Sobremedicación y negocios multimillonarios - por Nicolás Guerra Aguiar *

   Hace días, mientras esperaba mi turno me detuve como observador en una farmacia muy frecuentada. Como tiene varios dependientes, la curiosidad me sirvió para comprobar el impresionante movimiento de ventas. Y casi el cien por cien de los medicamentos, con receta de la Seguridad Social.

    Sirva como ejemplo único y pormenorizado el caso de una señora mayor: llenó dos bolsas mientras le iba explicando al joven mancebo de qué padecían ella y su marido: “diabetis”, acidez, “sangre pobre”, tonturas, úlcera de estómago, fuertes dolores en todos los huesos, tembliques en los labios, manos endormidas…  Y aunque no citó ninguna enfermedad de inmediatos efectos mortales, supuse que las veinticuatro horas del día las pasarían pendientes de pastillas, píldoras, comprimidos, grageas, gotas, polvitos efervescentes y alguna que otra visita del practicante, ayudante técnico sanitario o enfermero en su actual denominación. Total: una cargadísima agenda de tomas o ingestas. O lo que es lo mismo: si le hacemos caso al doctor Peter C. Gotzsche, biólogo y químico danés, podríamos estar ante dos típicos casos de sobremedicación (voz no registrada en el Diccionario), acaso más peligrosa que las naturales dolencias y los obvios desajustes físicos que a las tales edades corresponden.

   Sin embargo, puede darse el caso contrario: determinadas patologías crónicas exigen, según prescripción médica, un específico producto. No obstante (canariasahora), la reciente destitución de la jefa de Farmacia (Servicio Canario de Salud) podría, acaso, relacionarse con alguna alteración de la normal cadena en cuanto que –supuestamente- se negaban concretos tratamientos con una marca si esta no correspondía a las de algunas multinacionales. Así, casos de cáncer, trastornos neurodegenerativos…, requieren un definido producto cuya elaboración no concierne a cualquiera de las empresas en apariencia beneficiadas, por más que el recomendado por el médico es de coste inferior al de la competencia.

   Con estos antecedentes acabo de leer en canariassemanal un reportaje que antetitula “El engaño de la industria farmacológica”. Denuncia en él lo que llama “el negocio de las medicinas”: la sociedad invierte “cantidades astronómicas” en la investigación farmacológica, y es la industria privada la gran beneficiada en cuanto que se hace con los resultados y a continuación se la vende al Estado. Esto me trajo a la memoria, inmediatamente, el nombre de un libro publicado en 2014: Medicamentos que matan y crimen organizado. Cómo las empresas farmacéuticas han corrompido el sistema de salud. Su autor, el mismo Peter C. Gotzsche. Y, de paso, recuperé de mis archivos una entrevista que leí en la sala de espera de un odontólogo y cuya revista –Dios me perdone- dejé más grácil porque la aligeré de algunas hojas. El entrevistado era el propio Gotzsche.

   En el libro denuncia la impresionante corrupción de las grandes industrias farmacéuticas sobre distintos sectores relacionados con la medicina: desde los propios ejercientes hasta boletines, agencias e, incluso, gobiernos. Porque lo que hay en juego –sobre todo en el mundo occidental- tiene su peso económico: hablamos de miles de millones de euros que deben ser repartidos entre las empresas productoras (las grandes beneficiadas) y las ramificaciones de aquellos entramados que las apoyan. Y, al final, son los gobiernos –como representantes de la ciudadanía- quienes abonan las facturas de sus productos. Pero estos no son siempre –asombroso- los más recomendados para determinadas dolencias o concretos tratamientos.

   De ahí que al golpito, pero sin titubeos, alguna sanidad pública –hipotéticamente- va poco a poco imponiendo en sus listas nombres de medicamentos que se hacen con el monopolio gracias a correntías de favores, ayudas, contubernios y corruptelas de las multinacionales a través de complejísimos entramados que usan para seducir sin ser descubiertas. Una de las maneras más sofisticadas es la que se impone en gobiernos liberales europeos y americanos: las empresas forman a sus más competentes empleados para que accedan al Gobierno. Como premio a los servicios prestados desde el Poder, las puertas giratorias: millonarios puestos en consejos de administración los esperan.

   ¿Quiere usted, estimado lector, un ejemplo? El señor de Morenés  y Álvarez de Eulate, Pedro, ministro de Defensa del Gobierno español entre 2011 y 2015 (actualmente, provisional) fue nombrado presidente (2009) del Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte. En 2010 (hasta su llegada al ministerio) ejerció como director general para España de una empresa de misiles, MBDA. Antes (2005 – 2009), fue consejero de Instalaza S.A., empresa española que fabricaba bombas de racimo. Pero el Gobierno del señor Zapatero ordenó (2008) la destrucción de todas ellas. La empresa Instalaza le reclamó al Estado español una indemnización de cuarenta millones de euros por los perjuicios recibidos. En 2013 la Sala de lo Contencioso – Administrativo de la Audiencia Nacional desestima la reclamación.

   Hay, pues, geniales artimañas (contrarias al elemental sentido ético) que alargan sus tentáculos por sectores de la Administración. No quiero decir con esto que todas las empresas –en absoluto- actúen de igual e inmoral manera. Pero la corrupción es ya una característica más –tremendamente sofisticada- de nuestra civilización. Si desde concejalías, alcaldías, consejerías varias, presidencias de diputaciones o autonomías e, incluso, desde partidos políticos se expandió la corrupción, ¿qué podemos esperar de ciertas compañías cuyo producto cumple la función –o debe cumplir- de beneficiar al enfermo?

   El doctor Peter C. Gotzsche compara a ciertas empresas farmacéuticas con las familias mafiosas de Chicago, años treinta. Dice que su punto de identificación es el crimen organizado. Más: el crimen de las farmacéuticas es, si cabe, superior al de aquellas. A fin de cuentas “mata a conciencia”. E impresiona su inmenso poder: algunas son inviolables en cuanto que, como grandes empresas, no pueden quebrar por su impacto económico y laboral. Así, los gobiernos financian laboratorios públicos que investigan. Luego, las multinacionales compran sus descubrimientos. Y estos son revendidos a precios a veces disparatados. A partir de aquí, el negocio milmillonario. Si fue el Estado quien investigó y financió, ¿por qué no es el mismo Estado quien explota su descubrimiento a precios mucho más bajos?

* Gentileza de Nicolás Guerra Aguiar, para la parroquia de La casa de mi tía