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viernes, 29 de marzo de 2024 10:20h.

Tamer Sarkis. Gestas y peligros: observaciones a "Testimonio y responsabilidad ante la historia", de Jorge Giordani

Sobre el repaso dado por el señor Giordani a los logros de la Revolución bolivariana

Tamer Sarkis. Gestas y peligros: observaciones a "Testimonio y responsabilidad ante la historia", de Jorge Giordani


Link a Testimonio y responsabilidad ante la historia, Jorge Giordani: http://www.aporrea.org/ideologia/a190011.html 

Gestas y peligros: observaciones hechas a los aspectos económicos del escrito

A. Sobre el repaso dado por el señor Giordani a los logros de la Revolución bolivariana:

1. Cambio de las condiciones materiales de existencia de los hasta entonces excluidos o pobres.

2. Desarticulación de la vieja maquinaria administrativo-política al servicio de las viejas clases dominantes. Lamentablemente, no podemos afirmar que, en su integridad estructural, las fuerzas bolivarianas detenten el Poder: Todavía debe culminarse su conquista. Veamos lo que sucede con el poder ideológico, porque, a nivel de prensa, hay en Venezuela, en el mejor de los casos, una situación de “doble poder” ideológico. ¿Y el poder judicial?: ¿no subsiste la oligarquía en la judicatura y Tribunales?. ¿Y el poder sindical como lobby al servicio de la vieja Aristocracia obrera que se niega a ver arrebatado su viejo status por políticas de equilibrio social favorables al proletariado y a las capas populares?. ¿Y en el poder formativo y de especialización?: ¿no subsisten acaso elementos departamentales ligados al viejo Poder por ejemplo en las facultades de Derecho, a pesar de los esfuerzos por regenerar el personal educativo con arreglo a los intereses del pueblo?.

3. Recuperación de PDVSA y de las concesiones petroleras.

4. Control del comercio exterior.

5. Apropiación del Banco Central. Lo importante es qué nueva función se le da; si va a ser agente financiero de inversión y con autonomía para condicionar el desarrollo operativo de los monopolios de Estado, o en cambio es transformado en lo que Lenin llamaba un intermediario entre el ahorro colectivo y la iniciativa individual. Por regla general, un ciudadano no puede ahorrar lo suficiente como para amortizar su potencial iniciativa económica, pero sí dispone, vía banco, de la capacidad ahorradora ciudadana general depositada, que queda (o debería quedar) a su disposición y a tipos de interés fluidos (es decir: amortizables a través del beneficio provisto por la actividad en cuestión, sin entorpecerla ni mermarla a ésta). Lo importante es que, en la medida de lo posible, la capitalización y re-capitalización de las funciones sociales de los nuevos monopolios estatalizados no dependa de la banca. Pero, al mismo tiempo y con templanza, bajo control, la banca debe actuar como “combustible” de capitalización de la economía. Con objeto de garantizar una banca para la economía y de vedar la fatal reconfiguración de una economía para la banca, debe proscribirse por Ley la centralización masiva discrecional de plusvalías industriales en las arcas del Banco Central. Es obvio que, en términos formales, la plusvalía dineralizada no puede hacer más que acumularse en la banca. Pero dicha banca no puede rebasar, en lo que a esto concierne, la estrecha función de ser depósito o fondo, despojada, por ende, de toda discrecionalidad de uso apropiativo de títulos empresariales.

6. Expropiación de la tierra al latifundio: Lo importante es asegurar que, al menos una porción de ese terreno total, permanezca unificada en lugar de fragmentada. “La tierra para el que la trabaja”, sí, pero, al mismo tiempo, debe guardarse una porción de la extensión total nacional trabajada, en obediencia a una lógica estatal de acumulación de Capital vía comercio agro-industrial. Eso previene respecto del riesgo de dependencia petrolera a efectos de acumulación de Capital.

