El Sáhara Occidental y la vuelta a las armas - por Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la UPV/EHU. Presidente de AIODH (Asociación Internacional para la Observación de los Derechos  Humanos)

Hace ya 45 años que España decidió abandonar a su suerte al pueblo saharaui, entregando  su antigua posesión colonial a Mauritania (que abandonó el territorio en 1979) y Marruecos,  que lo ocupa militarmente desde entonces. Tras 15 años de guerra (1975-1991), el Frente  POLISARIO decidió cambiar las armas por las urnas, confiando en que los nuevos tiempos  inaugurados con el fin de la Guerra Fría harían posible la promesa de las Naciones Unidas de  organizar un referéndum de autodeterminación en el que los saharauis decidieran el futuro  del territorio. 

En aquel momento se produjo un duro debate en el seno del movimiento de liberación  nacional saharaui entre quienes defendían que había que continuar la guerra, porque la  decisión de Hassan II de negociar con quien hasta entonces consideraba una simple  organización terrorista, era muestra de un evidente agotamiento, y faltaba poco para que  claudicara, y quienes consideraban que había llegado el momento de la paz; que había que  confiar en la promesa de la ONU de descolonizar el territorio, tal y como había hecho en las  décadas anteriores en la práctica totalidad del continente africano. Finalmente se impuso la  opción pacífica, pero, desgraciadamente, el tiempo ha terminado dando la razón a los que  apostaban por la guerra.  

El Plan de Paz, negociado libremente entre las dos partes y aprobado por el Consejo de  Seguridad (1991), preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación en un plazo  de seis meses, en el que la población podría optar entre la integración del territorio en  Marruecos y la independencia. Igualmente preveía que el censo para el referéndum tendría  como base el confeccionado por España en 1974, que sería actualizado con pequeños  cambios, derivados de los 15 años de conflicto bélico, incluyendo en él a quienes habían  llegado a la mayoría de edad y excluyendo a los fallecidos. El hecho de que se previera un  plazo tan corto para la celebración del referéndum da una idea de lo limitados que debían ser  los cambios a realizar. 

Por desgracia para el pueblo saharaui, paralelamente al comienzo del proceso de  identificación de votantes, estalló la guerra civil que asoló Argelia durante una década. En ese  momento Hassan II intuyó que, si este Estado retiraba su apoyo a los saharauis, podría hacer  desaparecer el conflicto de la agenda internacional. Afortunadamente, Argelia nunca ha  variado su compromiso con la aplicación del Derecho internacional en el conflicto. Sin  embargo, el monarca alauita utilizó el proceso de identificación con el objeto no disimulado de aplazar indefinidamente la celebración del referéndum, consiguiendo que un proceso que  debía culminarse en menos de seis meses se alargara una década entera. Finalmente, poco  después de que la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara  Occidental) hiciera público el censo (2000), Marruecos comunicó que nunca aceptaría un  referéndum de autodeterminación, después de acusar de parcialidad a la ONU.  

Los posteriores intentos de resolver el conflicto por una “tercera vía” que admitiera la  celebración de un referéndum de autodeterminación, pero que, a su vez, garantizara de  alguna forma la victoria marroquí en el mismo, protagonizados en especial por el ex  Secretario de Estado de los EE. UU., James Baker (Planes Baker I y II), y pese a favorecer  claramente los intereses marroquíes, fracasaron por la intransigencia de este Estado, que no quería correr ningún “riesgo de perder” el territorio. El propio Baker lo afirmó expresamente  cuando, indignado por el obstruccionismo de este Estado, presentó su dimisión. 

Desde aquel momento las negociaciones están en punto muerto. Las resoluciones del  Consejo de Seguridad exhortan desde entonces “a las partes a que reanuden las  negociaciones bajo los auspicios del Secretario General sin condiciones previas y de buena  fe”, pretendiendo ignorar que, fruto de negociaciones desarrolladas bajo esas mismas  premisas, se aprobó hace ya casi tres décadas un plan de paz perfectamente aplicable en la actualidad; que la MINURSO ya concluyó con una parte fundamental de su mandato principal,  la confección del censo; y que la única razón por la que no se resuelve el conflicto de forma  definitiva mediante la aplicación del mencionado plan es el rechazo de una de las partes,  Marruecos, y el apoyo incondicional del cómplice necesario, Francia, que veta la posibilidad  de que el Consejo de Seguridad imponga a las partes la aplicación de dicho plan.  

Es obvio que no se puede negociar con quien no quiere: entre las “condiciones previas” a  que se refieren las mencionadas resoluciones está el rechazo expreso de Marruecos a  celebrar un referéndum de autodeterminación. A partir de ahí, ¿qué tendría que negociar la  parte saharaui? 

Las Naciones Unidas han tirado la toalla ante la imposibilidad de resolver el conflicto por la  intransigencia de Marruecos y Francia. Es triste tener que reconocer que, como señala la  declaración de guerra del Frente POLISARIO, la ONU se ha convertido en un simple fedatario  de la ocupación. La última resolución del Consejo de Seguridad deja poco margen a la duda:  apoya “una solución política realista, viable y duradera para la cuestión del Sahara Occidental  basada en la avenencia”. ¿Qué significa “solución política realista”? Es obvio que para la ONU  la independencia no es una “solución realista”, por lo que lo que propone es algo muy grave:  abandonar el Derecho internacional para conseguir una solución política, que ignore la  voluntad del pueblo saharaui. 

