¿Cómo no vamos a pensar que es una justicia politica? - por Chema Tante

La singular dureza aplicada a unas personas acusadas por motivos políticos y no sentenciadas, contrasta claramente con la benevolencia que se dispensa a personas procesadas e incluso condenadas por crímenes económicos de altísima gravedad.

Siempre se dice que el sistema de justicia en el estado español es garantista y no seré yo quien se queje de ello. Aunque me parezca demasiada indulgencia, no deploro que bergantes como el cuñado del Jefe del Estado, o, en Canarias, los empresarios González y Plasencia o el excalcalde Zerolo o el abogado Hayeck o tantos otros, estén en libertad, a pesar de que sus actos hayan supuesto para los fondos públicos una merma del dinero que tanta falta hacen y tanto se escatiman para las atenciones sociales. Hasta puedo llegar a aceptar que sujetos como el Bárcenas, el Rato o el Granados o el González o toda las insallas de Gürtel, Púnica, SGAE y demás puedan salir de la cárcel, pagando unas fianzas que no se entiende que pueda cubrirlas nadie que haya vivido de un sueldo, por magnífico que este sea, y, encima, después de que se les han embargado los bienes. Todo sea por aquello de "odia el delito y compadece al delincuente". Fuerte sarcasmo, tener que aplicar tan bella máxima a tan despreciable ralea.

Y no hablemos de tanta gente que se libra del rigor de la justicia por su alta condición, sea por herencia o por ganar elecciones con fondos del delito.

Lo que no puede entenderse, entonces, es porqué no se aplica el mismo principio garantista a otras personas detenidas -con sospechas, además, de condiciones vejatorias para su dignidad- por la única razón de intentar ejercer sus derechos ciudadanos. Y añadiré aquí el desprecio que me inspira el empeño de restarle a estas personas el carácter de presos políticos, con el falaz argumento de compararlos con los presos de Franco. Nadie pretende equiparar a las catalanas y catalanes en prisión  con tipos heroicos como Marcos Ana. Pero el sacrificio indudable de las presas y los presos de Franco no les hace ser las únicas personas presas por motivos políticos.

Cuando se les discute al vicepresident y conselleras y consellers del Govern laminado por el 155 la condición política, se aduce, con maldad manifiesta, solamente una de las condiciones establecidas por el Consejo de Europa, la segunda, que se refiere a la comisión de delitos "tipificados". Vale decir que la gente noble presa del franquismo transgredió leyes franquistas, se salió de la "legalidad" y fue condenada por unos tribunales "regulares". Pero no por ello dudamos que fuera por motivos políticos. Porque el Consejo de Europa cita otras condiciones, relativas a la desproporción o a los motivos de la detención y al desprecio de derechos fundamentales.

Estas personas entalegadas de manera exageradamente cruel han demostrado que ni pueden persistir en sus supuestos delitos, ni están en condiciones de eliminar prueba alguna ni abrigan intención de fuga, porque se entregaron voluntariamente. Solamente el rencor polìtico explica que se les mantenga en prisión.

Desde mi absoluta ignorancia del derecho común, pero no de los derechos humanos, no puedo entender que a unas personas presas en régimen preventivo, se les apliquen condiciones de prisión punitiva, como si estuvieran pagando pena después de una sentencia. Y ni siquiera entonces. Por ejemplo ¿en virtud de qué derecho se les reduce a la gente encarcelada las visitas familiares a una cada tres meses? No hay cabeza en que pueda caber semejante dureza.

Muchas juezas y muchos jueces están refutando las denuncias repetidas sobre la poca vigencia de la división de poderes en el estado español. Yo comprendo esta actitud corporativista. Pero los hechos están ahí, empezando por la absoluta ignorancia de ese principio democrático que supone que las personas que integran la fiscalía y los altos tribunales sean nombradas a dedo por el ejecutivo. De esa manera, ya lo he dicho muchas veces, el gobierno no necesita impartir instrucciones. Esas personas designadas saben perfectamente lo que tienen que hacer y para qué fueron nombradas.

Véase una muestra del día: "El Tribunal Superior de Justicia de Madrid impide que una comisión municipal investigue a Gallardón y Botella" lo publica EL BOLETÍN y es un ejemplo de los que se dan varios cada semana, de decisiones arbitrarias de apoyo a una parte.

En este estado que niega que existan personas presas políticas, una chica está en una prisión por una pintada denunciando el paro juvenil; y se encarcela a gente por canciones, chistes y tuits. Una clara persecución de la libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión o información, que contempla el Consejo de Europa para calificar una pena como política.

Y, mientras tanto, esta justicia que se muestra tan diligente y feroz con unos supuestos delitos marcados por una Constitución que tan poco se respeta en sus apartados fundamentales, esa mismísima justicia, contempla impasible y pasiva la acumulación de indicios que marcan que un partido gobierna merced a elecciones ganadas con campañas financiadas criminalmente y que sus dirigentes, del presidente para abajo, se han lucrado de fines ilícitos. Mucho más ilícitos, creo que yo, que celebrar un referéndum y hasta que proclamar una república.

Pienso yo que si hay algo inconstitucional y fuera de la legalidad, es robar. Y una justicia que no contempla eso, es que está fuera de quicio.

Lo escribe y ratifica

Chema Tante