En la propia 2ª República española, junto con el afloramiento de explotación parcelaria, la distribución del terreno en pequeñas propiedades, la independencia del productor individual..., la CNT-FAI se aseguró una masa de terreno puesto a funcionar en granjas colectivas o en grandes “colectividades”. La integración de la división social del trabajo en procesos unitarios agrarios, se demostraba superior, tal y como Marx había expuesto en El Capital. Siendo esto así, por ejemplo en Aragón el Consejo de Aragón regulaba la balanza entre el “respeto” ácrata profesado a la propiedad individual agraria y la necesaria integración “comunista libertaria” de fuerzas productivas. La racionalización productiva permitió acumular y destinar parte de esa acumulación a exportaciones competitivas -¡en plena guerra!-, ingresándose así una liquidez concentrada en el Banco Central y en parte revertida a importaciones imprescindibles. Por dar un ejemplo, en un año la producción de grano había aumentado un 40%. Disponiendo de ese plusproducto, la República podría haber afrontado perfectamente el pago de créditos de guerra, armamento, etc., pero Inglaterra y USA no dieron ocasión, pues sus créditos fueron para Franco y los “nacionales”, mientras con la URSS no hubo problema crediticio porque su internacionalismo llegó gratis.

La racionalización unificadora de la tierra y re-organizar la división del trabajo en su seno, son procesos que prefiguran el Modo de Producción comunista a la vez que -en el presente periodo- significan una ventaja comparativa inmensa en términos de rendimientos y de acumulación. Este objetivo, que debe ser prioritario en Agenda, se enfrenta a todas las ideologías y remakes proudhonianos tocantes a “la pequeña producción autónoma” y al “intercambio a discreción” entre “comunidades”, que, al reconstituir permanentemente la servidumbre a la competitividad mercantil, reconstituyen constantemente la ideología capitalista y enquistan en el campo las relaciones materiales capitalistas a superar. La propia ideología de la “austeridad productiva” y de la “auto-suficiencia” genera irremisiblemente “su contrario”, en la medida en que la independencia de célula rural se revela pura fantasía y sus componentes pasan a cobrar percepción de que, para el auto-sostenimiento, deben asegurar ingresos vía eficiencia y maximización de rendimientos, pero en descoordinación y negociación respecto de las demás Unidades productivas.

La alternativa en el campo, es pues, la gran Unidad productiva racionalizada y atenta a un Plan, donde las necesidades sociales presidan la actividad del sector. Esto no significa, ni muchísimo menos, el abandono de la comuna, sino, al revés, la elevación de la comuna a servir a la lógica de la Totalidad (que la integra a ella), dejando de servirse a sí misma y de reproducir las condiciones de su propia separación social. La tendencia procesual debe ser: “La tierra para la sociedad”, en lugar de “La tierra para el que la trabaja”. La tierra debe ir convirtiéndose en factor social de producción y, en tal sentido, la jurisdicción nacional deberá recoger y aplicar progresivamente el Principio de proscripción al manejo privativo del fruto del plustrabajo (sea en concepto de plusproducto o de plusvalía dineralizada) por parte de individuos o de grupos concretos, incluidos los trabajadores agrarios directos. Pues el Horizonte ideal hacia el que caminar es la pertenencia de la totalidad de factores productivos a la Totalidad social. 

7. La sintonización de las comunicaciones con el proceso revolucionario. Eso (y no solamente en el terreno de la prensa, sino en todo terreno) es incompatible con las ideologías de la inercia (derivadas del sindicalismo, del liberalismo, del evolucionismo, del mecanicismo y del espontaneísmo) presidiendo Líneas políticas de “tolerancia” o de “coexistencia” con lo viejo. Se piensa que, ganando la fuerza democrática y reduciendo de forma imparable el rol social del viejo tejido económico, organizativo, ideológico..., éste quedará sin suelo social real para su propia alimentación y aplicación, lo que le llevará a disolverse hasta caer. Así pensaban los sindicalistas revolucionarios franceses de principios del siglo XX.

