El Gobierno de Canarias en el caso Stratvs: una defensa que ataca al paisaje protegido de La Geria, Saúl García en DIARIO DE LANZAROTE. Comenta Chema Tante
Quien quiera saber lo que está pasando en Lanzarote con el caso Stravus, un episodio más de las tropelías de los caciques, que tenga mucho cuidado con los medios que consulta, porque los empresarios poderosos tienen desplegadas sus jaurías a sueldo, propalando mentiras. Este reportaje de Saúl García en DIARIO DE LANZAROTE, por el contrario, pone de manifiesto lo largo y poderoso que es el brazo del cacique.
Comenta Chema Tante:
A un tipo le multan por saltarse un semáforo en rojo. Después, el Ayuntamiento, que es amigo del tipo, quita el semáforo. El tipo alega que no había semáforo en rojo.
Ésto es una metáfora, y no es la primera vez, de lo que está pasando en Lanzarote, y de lo que está haciendo el Gobierno de Canarias. Canarias está en manos de los poderosos y los sucesivos gobiernos, del archipiélago, de cabildos, de Ayuntamientos al dictado de la conveniencia y de las órdenes de los poderoso, montan lo que haga falta para proteger a los caciques.
La Bodega Stratvs se erigió en un espacio natural protegido. Porque sus propietarios consideran que todo el territorio les pertenece y que pueden hacer lo que les convenga.
Y, como es costumbre diabólica en estas islas, el Gobierno de Canarias ha salido en defensa, como no, del poderoso. Armando un tinglado para quitar el semáforo. Para decir ahora que La Geria no es Espacio Natural protegido. Al menos yo y quién conozca el paraje, tenemos que decir que si ese espacio, La Geria que es natural donde los haya, no está protegido, ya están tardando en protegerlo. De derecho y de hecho.
Lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, vuelvo a decir, es lo que hacen tanto gobiernos por todas las islas. Vean lo que pasó con Las Teresitas, que ha costado un mundo que Plasencia largue la pasta robada. Pero que todavía no ha soltado un céntimo de la barbaridad cometida en los Barrancos de Güímar. Dónde haya un empresario cargándose el territorio, aparece un gobierno, municipal insular, autonómico, dispuesto a echarle una mano.
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En el caso del Gobierno, Carlota Pérez llegó a declarar en el Juzgado que había elaborado ese informe con el asesoramiento de la jefa del Servicio Jurídico del Gobierno, Ana Quintana, es decir la abogada de tres de los acusados. La Audiencia Provincial de Las Palmas reconoció que dicho informe se remitió de forma irregular porque “fue evacuado sin que siquiera lo solicitara la juez instructora”.
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