Finalmente, la violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos «como la que prohibe el establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial», constituye un hecho internacionalmente ilícito, que da lugar a la responsabilidad internacional del Estado ante la comunidad internacional y que a juicio de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, debe ser calificada como un «crimen internacional». Los actos realizados por los Gobiernos de Marruecos y Mauritania con posterioridad al 14 de noviembre de 1975, al ocupar militarmente el territorio del Sahara Occidental y proceder a su reparto, puede estimarse que quedan comprendidos en el supuesto del precepto anteriormente citado, pues, de hecho, equivalen a establecer una nueva -y más cruel- dominación colonial del territorio.A mi juicio, corresponde a las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio, solicitar, mediante la creación de una comisión especial, una completa y detallada información sobre los hechos que condujeron a la firma del acuerdo de Madrid. Y una vez determinados éstos, si las anteriores conclusiones son correctas, adoptar un acuerdo por el que se declare que, a juicio del Estado español, la Declaración de Principios hecha en Madrid, el 14 de noviembre de 1975, es un acuerdo nulo, conforme al Derecho Internacional en vigor, y, consiguientemente, que el Gobierno debe orientar su política internacional, en relación con la cuestión del Sahara Occidental, en toda ocasión y circunstancia, de conformidad con este acuerdo. La posición actual del Gobierno español, por su inherente ambigüedad, resulta difícilmente admisible, pues equivale a admitir el acuerdo de Madrid, pese a su nulidad y negarse a reconocer los efectos del mismo.

Todo el texto de González Campos

https://elpais.com/diario/1977/09/18/internacional/243381616_850215.html