Tal pensamiento es erróneo: el proceso revolucionario no puede pensar en perspectivas de “coexistencia transitoria” con lo viejo -en una especie de relación de competencia por ganar la realidad social-, pues eso significa dotar a lo viejo de una condición política (viejo poder). La cara simétrica indisociable del desarrollo propio como Nuevo Poder es la destrucción de los viejos actores políticos. No hay avance en la puesta de los medios de prensa al servicio del pueblo, sin la implementación de la premisa clásica de Lenin: “La libertad de expresión empieza donde acaba la libertad de prensa”. No se puede hablar, en términos de perspectiva, de hegemonía/ subalternidad cuando el viejo sistema económico, político e ideológico subalternizado (o supuestamente subalternizado) posee una naturaleza totalitaria.

8. Maquinaria productiva de Estado garantizadora de los factores materiales básicos para la reproducción social (abastecimientos, subsistencia, mantenimientos, exportaciones de alto plusvalor con vistas a la inversión social de la acumulación). Para ello es necesario fortalecer el Estado, pero dicho proceso atento a una dialéctica rectora: fortalecer el Estado a fin de asegurar su rendimiento como medio hacia la “socialización civil” de relaciones productivas. El Estado asegura unas condiciones sociales de existencia que dejen a la sociedad en posición de “recoger el testigo” de las relaciones de producción e ir comunizándolas, proceso que, dialécticamente, va sustituyendo al Estado por la “administración de las cosas”. La estatalización es fortalecida y debe serlo, pero en clave de mejor servir a su propio cometido de preparar las fuerzas productivas y la Fuerza de Trabajo en clave de socialización. “Donde hay Estado, no existe libertad. Donde existe libertad, no hay Estado” (V. I. Lenin).

B. En lo que se refiere a la subvención estatal de productos básicos y de servicios, transportes, etc.

Se ve muy bien la medida, y de hecho está muy bien. Pero aquí la contradicción reside en las condiciones de mantenimiento del Fondo de subvención mismo. Las mercancías y recursos domésticos, de transporte, etc., son valores de cambio (pues la economía mercantil, del intercambio, obviamente, no ha sido superada hoy ni en Venezuela ni en lugar alguno). Se trata de valores de cambio que incorporan coste de producción + Valor añadido por la incidencia del trabajo vivo productivo. Si el Estado distribuye este producto social por debajo de su Valor, que él suple (subvenciones), esto no significa que el Estado haya dejado de hacer el desembolso íntegro por el Valor real. No en vano, el mismo Estado ha tenido que amortizar todo el proceso productivo intermedio y a los agentes ocasionales que puedan haber intervenido en esa cadena de compra-ventas de inputs o factores de producción que componen el producto final. En otras palabras: hay un producto social objetivado en el Estado, que está amortizando el diferencial entre Valor y precio final. No hay problema con ello, en un contexto de diversificación productiva que signifique generación de Valor, centralización en el Estado y redistribución social de esa riqueza (sin ir más lejos, vía subvenciones, entre otros conductos). 

Pero claro: si la “burla” que a la Ley del Valor representa subvencionar, no se compensa con producción de Valor real, el Estado estará asumiendo la reposición de cada vez más Valor mediante un Valor no generado socialmente, y que, por tanto, tiene a la fuerza que asumir una forma “virtual” (empréstitos, endeudamiento con el propio Banco Central o con terceros...). El mejor modo de confrontar los problemas de solvencia pública portados por las subvenciones, es una política económica centrada en generar riqueza y empleo, y en la distribución social de la riqueza, de manera que sea constituida una sociedad solvente, más que un Estado delicadamente “solvente” supliendo el déficit de solvencia.

C. En lo que se refiere a mantener la tasa de cambio en sentido reductor de las exportaciones de la economía privada, ya limitadas de por sí 

Eso es un craso error: porque la contradicción principal en ese periodo del proceso no es el hecho de “la economía privada” como agente económico. Esa economía, en efecto, debe ser “des-privatizada” centralizando en el Estado parte de la ganancia. Pero, en tanto que actor económico, no se le puede desecar. Al revés: si partimos de la Política gobernando sobre la economía, el desarrollo y proliferación de la economía beneficia a la sociedad, vía gravámenes practicados por el Estado sobre las empresas, y, dialécticamente, el desarrollo social beneficia (hasta cierto punto) las perspectivas de esa burguesía pequeña y media.

