquías económicas propietarias de los medios de comunicación en América Latina y los gobiernos progresistas que, lógicamente, perjudican los intereses de los grupos económicos dominantes.

En resumen. El control público de los medios ya existe, dado que la comunicación es un derecho y el espacio radioeléctrico es un servicio público esencial en el que los particulares operan previa concesión administrativa. Pero, frente a la deriva liberalizadora y favorecedora de los grupos mediáticos afines al gobierno de turno (volvemos al capitalismo oligárquico de amigotes que tanto le gusta a la derecha y a la supuesta izquierda patria), hay países que han optado por una regulación democrática, social y pluralista de un bien esencial que es, por lo tanto, un derecho. Entiendo perfectamente que, desde una perspectiva liberal, se puedan criticar estas leyes. Pero comparar a quien defiende una regulación democrática de un servicio público esencial con un dictador norcoreano es una sandez propia de tertulianos “todólogos” desinformados que están depauperando el debate público en España y, por ende, la propia democracia.