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21:57h. viernes, 03 de diciembre de 2021

Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, ¿hacia un tribunal «inconstitucional»? - por Alberto García, HOJAS DE DEBATE

 

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Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, ¿hacia un tribunal «inconstitucional»? - por Alberto García, HOJAS DE DEBATE

 

Dos diputadas de Podemos votarán en contra de los candidatos del PP al Tribunal Constitucional. La Izquierda Necesaria, de IU, reclama que Podemos, Izquierda Unida y el PCE voten también en contra de estos candidatos.     

De manera sorprendente, el PSOE y Unidas Podemos han aceptado la propuesta del Partido Popular para que sean magistrados del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel -la querida Concha de María Dolores de Cospedal- y  Enrique Arnaldo Alcubilla invocando este la defensa de la independencia judicial.

Para la votación definitiva en sede parlamentaria de hoy, 11 de noviembre, dos diputadas de Podemos anuncian que rechazaran con su voto a estos candidatos, sin que hasta el momento se conozcan disidencias ni en el PCE ni tampoco en Izquierda Unida.

Las diputadas Meri Pita y Gloria Elizo, fundamentan su oposición a estos nombramientos porque, en primer lugar, «la composición de los órganos constitucionales y en este caso el TC tiene que reproducir la deliberación y los matices existentes en la sociedad y en segundo lugar las personas que ocupen ese cargo deben de tener un mínimo nivel acreditable por su trayectoria y circunstancias. Sin esos dos aspectos mínimos no hay nada. Y en este acuerdo al que se ha llegado no hay nada... porque el precio a pagar en términos políticos de regeneración democrática y sociales, de construcción de ciudadanía, es sencillamente inasumible.» 

Por su parte, La Izquierda Necesaria, un importante sector de afiliados a Izquierda Unida, también se opone a estos nombramientos y consideran necesario «que nuestros/as diputados/as de Unidas Podemos y específicamente los/las de Izquierda Unida, voten en contra de la propuesta vergonzosa de miembros del Tribunal Constitucional hecha por el PP »

¿Quiénes son Concepción Espejel Jorquera y Enrique Arnaldo Alcubilla?

María Concepción Espejel Jorquera es jueza de profesión y  protagonista en su carrera profesional de algunas actuaciones de extraordinaria gravedad, todas ellas constatadas e irrefutables, que llevaron a Juan José Millás el pasado día 24 de octubre, en el Programa de la Cadena Ser A vivir que son dos días, a calificarla de empleada del Partido Popular.  

Los vínculos de Espejel con el Partido Popular y especialmente con la que fuera secretaria del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal provocaron, incluso que fuera apartada por su compañeros de los juicios del caso Gürtel, cuya primera sentencia condenó al partido conservador como culpable a título lucrativo.

Esta magistrada fue la autora de la sentencia conocida como Bar Chinaski, de Guadalajara, dictada para juzgar los hechos que consistieron en el apuñalamiento que realizó Israel Galve Maldonado, jefe de la Falange de aquella ciudad,  clavando una navaja en tres ocasiones sobre un joven de izquierdas. Espejel omitió en la sentencia la condición de falangista del autor, mientras que recordó que el agredido era punki. Calificó el hecho como delito de lesiones y condenó a dos años a Galve, mediante una sentencia que tuvo que ser revocada por el Tribunal Supremo que, por el contrario, estimó los hechos como tentativa de homicidio, imponiendo a su autor una pena de  cinco años de cárcel.  El resultado es que el Jefe Provincial de la Falange tuvo que entrar en prisión, señala El Plural en su edición del pasado 1 de noviembre. 

El protagonismo de Espejel en el proceso relativo al incendio de La Riba de Saelices (Guadalajara), ocurrido en 2005, en el que murieron once miembros de un retén de incendios, fue algo más que notorio. Las diligencias fueron instruidas por la jueza titular de Sigüenza, Concepción Azuara, con un único imputado, el autor de la barbacoa que lo provocó. La jueza descartó cualquier responsabilidad de los cargos de la Junta de Castilla-La Mancha o del Estado que gestionaron la extinción del fuego. Dos años después del suceso, Azuara se vio obligada a dejar el caso contra su voluntad por una decisión del Poder Judicial que vulneró la Ley Electoral.

La nueva jueza,  Maria del Mar Lorenzo,  modificó totalmente el sentido del sumario y procesó, con el respaldo de la entonces Presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, que no era otra que Concepción Espejel, a 17 políticos y funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla la Mancha, entonces bajo dirección socialista. Los mantuvo en situación de imputados durante años y con el temor de ser condenados a penas de  siete años de prisión, acusación que a los funcionarios, amigos de los fallecidos, les resultaba propia de la novela El Proceso, de Kafka, pues no entendían por qué se les procesaba.