La cuestión correcta no es ahogar las perspectivas de exportación tratando de incrementar el peso específico monetario, para así artificialmente encarrilar la producción y la distribución hacia un mercado nacional interno en edificación. Porque, además, el mercado interno no va a florecer por Decreto. Lo único que se consigue sustituyendo artificialmente las exportaciones, es mermar la productividad y la misma iniciativa empresarial, hecho que pone a la burguesía media en vías de degeneración hacia el rentismo, el inversionismo bursátil y el inmovilismo bancario de caudales y depósitos. Por si fuera poco, esto mismo encamina a esa burguesía nacional media a posicionarse del lado de los reductos oligárquicos, respecto de los que pasa a depender al volverse “especulativa”. Esto resulta contraproducente a la línea revolucionaria de alianzas, que debe consistir en unir todo lo unible contra el imperialismo y sus clases-enlace internas parasitarias.

Para terminar con el asunto, debo decir que “robustecer” el valor monetario con vistas a inhibir la actividad exportadora tiene las patas cortas. Como (ya lo hemos explicado) la inhibición de exportaciones se transforma en inhibición de la misma actividad productiva, el PIB crece menos de lo previsto y eso devalúa inmediatamente la moneda, con las consecuencias evidentes en relación a las paridades de cambio comercial internacional y, más importante, en relación a la inflación, que deprime el consumo y en tal medida lesiona precisamente aquel proyecto-raíz de desarrollo de mercado interno a través de intervención monetaria.

D. Petróleo e inflación

Ambos factores se hallan estrechamente ligados entre sí: la dependencia de ingresos respecto del desarrollo petrolero significa un descuido relativo de lo que Correa llama “la matriz de diversificación productiva”. Habida una masa monetaria X en circulación, el descuido de la diversificación significa > Valor respecto de la masa monetaria generada y puesta en circulación, = devaluación y, en tal medida, = inflación. Ésta y no otra es la contradicción principal inscrita a la riqueza nacional en petróleo: devenir “república petrolera”. Parafraseando al mismo Correa, podríamos decir que el petróleo es un mal amo y un excelente siervo. En otras palabras: el problema no reside en una hipotética “monstruización” del sector petrolero bajo la forma de un “monopolio titánico” que presuntamente se auto-erigiera en condición de “poder fáctico” haciendo primar sus propios intereses de institución y de clase (la Aristocracia obrera, sindicada y compuesta por trabajadores especializados y por Cuadros y técnicos, más la burguesía burocrática de Directivos y tecnocracia). Este problema, con el que hay que lidiar, es una contradicción de orden político, que no se deduce de la naturaleza económica del monopolio petrolero.

Es pequeñoburguesa la concepción relativa a una “maldad” y “perjudicialidad” intrínsecas al monopolioper se. La revolución no es alérgica al monopolio; todo lo contrario. Porque la cuestión es qué función social se le define al monopolio. En el caso del petróleo, la función es clara y doble: 1) Ser un excelente vector de acumulación de Valor, a re-invertir en el desarrollo del sector secundario (industrial). 2) Abaratar los costes de multitud de factores productivos y materias transformables, que se extraen precisamente de procesos de síntesis petrolera, y que desempeñan un lugar central en la composición de mercancías (el paradigma son los materiales plásticos).

