Román Rodríguez aclara los infundios lanzados sobre una compra de terrenos por el Cabildo de Gran Canaria
Nota de Chema Tante: Yo, que nunca he ocultado mis simpatías por Nueva Canarias, he lamentado en los últimos tiempos algunas de sus acciones políticas, muy especialmente en materia de sus alianzas electorales. Sin embargo, sigo convencido de la integridad -en general- de sus bases y de su dirección. Este último episodio, en el que se ha intentado zafiamente implicar a Román Rodríguez en una compra de terrenos en cuya parte vendedora aparece su esposa -con 21 personas más- me pareció desde el principio una maniobra torpe de intento de desprestigio, por lo que lo ignoré. Pero me parece de justicia difundir y aplaudir la nota que Román ha enviado a los medios, puntualizando las circunstancias de esta noticia falsa con la que se le ha pretendido denunciar.
Estimados medios de comunicación,
Ante todo un cordial saludo. Me dirijo a ustedes, a título personal, en el más profundo de los respetos que me merece la labor que desarrollan y con ocasión de una información publicada en la edición de hoy viernes, 18 de enero; en los diarios de Prensa Ibérica en Canarias, La Provincia y La Opinión de Tenerife, titulada El Cabildo compra fincas de la familia de Román Rodríguez por cuatro millones.
Con respecto a la vinculación de mi persona con los terrenos adquiridos por el Cabildo insular de Gran Canaria en Amurga, situado entre los municipios de San Bartolomé y Santa Lucía, quisiera aclarar lo siguiente:
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Los terrenos a los que se refiere la información son propiedad de un grupo de 22 personas, fruto de la herencia familiar. Una de ellas es Myriam González, con la que llevo casado 30 años, y cuyas propiedades heredadas no forman parte de los bienes gananciales.
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Se trata de suelo rústico que el Cabildo de Gran Canaria adquiere -como hacen otras corporaciones insulares de las islas- con el fin de proceder a su reforestación y a la conservación medioambiental de la isla.
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Esta adquisición, tal y como ha explicado el Cabildo, se hace mediante un procedimiento de convocatoria pública reglado, en el que la institución pública fija las condiciones y el precio, pudiendo participar en el mismo quienes quieran concurrir previa aceptación de las condiciones establecidas en la citada convocatoria pública.
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No he tenido, por supuesto, nada que ver en ninguna fase de ese proceso realizado por los servicios técnicos de la Administración insular. Un procedimiento que confío haya cumplido con la normativa vigente.
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La información sobre los detalles de este expediente corresponde a la Corporación insular y a ella deben dirigirse quienes deseen legítimamente ampliar los datos sobre el procedimiento adoptado y sus decisiones, como corresponde legalmente. Asimismo, como ocurre en un estado de derecho, quienes entiendan sentirse perjudicados por la misma pueden y deben recurrir en los tribunales.
Sin tener nada más que referir, les quedo de antemano muy agradecido,
Román Rodríguez Rodríguez
