Es el meollo del corrosivo fenómeno de la corrupción. Con ese entramado de intereses recíprocos entre partidos y empresas, se origina la catástrofe. Unos partidos que llegan al poder, no por los méritos de su gente o por la bondad de sus programas, sino por el influjo engañoso de la propaganda financiada con dinero de oprigen inconfessable. Pero también y más grave, si cabe, el prejuicio causado al interés general, porque los servicios y obras públicas resultan de pero calidad y de más alto precio. Y, para terminar con todo este calvario, el agravio comparativo, que conduce a la ruina y causa más paro, que han sufrido sistemáticamente las empresas y los o las profesionales con honestidad, a quienes se ha vedado la posibilidad de prestar sus servicios en la contratación pública. Y sé de lo que estoy hablando.

En el estado español, se está demostrando -veremos qué hace la justicia- con pruebas objetivas, que el partido llamado popular financiaba sus campañas y las retribuciones de su gente, a base de repartir -mas a diestra que a siniestra, claro- las contrataciones públicas sobrevaloradas artificialmente, sin comprobar no ya la calidad, sino, a menudo, la misma realización o la necesidad de lo contratado. Pero yo proclamo que la simple observación directa, sin necesidad de mayor comprobación documental, demuestra también que, allá y también acá, otros partidos han  aplicado también las mismas malas mañas.

Y la contemplación de todo este escenario lleva irremisiblemente a la conclusión de que el sistema tado y bien atado que dejó Franco no sirve y debe ser inemdiatamente sustituido. Sin olvidar la obligación de perseguir y castgar a quienes han detentado el poder a la mayor gloria y provecho propios y de sus amiguetes.

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