A Ben Magec - Ecologistas en Acción nos parece que el nombre de la Ley del Suelo no define claramente sus intenciones, ¿nos ayudas a ponerle un nombre mejor? ¿Cuál te gusta más de éstas? Dínoslo por aquí o dale a 'Me gusta' en Facebook y comparte la que prefieras, y propón otros títulos si se te ocurren más.

La nueva Ley eliminará, de facto, las densidades máximas edificatorias en los núcleos urbanos, ya que éstas serán corregidas en función del crecimiento real, aunque sea ilegal. También supondrá el crecimiento de los núcleos urbanos en suelo rústico, ya que permite declarar como asentamiento rural edificaciones separadas a 200 metros, o incluso más.

El crecimiento de las ciudades no tendrá que añadir nuevas zonas verdes si ya cuentan con más que "las obligatorias", incluyendo entre ellas los espacios naturales adyacentes (playas, etc.).

También permite construir un 78 % más de suelo industrial que el que ya está construido, y ubicarlo en cada ayuntamiento, aunque queden vacíos los polígonos industriales existentes.

La nueva Ley elimina la mayor parte de herramientas de control del cumplimiento de la legalidad y de prevención frente a los desmanes ambientales. La eliminación de la COTMAC, la aprobación del planeamiento y los proyectos por parte de las administraciones locales, la autoevaluación ambiental, así como la existencia de numerosas excepciones que permiten sortear aún más la ya menguada norma, convertirá a Canarias en un territorio sin ley.

Desaparece definitivamente la moratoria turística y la disposición de las Directrices que procuraba evitar construcciones a menos de 500 metros de la orilla del mar. 

Además, se aprueban una serie de herramientas que permitirán colar proyectos a todos los niveles (de ayuntamientos, sin que Cabildo ni Gobierno tenga nada que decir; de Cabildos y Gobierno de Canarias sin que los ayuntamientos tengan nada que decir). 

La cosa va a consistir en tener buenas relaciones donde hay que tenerlas.

El territorio canario podrá crecer sin unidad ni concierto, ya que no tendrá que acogerse a ninguna directriz que procure su equilibrio. El Gobierno de Canarias renuncia a su competencia como ente regulador.

Tampoco hay posibilidad de elegir qué tipo de desarrollo queremos ni podremos rechazar planes ni proyectos por el hecho de que no queramos ese tipo de modelo. Ya no tendremos Directrices que nos marquen un camino a seguir ni que procuren el respeto a los recursos naturales. Los Planes Insulares también se vacían de contenido. Las administraciones no podrán pronunciarse sobre el modelo ni sobre cuestiones de legalidad. La participación ciudadana queda reducida a mínimos. 

Las evaluaciones ambientales las hacen las administraciones que promueven y aprueban los proyectos, por lo que no hay garantías de rigurosidad. Algunas, incluso, se simplifican o se eliminan si la administración así lo estima.

¿Cómo podremos defendernos frente a la corrupción?

Ben Magec - Ecologistas en Acción