En la noche oscura de la crítica pequeñoburguesa de raíz proudhoniana al monopolio, “todos los gatos son pardos”: se trata de una crítica abstracta, hecha al “Monopolio” (metafísico). La cuestión es distinguir -y antagonizar tanto en el plano conceptual como en el plano procesual revolucionario en que se está inmerso- entre el monopolio en la lógica de la finanza (y en la del Estado de la finanza) y el monopolio precisamente en clave de librar al desarrollo económico y a la inversión respecto del condicionamiento financiero. La noche y el día. La crítica política a los intereses corporativos contrarrevolucionarios que están determinados a desarrollarse en el seno de los monopolios de Estado y entre sus agentes, es una cuestión de control, de vigilancia y de seguridad nacional y revolucionaria. Pero ello no comporta cuestionar siquiera un ápice el rol económico -progresivo- del monopolio en clave de financiar las condiciones materiales y los equipamientos necesarios al pueblo para que éste pueda ir asumiendo propiedad real (adueñamiento) de la vida productiva.

E. El documento redactado por el señor Giordani (abril-agosto de 2013), llevó por título De la Planificación imposible a la Improvisación permanente: retos y desafíos del proceso bolivariano

Da con los puntos principales del desarrollo planificado, pero a condición de puntualizar lo siguiente:

Planificar, como formalidad de método, no es en sí la Clave de nada. Planificar, desde un Horizonte socialista, significa vincular en sentido orgánico las capacidades de las partes y fuerzas sociales y productivas, con las necesidades de la Totalidad. La racionalidad finalista de lo concreto deja de ser lo concreto (perspectiva que tarde o temprano afianza la economía de empresa, aunque se la llame “cooperativa”, “comuna” o “comunidad”), y pasa a apuntar hacia lo general. Y, dialécticamente, ese desarrollo de la Totalidad brinda la posibilidad material para la realización de sus elementos componentes. Liquidar el antagonismo entre lo concreto y lo general es el axioma que preside el ejercicio de planificar. Por consiguiente, planificar no es someter a los actores recortándolos por el patrón de la dirección centralizada de procesos. Al revés: ¡toda la auto-gestión para el proceso!. Pues aquello que la dirección centralizada dictamina es la perspectiva y el Horizonte.

Este razonamiento contiene su corolario dialéctico: la auto-gestión generalizada lo es respecto de unproyecto definido; no se trata de auto-gestionar una contingencia a definir según consensos “democráticos” basculantes, donde las correlaciones de fuerza y, en tal medida, la formulación de premisas subjetivas, reemplazaran a los Principios objetivos descubiertos (fijados por la toma de consciencia del curso histórico). Dicho de otro modo, y por dar un ejemplo: el plano de la auto-gestión popular debe ocuparse del proceso de des-parcelización de la tierra (de su comunización), ideándolo y realizándolo, procurando su avance en lo concreto. Pero jamás puede someterse a auto-gestión el hecho de valorar el Sentido de la des-parcelización en sí de las Unidades productivas agrarias, ni de “revisar” su trascendencia para el curso revolucionario. Pues situar la auto-gestión a ese nivel supondría la paradoja de empoderar a la sociedad para una auto-gestión involutiva o incluso liquidacionista del proceso revolucionario.

Tampoco se trata de convertirse en paladín de “la democracia” en abstracto. La presunción de que los organismos sociales reivindicativos y de expresión, por defecto poseen carácter popular, es una presunción falsa. Por ejemplo, en el contexto de los monopolios de Estado, las grandes centrales sindicales representan los intereses de la Aristocracia obrera, y, en tal medida, se oponen a las medidas igualitaristas introducidas desde el momento en que beneficiar al conjunto del proletariado lesiona sus intereses particulares de capa, sus prebendas, patrimonio y estatutos diferenciales. Salen entonces a la calle contra el Gobierno, clamando “democracia” para “los trabajadores” (en abstracto: Categoría “laboral” general bajo la que auto-camuflan su propia condición aristobrera). La democracia se ubica siempre en un marco social de composición clasista compleja: la “democracia social” para todos no existe. La democracia para el proletariado es dialécticamente una dictadura perjudicial a otras capas y clases, incluso dentro del campo del “asalariado” formal.

