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jueves, 28 de marzo de 2024 09:57h.

Santiago Pérez: “La actitud del juez Silva es incalificable porque tiene la obligación de tirar de la manta”

SB-Noticias.- El profesor de Derecho de la ULL y ex diputado autonómico, Santiago Pérez, valoró en La Trapera de Radio San Borondón las declaraciones del juez Elpidio Silva en las que sin ruborizarse dijo que “Si tiro de la manta, se generaría una situación institucional insostenible” y afirmó que la actitud del juez es incalificable dada su condición de juez, incluso si se hubiera tratado de un simple ciudadano.

Santiago Pérez: “La actitud del juez Silva es incalificable porque tiene la obligación de tirar de la manta”    

Afirma que es obligatorio que el juez diga las cosas que haya podido saber en sus investigaciones sobre corrupción

Audio de la entrevista 

SB-Noticias.- El profesor de Derecho de la ULL y ex diputado autonómico, Santiago Pérez, valoró en La Trapera de Radio San Borondón las declaraciones del juez Elpidio Silva en las que sin ruborizarse dijo que “Si tiro de la manta, se generaría una situación institucional insostenible” y afirmó que la actitud del juez es incalificable dada su condición de juez, incluso si se hubiera tratado de un simple ciudadano.

Es incalificable porque se trata de un juez, insistió Pérez, para quien es obligatorio que Silva diga las cosas que haya podido saber en sus investigaciones, porque la amenaza velada que ha lanzado es ilícita, porque hablamos de que tiene una sujeción muy estricta en el ordenamiento jurídico y a la propia Ley, de tal modo que eso que él entiende que crearía una situación institucional insostenible, que evidentemente es de una gravedad presumiblemente delictiva, hace que tenga la obligatoriedad de actuar.

Pérez rechaza que el juez Silva utilice los datos que tiene como una amenaza, por lo que insiste en que es difícilmente injustificable esa actitud del juez: “A mí me resulta difícilmente entendible que un juez se atreva a decir que si tira de la manta va a crear una situación institucional insostenible, porque la Ley en enjuiciamiento criminal es muy clara y él más que nadie tiene conocimiento de ello, por lo con hechos que puedan contener esa gravedad, con toda seguridad delictivos, tiene el deber de tirar de manta”.

El profesor de Derecho insiste en que hablamos de un deber muy estricto de “tirar de la manta” si tiene conocimiento de hechos delictivos a través de sus investigaciones: “Está en una situación de especial sometimiento al ordenamiento jurídico, dada su condición de juez”, tras lo que afirma que en España no cesan de pasar cosas realmente grotescas en el mundo de la Justicia, máxime en esta cuestión en donde se presuponen hechos delictivos de una gravedad muy grande.

LA PREVARICACIÓN ESTÁ EXTENDIDA EN LA VIDA INSTITUCIONAL DEL ARCHIPIÉLAGO

Sobre las afirmaciones esta semana en sede judicial del ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, abogado de uno de los acusados en el Caso Mamotreto, defendiendo que nunca había visto prevaricación, a Santiago Pérez le resulta increíble que trate de negar la existencia de ese delito, cuando en la vida institucional del archipiélago hay una práctica prevaricadora mucho más elevada de lo que cualquier estado de derecho puede metabolizar y tolerar, fundamentalmente porque la Administración pública disfruta de una posición jurídica privilegiada.

De este modo, el político tinerfeño indica que cuando el pleno de una entidad local toma una decisión, un alcalde dicta un decreto o una institución toma un acuerdo, ese acuerdo se presume legal y en consecuencia es ejecutable, además de ser ejecutable por la propia administración. Lo que ocurre es que la Administración española, en general la de toda Europa, es fruto de una tradición autoritaria y cuando se produjeron las revoluciones burguesas se dieron cuenta del fenomenal instrumento que se había ido formando con las monarquías absolutistas, que llegado el poder a sus manos preservaron una administración con todo su poder, simplemente condicionándola al sometimiento de la legalidad.

Hablamos por tanto de un aparato de poder espectacular, que además disfruta de un estatuto y de una situación jurídica prepotente, por lo que el principio de legalidad al que debe estar sometida toda administración está simplemente pendiente de que alguien recurra, con lo que si ese recurso no se produce hay muchas situaciones ilegales, muchas de las cuales reflejan una intención prevaricadora, que simplemente se aplican, sin más y para siempre.

“Supongamos que hubiera sido del caso Las Teresitas si un colectivo de ciudadanos no hubieran denunciado ese asunto ante la Fiscalía, siguiéndolo hasta el final, llevándolo al Tribunal Supremo, pues como lo planearon sus actores, se hubiera consumado impunemente un daño económico fraudulento espectacular a la Hacienda de Santa Cruz y a los intereses públicos de la ciudad”, dijo Pérez.

Afirma que quienes han ido adquiriendo “maestría” en estas cuestiones por sus largas etapas al frente del poder, han ido perfeccionando el estilo, de modo que “el maestro de ese perfeccionamiento y de toda esa cultura fue Zerolo” y lo hacía en primer lugar teniendo en situación precaria a funcionarios muy importantes de la entidad, secretarios e interventores, que tienen el deber de controlar la legalidad antes de que se tomen los acuerdos, teniéndolos como interinos y bajo la amenaza de destitución, para que hagan informes a la carta, como ocurrió por ejemplo en el caso Emmasa; para en segundo lugar, cuando obtienen los informes que quieren, pasar a usarlos como escudo, tanto ese informe como al propio funcionario que lo elaboró.