En los últimos días, están teniendo lugar, en distintas capitales del Estado, múltiples actos de repulsa a la nueva posición del Gobierno español respecto al Sáhara.

Frente a las representaciones del gobierno del Estado español a lo largo y ancho del mismo se ha mostrado dicho rechazo al apoyo, del ejecutivo de coalición presidido por Pedro Sánchez, a una autonomía bajo soberanía marroquí frente al referéndum de autodeterminación que respaldan las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas desde finales de los años 70.

Sin duda, el gobierno de España se ha sometido al chantaje y la extorsión del rey de Marruecos, así como a las imposiciones de EEUU, y no ha sido consecuente con la opinión generalizada a favor de un Sáhara Libre de la sociedad española. El pueblo saharaui no va a renunciar a su legítima independencia y no serán decisiones como esta las que impidan tan noble voluntad y deseo.

Decisión que, por otro lado, no cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas y hace incurrir a España en una responsabilidad jurídica de carácter muy grave, dada su condición de potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, que le obliga a velar por la culminación del proceso de descolonización.

En las concentraciones se leyó un manifiesto donde se vuelve a reivindicar la vía pacífica de las urnas que tiene como única alternativa la guerra que de hecho se viene librando de nuevo desde noviembre de 2020. Ante dicha perspectiva está siendo manifiesta la solidaridad de los pueblos que integran el Estado español con el heroico pueblo saharaui, desde las movilizaciones que señalamos, hasta resoluciones como la aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado día 24 en la que se interesa al Gobierno de Canarias, «a instar, a su vez al Gobierno de España, a volver de manera inmediata a la posición histórica que los distintos gobiernos de España han mantenido sobre la soberanía del Sáhara Occidental, volviendo al marco de la legalidad internacional, respeto de las resoluciones de la ONU y exigencia de la celebración del referéndum de autodeterminación, garantizando el respeto a la democracia, los Derechos Humanos y la libertad del Pueblo Saharaui».

 

 

 

 

 

Gracias a HOJAS DE DEBATE y a la colaboración de Arturo Borges Álamo