Corrupción: reprimir y castigar, pero más prevenir y organizar - por Chema Tante *

Lo indica el dicho clásico que, como siempre, se apoya en la experiencia y el sentido común: "más vale prevenir que curar".Tanto en medicina, como en educación, como en gestión de empresas o en la justicia, está demostrado que resulta mucho más barato y eficaz evitar que los problemas ocurran, que castigarlos y tratar de enmendar sus consecuencias. Y la corrupción no es una excepción.

Lo mismo sucede con la corrupción. La corrupción ha invadido la sociedad, generando daños terribles a la economía y a la administración pública. Los servicios públicos se prestan mal y a un coste multiplicado. Se hacen proyectos de obras desmesurados, o sin necesidad ninguna, perjudicando el territorio y el medio ambiente, simplemente, para que el gobernante de turno pueda adjudicar el contrato público y llevarse su tajada correspondiente. Las empresas honestas resultan perjudicadas, porque la competencia se distorsiona. La democracia se ha degenerado, porque partidos que manejan tremendas cantidades de dinero mal habido lo invierten para obtener sin más mérito sus resultados gracias a campañas de comunicación que no pueden ser pagadas por los partidos decentes. En general, el ejercicio de la política se ha convertido en una mera operación de mercado. Los partidos forcejean por aumentar sus presupuestos, con lo que mejoran su capacidad económica. Las mayorías parlamentarias se negocian, no en función del bien común, del cumplimiento de programas y promesas electorales, sino nada más que tasando en dinero el voto correspondiente. Cuando partidos que cuentan con cinco o un escaños -pero decisivos- en el Congreso aceptan apoyar al gobierno de turno o unos presupuestos determinados, se llenan la boca diciendo que lo hacen para defender al pueblo, pero la verdad es que lo hacen para disponer de más dinero público en el que puedan meter la mano.

Lo que asombra, cuando se van desvelando algunos casos de corrupción, no es su magnitud, sino el propio asombro de la gente. Los hombres y las mujeres de los pueblos que conforman el estado español parecen ignorar que estas barbaridades que se van conociendo, son eso, las que se van conociendo, pero que existen más muchísimos más, que todavía han conseguido permanecer ocultos. Incluso, de los que sí llegan a saberse, solamente aflora una parte, la que puede ser investigada y sancionada por la justicia, por culpa de los mismos vericuetos procesales. En el caso Nóos, por ejemplo, solamente se han castigado los delitos perpetrados en Baleares, pero los de Valencia o Madrid, se libraron, por falta de pruebas. En el caso Las Teresitas, el proceso ha dejado fuera de investigación a muchos de los sucesos ocurridos y sus protagonistas, porque las complicaciones han impedido evitar la prescripción. Nunca se dilucidará cómo supieron los empresarios tunantes la decisión del Supremo que hizo posible el colosal pelotazo ni se sabrá que pasó de verdad en CajaCanarias con ese crédito fantasmagórico concedido, o el papel que jugó su presidente, que ha salido, no solamente ileso, sino con una boyante línea aérea, comprada con un dinero prestado "graciosamente". De la misma manera que ha quedado en el aire cómo fue posible que a una gente propietaria de suelo en el Valle de Las Huertas se les despojara de sus terrenos y aparecieran títulos registrados a nombre de otras personas.

La corrupción es tremendamente nociva, y es tremendamente ignorada. Cuando algunos desaprensivos personajes de la vida política, como Rajoy o el genuflexo Clavijo le quitan hierro a los casos de corrupción, alegando que se trata de casos "aislados" o "antiguos", mienten con toda bellaquería. La corrupción es general y es actual. Los y las gobernantes se emperretan en construir tranvias, carreteras, aparcamientos, regasificadoras o puertos, se enredan en Leyes del Suelo, en construir más y más hoteles, en promover operaciones energéticas gaseras propias del siglo pasado, no porque sean necesarios para la economía, sino porque esa es la manera de aplicar lo que el llorado Maragall llamaba "problema del tres por ciento". Un problema que en otras latitudes, por ejemplo, en Canarias, es del veinte por ciento. Cuando hay gobernantes que desacatan sentencias judiciales y se nuegan a tumbar hoteles o aparcamientos declarados ilegales, lo hacen para proteger los intereses de los empresamagantes cómplices de sus saqueos y financiadores de sus operaciones.