F. Las actuales medidas de devaluación monetaria emprendidas (cuando por tiempo “la panacea” se cifró en todo lo contrario), demuestran cómo el callejón a que conduce la ausencia de diversificación productiva y, en tal sentido, de Valorización real, abocan a la filigrana contradictoria; al vaivén de equilibrio sobre la cuerda floja. Ni antes la cuestión fue mantener la paridad monetaria, ni ahora la cuestión es devaluar. La cuestión es orientar la devaluación a armar un sector potente de exportaciones, que de rebote, acumulando de modo rentable, quede situado en condiciones materiales para re-invertir en consolidar un tejido productivo satisfactorio de la demanda nacional interna. Si devalúas y continúas teniendo que importar gran parte de lo que se pone en el mercado, el déficit comercial erosiona el presupuesto estatal, mientras la cesta de la compra se pone cara.

G. En lo que a control de la corrupción se refiere, hay que partir de una concepción materialista dialéctica de la corrupción, percibiéndola en términos de lucha de clases. Hay, así, que huir de las “explicaciones” fundamentadas en “la psicología humana”, “la condición humana”, “la oportunidad”, “el poder corrompe”, “la educación cívica”, “la conciencia”, etc. El proceso revolucionario, al desarrollar en sociedad nuevas relaciones materiales al tiempo que desarrolla medios materiales con que abastecer a esas relaciones nuevas y darles operatividad, por fuerza desarrolla también los actores sociales especialistas en tal implementación. Esta correlación entre desarrollo material y producción de burocracia, de expertos, de Cuadros estatales, de profesionales cualificados, etc., es una constante en la historia. En España, sin ir más lejos, mientras reinaron los Austrias lo que reinaba en el país era la Edad Media. En consonancia, el personal administrativo era poco más que una Corte, Cortes regionales, Virreyes y recaudadores. La superestructura político-institucional era el correlato de una base de relaciones económicas carentes de mercado más allá de lo local, y eso apenas. Más tarde, la entronización borbónica, por ser la extensificación del capitalismo mercantil en España (y de su funcional desarrollo de infraestructuras), trajo la concentración de la burocracia, su incremento y extensificación competencial y política. ¡Ni hablar ya de ese “tercer estadio” caracterizado por la construcción isabelina del Estado liberal!: si los funcionarios de la Administración no habían pasado de pocos miles con Fernando VII, la “racionalización administrativa” protagonizada por su hija ampliará la burocracia y elevará la cifra de trabajadores estatales a muchas decenas de miles.

En Venezuela, igual que en todo proceso histórico de transformación cualitativa, la complejidad y ambición de funciones albergada produce su propia necesidad de burocracia. Esto es ineludible y en sí no es indeseable. Por supuesto, tal burocracia tiende a auto-constituirse en clase, en la medida en que la propia división social del trabajo la ubica a ella en una posición de acceso y de discrecionalidad diferenciales sobre las plusvalías sociales y su uso. Y, esta auto-constitución objetiva como clase (la obtención de una posición diferencial derivada de la propia función útil específica) tarde o temprano genera en ella una auto-conciencia como clase, de sus intereses, de las condiciones óptimas para su auto-reproducción posicional, de los resortes de presión en sus manos, etc. “Educar”, “inyectar conciencia social” en el cuadro administrativo, en el burócrata..., no deja de ser útil, pero no es el punto. Pues dichos elementos conforman una clase dotada de intereses distintos -y antagónicos- al proceso popular, que además no pueden conciliarse.

Se trata, en cambio, de educar al Pueblo en la conciencia de que, inextricablemente al propio desarrollo revolucionario, han emergido nuevas clases y nuevas relaciones antagónicas entre las clases. Y no se trata solamente de concienciarle en su cabeza, sino, más profundamente, de articular mecanismos jurídicos y prácticos de control político popular sobre la nueva clase (o nomenklatura). La corrupción no es cosa de “individuos corruptos”, sino manifestación de la lucha de clases, que prosigue en el seno del propio Estado popular revolucionario tanto como en las relaciones de sus partes y estancias con el Pueblo organizador de su propia auto-trascendencia socio-histórica.

 

Tamer Sarkis Fernández,

CAI (Catalunya)

En Barcelona, 7 de julio de 2014