Por su parte, la Unión Europea negocia con Marruecos la explotación de los recursos  naturales del territorio, incumpliendo de esta forma el requisito establecido en febrero de  2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que tal explotación sea acorde con  el Derecho internacional: que el pueblo saharaui dé su consentimiento a tal explotación. El  Frente POLISARIO, en términos de la Asamblea General de la ONU, “único y legítimo”  representante del pueblo saharaui, ha rechazado de plano dar su consentimiento a tales  acuerdos. Al concluir estos acuerdos, tal y como señaló el Abogado General en sus  conclusiones relativas a los acuerdos de pesca, la UE viola varias de las normas  fundamentales del Derecho internacional: el derecho de autodeterminación de los pueblos,  la prohibición de reconocer situaciones derivadas del uso de la fuerza (la ocupación militar),  la prohibición de contribuir con su comportamiento a la consolidación de tal situación… 

Por lo que respecta a nuestro país, que, de acuerdo con el Derecho internacional y con  nuestro propio ordenamiento jurídico (lo afirman dos autos de la Audiencia Nacional de  2014), sigue siendo la potencia administradora del territorio, ha ido variando su posición  inicial de tácita defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui del primer  gobierno de la democracia, el de la UCD, hasta el actual apoyo a la ocupación y anexión ilegal  del territorio por Marruecos. Los representantes de los sucesivos gobiernos españoles, tanto  socialistas como populares, han repetido hasta la saciedad las frases huecas de las  resoluciones del Consejo de Seguridad (“apoyamos los esfuerzos de las partes para alcanzar  una solución mutuamente aceptable…”), mientras han participando activamente en la  consolidación de la ocupación del territorio. Cabe recordar que los proyectos de resoluciones  que llegan al Consejo de Seguridad emanan del denominado “Grupo de amigos del Sahara  Occidental” (¿del Sahara Occidental o del conflicto?), una especie de “Consejo de Seguridad  para el conflicto saharaui” compuesto por EEUU, Rusia, Francia, Reino Unido y España, que  sustituiría así al quinto miembro permanente, China.  

Entre quienes mantenemos la esperanza de que el conflicto se resuelva mediante un  referéndum de autodeterminación, la llegada de Unidas Podemos al gobierno fue muy bien  recibida, porque desde el final de la dictadura el Partido Comunista e Izquierda Unida han  venido defendiendo con firmeza esta solución, y porque el propio Pablo Iglesias se había  comprometido públicamente a impulsarla, participando incluso en actos de solidaridad con  el pueblo saharaui. Pero parece que las cosas se ven de forma muy diferente desde el 

gobierno. A nadie se le escapa la gravedad de los temas con los que el gobierno marroquí  chantajea y extorsiona a España y a Europa. La cooperación en materia de contrabando o  terrorismo internacional, Ceuta y Melilla, pero muy especialmente, la inmigración ilegal,  constituyen argumentos difíciles de gestionar. ¿Es que hay alguna duda de por qué han  comenzado a llegar a Canarias, precisamente en estos momentos, miles de inmigrantes en  tan solo unas semanas? Marruecos maneja como nadie el grifo de la inmigración ilegal, que  abre cada vez que se cuestionan o se pueden llegar a cuestionar sus relaciones con la UE.  Pero el pueblo saharaui no puede ser una vez más la moneda de cambio para solucionar los  problemas del reino alauita.  

En estas circunstancias, ¿qué salida le queda al pueblo saharaui? ¿Seguir esperando otro  medio siglo cuando en los campamentos de refugiados argelinos han nacido ya dos  generaciones? ¿Abandonar a su triste suerte a quienes sufren en su propia tierra la violenta  ocupación marroquí? No seré yo quien defienda la vía de la guerra para resolver el conflicto.  Admiro profundamente a quienes, después de haber sufrido desapariciones forzadas de más  de dieciséis años, defienden aún la vía pacífica como forma de solución del conflicto. Pero el  Frente POLISARIO es un movimiento de liberación nacional a quien el Derecho internacional  le reconoce el derecho al uso de la fuerza frente a la ocupación y dominación coloniales, por  lo que si decide retomar efectivamente las armas estará ejerciendo su derecho. 

No es especialmente relevante la mayor o menor gravedad de la violación del alto el fuego  de Marruecos que ha motivado la declaración de guerra saharaui. Es simplemente la gota que  colma el vaso. La fecha de la proclamación del estado de guerra no es pura casualidad: hace  45 años, el 14 de noviembre de 1975, España entregó el territorio a Marruecos y Mauritania a  través de los denominados “Acuerdos Tripartitos de Madrid”.  

Durante décadas el Frente POLISARIO ha dado muestras infinitas de paciencia, a veces  difíciles de entender para su propio pueblo (recuérdese, por ejemplo, el temple del  movimiento saharaui después de los acontecimientos de Gdeim Izik), utilizando todas las vías  políticas, diplomáticas y jurídicas imaginables. Lo que le piden la ONU, la UE y España es que  se rinda, que acepte integrarse en Marruecos. Y eso no va a ocurrir. El pueblo saharaui es un  pueblo pacífico, ha dado muestras sobradas de ello, pero digno y orgulloso. Si se confirma la  vuelta a la guerra, nadie podrá culparle de no haber explotado todas y cada una de las vías  posibles para conseguir algo básico que le corresponde por justicia: vivir en paz en su propia  tierra. 

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Juan Soroeta y la colaboración de Luis Portillo Pasqual del Riquelme