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07:49h. sábado, 24 de julio de 2021

única forma de controlar la escalada de precios, es el control estatal de la economía

Subida generalizada y especulativa de precios, congelación de salarios y pensiones de facto. La “recuperación” ¿Otra vez a costa de las clases trabajadoras? - por Leandro Piedra, y Carlos Martinez, 

 

 

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Subida generalizada y especulativa de precios, congelación de salarios y pensiones de facto. La “recuperación” ¿Otra vez a costa de las clases trabajadoras? - por Leandro Piedra, ingeniero, del Partido Socialista (PSLF) y Carlos Martinez, politólogo, secretario general del Partido Socialista (PSLF)

La “reocupación económica” que propició Rajoy y la UE  tubo una formula muy sencilla, abaratar costes patronales, hurtar derechos laborales, liquidar la libertad sindical y el derecho de huelga y reducir salarios, creando un amplio precariado sin derechos, mal pagado al objeto de favorecer la hostelería y el turismo masivo y todo ello protegido por la ley mordaza, amén de una drástica reducción de servicios públicos en pensiones, sanidad y educación.

Hoy, si seguimos las afirmaciones y las caras de Nadia Calviño, su fórmula es casi idéntica, excepto en una subida hace meses de un salario mínimo ya ampliamente insuficiente por la subida consentida de la luz, el combustible y los suministros básicos con una importante subida de frutas, verduras y legumbres. Subidas muchas de ellas puramente especulativas y el caso de la luz eléctrica un verdadero robo generalizado que Calviño y Teresa Ribera amparan. Claro Calviño, no es la mala de la función, el presidente Sánchez le y sigue, de no estar de acuerdo con ella la hubiera cesado, también a Ribera. Esto nos lleva nuevamente a exigir la derogación de la reforma laboral, la ley mordaza, la represión policial y judicial y un salario y pensión mínima de 1200 euros mensuales. 

En medio de todo esto, aparece un convidado de piedra, Alberto Garzón al que se le hurtan competencias de consumo y se le impide proteger a los y las consumidoras, seguro que con su complacencia, pues de lo contrario hubiera dimitido. Un servicio básico como es el del suministro de luz a más de 22 millones de hogares españoles, no puede gestionarse desde las instancias del estado como un bien de lujo y menos frenar su subida a costa de impuestos, que no de frenar y controlar precios, tarifazo de la mafia eléctrica.  

Así pues como es el “tarifazo” eléctrico lo más sonado y que más sufrimiento causa a las familias de las clases populares, nos pararemos en esta cuestión y sus porqués. Nos enfrentamos y somos conscientes, a un proceso de descarbonización de los países industriales, ello supone que los gobiernos deben gestionar dicho proceso, y aplican para ello, mediante medidas legislativas, el control de la reducción y emisión a la atmosfera de dicha contaminación. No es aceptable que se impute a la factura de la luz, los costes de estas medidas.

Pues tal proceso y sus costes deben fijarse sobre el conocido binomio de:

“QUIEN CONTAMINA PAGA”

Una familia en situación vulnerable poco puede contaminar, y un jubilado o jubilada, que vive con una escasa pensión tampoco puede contaminar.

Así pues, esta cuestión se ha convertido en una injusticia de estado, y todo el mundo mira hacia un lado, ya que los pobres subvencionan la contaminación de los ricos, y esto desde la izquierda se debe evitar o luchar para ello. Pues una parte importante de la factura de la luz es la llamada huella de carbono, en realidad una fuente de ingresos más para las eléctricas.

De otro lado, debemos señalar que en España viven millones de españoles y españolas, jubilados, viudas, viudos, solos y solas, y que en su inmensa mayoría, según fuentes de INE, tienen dificultades para llegar a final de mes, y por tanto su HUELLA DE CARBONO ES MINIMA, ya que en su mayoría no disponen de coche o vehículo. Sin embargo, ellos y ellas pagan la descarbonización al mismo nivel que los ricos, esto supone una INJUSTICA SOCIAL DE ESTADO.

Debemos recordar que los grandes consumidores pueden, y así la legislación se lo permite, NEGOCIAR directamente con las empresas suministradoras sus tarifas para sus potencias y sus consumos de Kwh, por uno o más años, a tarifa plana, algo que no podemos hacerlos usuarios de a pie.

Negociación en la que empresas familiares, pymes, agricultores y agricultoras y autónomos no entran, porque el tarifazo, perjudica el empleo hundiendo pequeñas empresas y hace cerrar al pequeño comercio. La mafia eléctrica es junto con la banca y la ausencia de banca pública el mayor cáncer del estado español.

Por todo ello, PROPONEMOS al Sr. Ministerio de consumo y al gobierno, que para la defensa de los pequeños usuarios de la luz de sus hogares y para las familias más vulnerables de nuestra sociedad como medida transitoria, implante tarifas disuasorias por bloques de consumo y de paso se elimine el engorroso bono social y su gestión correspondiente que encima se encarga a instituciones públicas. Y, de esta forma, también se obtiene el control de consumo, ya que cada familia se adaptará de forma voluntaria a sus necesidades de consumo. Desde el PSLF proponemos que el Ministerio de consumo se implique en un asunto tan sensible para la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de España y aplique en la factura de la luz el mismo criterio que con el que se aplica, en toda España, el sistema tarifario del suministro de AGUA.

Dicho esto, como socialistas que no como usurpadores de tal denominación, proponemos que la producción, comercialización y distribución de energía eléctrica sea pública. Desde empresas nacionalizadas, empresas locales y municipales o cooperativas ciudadanas y no como un negocio especulativo cuyo siguiente paso va a ser privatizar el sol y el aire y hacer un serio esfuerzo en energías alternativas y limpias en el estado con más horas de sol de Europa, que como el sol y el aire son de todos sus beneficios también sean de todas y todos que no de los especuladores. 

La única forma de controlar la escalada de precios, es el control estatal de la economía, la regulación de precios y tarifas y no la privatización, sino la recuperación de servicios públicos por parte del gobierno y los ayuntamientos según el principio de subsidiariedad y control democrático que no el negocio privado sobre población cautiva y sin derechos frente a especuladores sin escrúpulos ni decencia que en demasiadas ocasiones obtienen las concesiones mediante la corrupción.   

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Leandro Piedra y Carlos Martínez

 

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