Pertenecen a una auténtica casta, se diría que reivindicada por Carlos Lesmes en su discurso de inauguración del año judicial. Fue, una vez más, un ejemplo escandaloso de la voluntad de los jueces de intervenir como un agente superior en la vida política, para condicionarla.

Esta vez, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a poner en cuestión la facultad del Ejecutivo de conceder medidas de gracia, y afirmó que el actual Gobierno las adopta "cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o no son de su gusto". Toda una advertencia.

Se refería, obviamente, a los indultos parciales y revocables concedidos por el Gobierno a dirigentes independentistas, después de más de tres años de privación de libertad decidida por el Tribunal Supremo, que también preside Lesmes; por una sala integrada por magistrados de indisimulada ideología nacionalista española y de derechas, en un juicio político.

Hay que recordar en este punto que la Justicia española tiene abierta una causa general contra el soberanismo catalán, en diferentes tribunales, y que existen más de 3.000 víctimas de la represión judicial y policial, según el cálculo documentado por Òmnium Cultural. El silencio y la pasividad de muchos "progresistas" ante este hecho desconcierta y genera frustración.

El problema de la Justicia española, sin embargo, va más allá del gobierno de los jueces, porque la casta judicial, corporativista como las que más y torcida hacia la derecha, tiene muy asumida la idea según la cual puede tomar decisiones sobre cualquier ámbito de la vida política, académica, sanitaria, cultural, económica y social

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