Tal cómo habíamos previsto, la Asociación de Niños Peregrinos – DENIPER, la Asociación por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo y la Plataforma por la Dignidad, celebramos hoy viernes en Santa Cruz de Tenerife rueda de prensa con carácter de urgencia para denunciar la situación a la que están llevando nuestras Administraciones Públicas a muchas familias y madres en situación precaria con menores a cargo, hasta el extremo de suicidarse, como le sucedió a Raquel, madre grancanaria de 24 años que se quitó la vida a mediados de agosto, por no poder soportar la presión y la angustia de ver qué le podían quitar a sus hijos. 

De entrada agradecer a los medios que asistieron al evento para cubrirlo, porque entendemos que pocos temas puede haber más importantes que este hoy en Canarias. Agradecer también la valentía y el coraje del padre de Raquel, que hizo un esfuerzo para venir desde Gran Canaria y otro aún mayor para contar cómo era su hija y no derrumbarse por el dolor. 

Dicho esto, se nos hace complicado resumir todo lo que se ha dicho hoy en la rueda de prensa en una pequeña nota de prensa, así que nos ceñiremos a lo esencial, la información que no ofrece dudas.

Y es una realidad manifiesta que verificamos desde hace tiempo en la Plataforma por la Dignidad, que son muchas las madres y familias de Canarias en situación precaria con niños menores a cargo, sin ingresos o con ingresos mínimos, que vienen a pedirnos ayuda a nosotros, que no presentan síntoma alguno de que pudieran ser malas madres o padres, siendo su situación únicamente de índole económico, y que nos refieren que no van a las Unidades de Trabajo Social a pedir ayuda por miedo, porque a menudo les sueltan el comentario de "ten cuidado porque te pueden quitar a los niños" o se les abre expediente de riesgo.

Esta situación da lugar a que algunas madres, como Raquel, no lo puedan soportar y acaben quitándose la vida. Sin embargo, observamos las Leyes nacionales e internacionales, y en todas ellas se hace mención especial al interés superior del menor por encima de cualquier otro interés, siendo ese interés superior siempre en primera instancia que el menor pueda crecer con su padre y su madre. En concreto, podemos citar la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, vigente en la actualidad en toda España, que en su Artículo 2, Principios Generales, dice lo siguiente: En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

 Esta Ley en su Artículo 10, Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos,dice lo siguiente:

1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos y que se garantice su respeto.

2. Para la defensa y garantía de sus derechos el menor puede, entre otras cosas: Solicitar los recursos sociales disponibles de las Administraciones públicas.

La La misma Ley, en su Artículo 11, Principios rectores de la acción administrativa, dice lo siguiente:

1. Las Administraciones públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos (…)

Se impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podrá quedar afectado por falta de recursos sociales básicos.

2. Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos, los siguientes:

a) La supremacía del interés del menor.

b) El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen salvo que no sea conveniente para su interés.

c) Su integración familiar y social.

d) La prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.

e) Sensibilizar a la población ante situaciones de indefensión del menor.

f) Promover la participación y la solidaridad social.

g) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas.

Luego, la Ley parece clara, el interés primero del menor es vivir con sus padres, y la Administración no puede privar al menor de ese derecho por falta de recursos sociales básicos de su familia. Dicho con otras palabras: La Ley deja bien claro que en casos como los de Raquel y otros tantos, cuando son menores de familias en situación precaria, la Administración debe ayudar económicamente a esa familia, en lugar de asustar o abrir expedientes de riesgo.  

Y esta claro pues que en el caso de Raquel y de sus hijos, no ha primado el interés superior de los menores, porque no es interés de ningún menor quedarse sin madre para el resto de la vida.

Como también fue claro el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuando hace unos meses condenó a España por retirar un menor a una madre precaria que acudió a los Servicios Sociales a pedir una ayuda (pinchar en el enlace: http://www.publico.es/espana/457427/condenan-a-espana-por-quitarle-la-hija-a-una-indigente-que-fue-a-buscar-trabajo ), en prueba evidente de que no se están haciendo las cosas bien.

