Miguel Guerra (NC) afirma que el Gobierno canario se permite llevar a cabo concursos públicos irregulares porque las consecuencias económicas de las sentencias no salen de su bolsillo

El fallo de las frecuencias de radio es un escándalo mayúsculo porque tres empresas acumulan un porcentaje brutal de licencias y muchas empresas consolidadas han quedado fuera

SB-Noticias.- Miguel Guerra, consejero en RTVC en representación de Nueva Canarias, reflexionó de este modo en La Trapera de Radio San Borondón sobre los derroteros por los que está yendo el concurso de frecuencias de radio adjudicados por el Gobierno canario y que ha supuesto la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, lo que ha provocado que los cinco miembros de la mesa de adjudicación tengan que declarar como imputados el próximo 23 de julio.

Guerra dijo que esta situación judicial se produce en la lógica y en el concepto que ha tenido el gobierno de Canarias, liderado por Paulino Rivero, de lo que es la política de comunicación y, concretamente, la que afecta a los medios públicos, puesto que en el ejecutivo canario llegaron a pensar que las emisoras de radio y televisión no son de la sociedad canaria y no están al servicio público de los canarios, sino que forman parte del aparato del Gobierno y como tal tienen que estar al servicio de los dirigentes gubernamentales.

Por tanto, insiste en que en esa secuencia se entiende lo que han sido uno tras otro los varapalos jurídicos, primero en el concurso de licencias de televisión digital terrestre (TDT), en donde se han producido hasta el momento hasta siete sentencias contrarias a los intereses del Gobierno canario, con las consecuencias graves que ello conlleva para el erario público.

Explica que los ciudadanos tienen que saber que estos varapalos jurídicos suponen un golpe brutal al dinero de todos los contribuyentes porque el Gobierno recurre estas sentencias contrarias a sabiendas de perderá el caso, pero lo hace porque ese dinero no sale de los bolsillos de quienes gobiernan, sino que los “paganinis” seguiremos siendo el pueblo.

El consejero de RTVC recuerda además que el propio concurso de los servicios informativos de la tele canaria ha recibido sendas sentencias recientes contrarias a los intereses del Gobierno puesto que ponen de manifiesto que lo realizado en el otorgamiento de dicho concurso fue erróneo e ilegal y obliga por tanto a empezar el procedimiento nuevamente.

Por lo que no es extrañable lo ocurrido en torno al concurso de frecuencias de radio porque la senda del resto de concursos que tienen que ver con los medios de comunicación ya dejaba entrever lo que iba a ocurrir, sobre todo cuando los agraciados con la mayoría de las licencias son empresarios del mundo de la construcción, cercanos a la figura del presidente Rivero.

Para Miguel Guerra, preservando la presunción de inocencia que la Ley establece para los imputados, que tendrán que defenderse de los delitos que la Fiscalía entiende que se han cometido en dicho concurso, no cabe duda de que esta deriva es consecuencia de las habituales malas prácticas administrativas que caracterizan al ejecutivo canario y añade que no se pueden seguir haciendo chapuzas en temas tan importantes como concursos públicos que afectan a muchísimos profesionales y empresas.

Desde su punto de vista, hablamos de un escándalo mayúsculo, donde tres empresas se llevan casi todas las licencias, a pesar de que dos forman parte del mundo de la construcción y la tercera no tiene consolidación en Canarias, mientras se condena al cierre a muchas emisoras consolidadas, en la sociedad insular desde hace muchos años, con plantillas importantes, al dejarlas fuera del concurso.

Miguel Guerra llama la atención sobre el hecho de que un concurso que tenía como fundamento ordenar el espacio radioeléctrico de las islas termina siendo un escándalo judicial debido al brutal desaguisado creado, porque no tiene dudas de que el futuro de este proceso será idéntico al producido con las adjudicaciones de las TDT.