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martes, 16 de abril de 2024 13:58h.

Dimiten la secretaria general insular de Podemos en Tenerife y la mayoría de integrantes activos del Consejo Ciudadano Insular

 

MARÍA COLL

Señalan múltiples diferencias con la dirección autonómica de Podemos para explicar su decisión


Los dimisionarios señalan múltiples diferencias con la dirección autonómica de Podemos para explicar su decisión

La secretaria general insular de Podemos en Tenerife, María Coll Álvarez, y la mayoría de los integrantes que quedaban activos en el Consejo Ciudadano Insular (CCI) de la organización morada en la Isla han presentado esta mañana su dimisión ante el Secretario de Organización Estatal, Pablo Echenique; simultáneamente, la decisión ha sido comunicada al Secretario General, Pablo Iglesias, y a todas las personas integrantes del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos en Canarias.

En total, se trata de catorce dimisiones, incluida la de Coll, que se ve acompañada en esta decisión por otros trece integrantes del órgano de dirección insular de Podemos en la Isla. A esta dimisión colectiva hay que sumar otras cinco renjuncias que se ha producido a lo largo de los casi dos años de funcionamiento del CCI, desde que los cargos de dirección fueron elegidos en las primarias internas celebradas a principios de 2015. De esta manera, solo quedan activos en estos momentos cuatro integrantes de un Consejo Ciudadano que cuenta con 21 plazas, definidas en función de la cantidad de militantes inscritos en Tenerife en el momento de la elección del órgano de dirección.

Para explicar su decisión, las personas dimisionarias han elaborado una carta que se ha distribuido rápidamente por distintas vías, en la que, en síntesis, apuntan múltiples diferencias con la dirección autonómica de Podemos y dirigen sus críticas a las secretarias General (SGA), Meri Pita, y de Organización (SOA), Conchi Moreno.

La carta señala la existencia de un largo y profundo conflicto con la SGA y la SOA de Podemos Canarias relativo el papel de los consejos ciudadanos insulares en la compleja realidad político-territorial de Canarias: “No han reconocido las realidades insulares, no han reconocido a los consejos insulares como órganos territoriales y autónomos. No han permitido que se produjera la necesaria coordinación entre el CCI y el CCA, ni la coordinación insular de los círculos y consejos municipales, y muchísimo menos con otras islas, para que se pudiera ir construyendo una propuesta política articulada y coherente para Canarias, contemplando nuestras singularidades”, dicen.

Además, apuntan a la práctica de un estilo de dirección autoritario y arbitrario, que ha convertido al Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) de Canarias en “un mero órgano al que se informa de las resoluciones del Consejo Ciudadano Estatal y de algunas de las decisiones que se adoptan en Canarias de forma vertical y jerárquica”. Además,  atribuyen a Pita y Moreno la creación de un Consejo de Coordinación, constituido por “un reducido grupo de miembros del CCA que ellas designan”.

Entre otras diferencias, las personas recientemente dimitidas del CCI de Podemos en Tenerife destacan en su carta que la SGA y SOA de Podemos en Canarias “vulneran día tras días nuestros documentos organizativos y políticos impunemente, inutilizan los órganos estatutarios elegidos democráticamente, contratan personas sin el procedimiento adecuado para garantizar la ecuanimidad y transparencia del proceso, designan las candidaturas al Parlamento español sin acuerdo del CCA, configurando una red clientelar que trabaja para ellas y no para el partido en su conjunto”.

Subrayan también algunos hechos concretos con los que discrepan, como la práctica “sistemática” de excluir “en las redes sociales oficiales de Podemos Canarias de los cargos institucionales no afines a ellas, del trabajo de los Consejos Ciudadanos Insulares y sólo se reconoce la labor municipal de sus acólitos”. Se quejan también de que desde los órganos autonómicos no se les hacía entrega del dinero que les correspondía por derecho, imposibilitando ejercer sus funciones; además de no permitir la creación de las cuentas bancarias a los consejos insulares y municipales.

 

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