También son claros los datos que hablan de un aumento de los casos de suicidios, en la provincia de Las Palmas por ejemplo, dicho por los propios forenses, en 2012 fueron 137 casos, casi uno cada dos días (pinchar en el enlace: http://www.laprovincia.es/sociedad/2013/03/09/forenses-alertan-incremento-suicidios-gran-canaria-2012/518805.html )

Y también es clara la contradicción y el absurdo que resulta, cuando se olvida lo que dicen los artículos antes citados de la Ley de Protección Jurídica del Menor y no se ayuda a las familias con menores en situación precaria cuando aún la familia está unida, y en cambio gastan luego casi 4000 euros al mes de dinero público por cada menor que pasa a ser tutelado por la Administración en un centro o en una ONG, tal cómo anunció el Cabildo de Tenerife y publicaba El Día en su versión impresa de fecha 20 de junio de este año. 

Con todo esto, no podemos más que anunciar que vamos a seguir adelante con las denuncias, las informaciones, los escritos y las acciones en defensa de las familias precarias y de los niños que ninguna culpa tienen, ante organismos autonómicos, estatales e internacionales. 

De entrada el próximo martes a las 13.00 horas acudiremos al Parlamento en reunión con miembros de la Comisión de Asuntos Sociales donde les plantearemos el asunto y las medidas inmediatas que creemos se deben tomar, entre las que entendemos que deben estar las siguientes:

-Que se dicte orden expresa desde el Gobierno de Canarias a todos los Ayuntamientos y Cabildos, para que bajo ningún concepto se le advierta o comente a ninguna madre del peligro que corren de perder a sus hijos ante una situación económica complicada.

-Que cualquier comunicación, comentario, información, advertencia o requerimiento que se deba hacer a una madre o familia precaria por cualquier asunto directa o indirectamente relacionado con sus hijos se haga por escrito con acuse de recibo.

-Que se someta a un cercano seguimiento médico y psicólogo a cualquier madre o familia a la que se le inicie un expediente de riesgo por sus hijos, para que puedan estar perfectamente informadas de todo y se puedan prevenir posibles conductas suicidas motivadas por la desesperación. 

-Que se acepten en los procedimientos de declaración de riesgo y desamparo los informes de los facultativos psicológicos y médicos que puedan aportar las familias afectadas.

-Que atendiendo a lo que dice la L. O. de Protección Jurídica del Menor, se tramite de urgencia y sin excepción la Prestación Canaria de Inserción (PCI) a toda familia canaria con menores a cargo que no esté cobrando ningún tipo de prestación o ayuda, para lo cual, lógicamente, el Gobierno de Canarias debería ampliar considerablemente la partida presupuestaria destinada a esta prestación, en la actualidad ridícula si la comparamos con los indicadores sociales que arrastra Canarias o con la cuantía que se da para esta ayuda en otras CCAA.  

Dicho todo esto, sólo nos queda vamos a seguir estando los tres colectivos disponibles para las familias que pasen por situaciones como las que hemos relatado, asesorando, acompañando y apoyando, y con tal objetivo en próximas semanas celebraremos una jornada abierta donde se hablará de toda esta problemática de manera más detallada y menos emotiva que hoy, y a la que se invitará a todos los actores sociales, sindicales y políticos, muchos de los cuales parecen estar al margen de estas cuestiones tan graves, para intentar entre todos mejorar las cosas. 

Adjuntamos foto de la mesa que habló hoy en la rueda de prensa, de derecha a izquierda: Ana Mendoza, Presidenta de la Asociación por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, Juan Ramón, padre de Raquel, Eloy Cuadra, portavoz de la Plataforma por la Dignidad y Elsa Baute, Presidenta de la Asociación de Niños Peregrinos - DENIPER. 

        Un 13 de septiembre de 2013, en Santa Cruz de Tenerife. 

Asociación de Niños Peregrinos – DENIPER

Asociación por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo 

Plataforma por la Dignidad