Y todo, por la corrupción. Una práctica maldita contra la que solamente se ponen remedios parciales e inanes, en la represión y supuestos castigos. Sanciones judiciales poco efectivas, porque con las trabas procesales y la exasperante lentitud de la justicia los castigos llegan tarde y mal. Y, además, los pocos culpables que cumplen penas, no devuelven el fruto de sus fechorías. O sanciones políticas menos prácticas todavía, porque cada partido se busca las triquiñuelas que hagan falta para evitar que a quien se trinca con las manos en la harina se le aparte de la vida política.

La única solución va por el camino de la aceleración y racionalización de la justicia. Pero también por evitar que las trampas corruptas tengan lugar.

Por lo pronto, es preciso solucionar el problema de la tipificación y persecución del cohecho, que es la coladera por la que tantos delitos se escapan. Yo no soy abogado e ignoro como habrá que hacerlo. Pero sí sé que el cohecho es imposible de demostrar documentalmente. Ningún responsable político entregará un recibo por el precio de la venta de sus favores. Por ahí no se puede establecer la relación de causa efecto entre la concesión y el cobro. Pero para eso está lo que en tiempos se llamara "signos externos de riqueza". Si un tipo o una tipa que ocupa puestos de decisión política se pega una vida de lujo inexplicable con sus ingresos, si pasa sus vacaciones en hoteles de lujo, ocupando suites de precios sauditas, viaja en aviones privados, goza de una mansión en el Monte o en el centro de Madrid, un ático exclusivo en la Costa del Sol, una finca de aquí te espero en Ávila, maneja coches de alto precio, esquía en lugares carísimos y todo lo demás, si dispone de cantidades inimaginables de dinero, en cuentas en guaridas fiscales, y no puede explicar el origen de las perras de dónde viene todo eso, entonces esa circunstancia debería ser prueba suficiente para condenar por cohecho. 

Por supuesto, los partidos políticos, en particular los hegemónicos, en el estado o en las autonomías, Pp, PsoE, pero también Cc, PNV o el cómo quiera que se llame ahora, CiU o PDC, deberían justificar su resistencia a los nombramientos discrecionales en los altos tribunales y fiscalías, y explicar la actual flagrante sumisión del poder judicial al ejecutivo. Una sumisión , por cierto, contestada ejemplarmente por muchos y muchas profesionales, a algunos de los cuáles les ha costado la carrera su actitud.

Pero sobre todo, contra la corrupción hay que imponer la prevención y la racionalización de las contrataciones públicas. Es muy sencillo, por eso no se entiende que ningún partido lo incluya en sus programas. Se trata de evitar la discrecionalidad en las adjudicaciones. Se trata de disminuir la intervención decisoria de quien promovió una obra, en la resolución del concurso correspondiente. Se trata de que en las mesas de contratación intervengan todas las fuerzas con presencia en la institución respectiva, no solamente las que están gobernando. Se trata de que se conozcan además de todos los detalles de cada convocatoria, los de la resolución y, sobre todo, de los resultados finales obtenidos. Se trata de impedir, salvo en casos excepcionales muy justificados, las ampliaciones de presupuestos de obras, para eliminar de verdad las bajas temerarias. Se trata de buscar la manera de preservar la independencia de acción de las Intervenciones, obligando a quien gobierna a acatar las decisiones.

Hace años, en Canarias, el malvado José Carlos Mauricio hizo una propuesta, quizá la única, buena que haya propuesto. Quien conoce la mente maquiavélica del sujeto sabe que la propuso porque estaba seguro de que no iba a prosperar o porque su intención era mangonearla él mismo. La idea era crear una "Oficina Central de Contrataciones" que condujera todos los encargos de la administración. 

Y yo retomo esa idea, pero bien aplicada. Que cada institución publica decida los proyectos que considere oportunos y necesarios y que establezca los presupuestos de referencia. Pero que la convocatoria y la resolución del concurso la haga ese órgano centralizado, compuesto por profesionales de carrera de la función pública, con toda la supervisión  que se quiera, pero sin decidir, por parte de los partidos políticos con representación electoral.

Porque no hay duda de que esta situación perversa de la corrupción hay que revertirla con urgencia.

* Lo escribió Chema Tante