El mefistofélico Fernández Díaz ha terminado el texto de una ley salvaje que atenta contra el principio de separación de poderes. Como han visto que los tribunales no sancionan las movilizaciones ciudadnas como creen que debe hacerse, los y las del Pp se han propuesto conducir al ámbito de las sanciones administrativas, que pueden castigarse desde el gobierno, toda una serie de acciones que en realidad competen a los tribunales. Una intromisión clara del ejecutivo en el judicial, aprobada por un legislativo cautivo por olbra y desgracia de una ley electoral absurda. Todo va sucediendo de acuerdo con la estrategia. Eliminar todos los derechos ciudadanos, al servicio de la recuperación de los privilegios para los ricos. Y el partido llamado popular sabe que no le basta con la mayoría absoluta. Para perpetuarse en el poder y salir al paso de una recuperación democrática, necesita controlar la comunicación. Ya tienen amordazada, por el dogal económico, a la prensa comercial. Ya están atacando a los medios alternativos, los digitales comprometidos. Pero necesitan también acorralar las calles, porque las movilizaciones sociales son otra manera de información. Y seguirán con sus maniobras de opresión, hasta llegar al ámbito electoral. Tenemos que decirlo una y otra vez. Esto es una guerra declarada. Menos violenta, en apariencia, que la que se hace con las armas declaradas. Pero tan brutal, despiadada y letal. Y enb una guerra, elpeublo tiene derecho a defenderse. La otra vez pasaron. Vamos a ver si conseguimos que no vuelvan a pasar. JRMora lo describe a la perfección en LA INFORMACIÓN