Esta situación penosa finalizó en el momento en que Espejel cesó como Presidenta de la Audiencia, por traslado a Madrid, al acabar considerando los Tribunales, ya sin su tutela, que los procesamientos eran totalmente infundados, carentes de base, movidos por livianas sospechas, formuladas con una imprecisión considerable, y censurándose con severidad la instrucción en la sentencia definitiva dictada en 2012. La resolución judicial consideró inadmisible la instrucción contra los 17 procesados durante siete años, en un caso en el que desde el principio estaba clara la autoría, los hechos, el delito, y el único responsable, que no era otro que el autor del prendimiento del fuego de la barbacoa.

El perfil ideológico predemocrático de esta magistrada se puso una vez más de manifiesto cuando como vocal del Consejo General del Poder Judicial se manifestó contra la Ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2009.

Esta jueza es la que va a restablecer la independencia judicial, en palabras de Pablo Casado, desde su nuevo puesto en el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, y donde se tomará la última palabra, entre otros muchos e importantísimos asuntos, en los casos de corrupción del Partido Popular. Al final, tal vez Espejel juzgue finalmente, junto a los demás miembros del Tribunal Constitucional, el caso Gürtel, participando ahora en la decisión definitiva de este.

Enrique Arnaldo Alcubilla. Según nos indica El Confidencial, este profesional del derecho «vulneró durante años la Ley Orgánica de Universidades para simultanear el cobro de dos salarios públicos, una nómina en el sector privado y la gestión de su propio bufete de abogados. Los hechos, que se habrían prolongado hasta hace unos días, serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, sancionada con una suspensión de empleo y sueldo públicos de entre tres y seis años». Confrontado con tales hechos, no se le ha ocurrido dar otra respuesta que «argumentar» que nuestro viejo conocido, González Trevijano, ahora también magistrado del Constitucional y antes Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, conocía esta circunstancia y no le puso ninguna objeción. Huelga decir que ambos están vinculados por estrechos lazos de amistad.

Arnaldo forma parte del Cuerpo de Letrados del Congreso y ha sido Administrador solidario de Estudios Jurídicos y Procesales S.L. hasta hace un año. Con tal condición, ha logrado adjudicaciones públicas de casi un millón de euros entre 2003 y 2008, en su mayoría otorgadas por administraciones del PP, algo incompatible según la ley.  Entre marzo de 2010 y julio de 2011 permaneció imputado en el caso Matas. Las grabaciones policiales del caso Lezo captaron cómo le aseguraba en 2016 al expresidente madrileño Ignacio González que se movería para conseguir que el nuevo fiscal general fuese bueno. Al igual que Espejel, con el mismo perfil predemocrático, se opuso a la ley del aborto, tachándola de ocurrencia.

Pero Arnaldo ha sido protagonista de otras actuaciones que obligan a considerarlo no idóneo para un cargo como el de magistrado del Constitucional. En concreto, permaneció imputado, como antes se ha dicho, durante un año, en el caso Matas, precisamente por la adjudicación de tres contratos -a dedo y bajo sospecha de amaño- a Estudios Jurídicos y Procesales S.L. entre 2004 y 2007. 

Recordarán nuestros lectores que otro de los magistrados nombrados por el PP para prestigiar el Tribunal Constitucional fue Enrique López, actual consejero de la Comunidad de Madrid. Tuvo que dimitir del Constitucional al ser detenido por conducir de madrugada en una moto, ebrio y sin casco, saltándose los semáforos. En el proceso seguido en su contra por presunto delito contra la seguridad del tráfico, su abogado era Arnaldo Alcubilla, que figura además como uno de los autores con más ponencias en los cursos de la Fundación Faes, de Jose María Aznar.

Sede del Tribunal Constitucional. El Plurarl 06.10.21

Sede del Tribunal Constitucional. El Plural 06.10.21

La gravedad de estos nombramientos es evidente. Surgen dos preguntas a cuál más urgente. Con la cantidad de magistrados conservadores que tiene en sus proximidades el Partido Popular, carentes de biografía comprometida, ¿por qué propone a estos dos, tan quemados, con un historial que los desprestigia? Y sobre la anterior, ¿cómo es posible que el PSOE y Unidas Podemos sean los únicos grupos parlamentarios, junto al PP, que votan a favor de estos candidatos? 

Como respuesta a la primera pregunta, resulta difícil encontrar otra respuesta que no sea la de que al PP no le importa promover a estos candidatos tan cuestionados, con tal de que hagan valer su perfil ideológico en el cumplimiento de las funciones que se les encomienda.

Sin embargo, no encuentro respuesta verosímil a la segunda, pues es una mezcla de debilidad y torpeza que traerá gravísimas consecuencias. Es la repetición, ahora con la complicidad de Unidas Podemos, del reiterado comportamiento del PSOE de connivencia con los desmanes del Partido Popular, que han traído consigo el envilecimiento  de la mayoría de las instituciones democráticas.     

- Gracias a Alberto García, a HOJAS DE DEBATE y a la colaboración de Arturo Borges Álamo

https://hojasdebate.es/opinion/concepcion-espejel-y-enrique-arnaldo-hacia-tribunal-inconstitucional/

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