PRENSA CANARIA DEL 17-10-18

 

Debate presupuestario, cita de Clavijo con Sánchez, reprobación de Cristina Valido. Adrián Mendoza, expedientado. Constructoras pilladas. Emalsa. Dependencia. Pobreza y exclusión. Trabajadores, sin empleo, sin aviso. Juicios a cargos públicos. Huelga de funcionarios de prisiones.

 

DEBATE PARLAMENTARIO

La Provincia, La Opinión: “Clavijo confirma que habrá rebaja fiscal en los nuevos presupuestos”.

Canarias 7: “Valido, reprobada por la dependencia”. “Confianza en la reunión con Sánchez”.

El Día: “Clavijo confirma la rebaja fiscal, pero la condiciona a la negociación”.

Diario de Avisos: “El Gobierno canario abre expediente al ex vice consejero Adrián Mendoza”. “Clavijo afronta su reunión con Sánchez “aliviado” por el Estatuto y el REF”.

 

Ayer, en el Parlamento, Clavijo confirmó que habrá rebaja fiscal en los presupuestos de 2019. Las cuentas incorporarán un alivio de la presión fiscal, pero no explicó cómo se articulará y si la reducción afectará al Impuesto General Indirecto Canario, (IGIC), como exige el PP para darle su apoyo.

Afirma que la rebaja depende de las negociaciones con los grupos parlamentarios. Criticó que el PSOE no haya hecho ninguna propuesta en la ronda de contactos con los grupos. Apeló al diálogo.

El PP insiste en la rebaja fiscal y pidió el fortalecimiento de  la financiación de los servicios públicos esenciales y la congelación del gasto de la Administración.

Dolores Corujo, del PSOE, criticó que Clavijo no aclare su postura sobre la bajada del IGIC en las cuentas de 2019 y se pregunta donde dejará de gastar el Gobierno para contentar al PP ¿en Sanidad, en Educación, en dependencia? Clavijo respondió con que Sánchez no ha contestado a la propuesta en junio de poder gastar el superávit de 598 millones y que antes de dejárselos a los bancos lo devuelve en forma de rebaja de impuestos.

Luis Campos, de NC, señaló que la imposibilidad de invertir  el superávit en servicios esenciales se convierte en una razón de más para no rebajar el IGIC.

Sobre las tensiones entre el Ejecutivo estatal y el Gobierno canario, Clavijo hizo referencia a los convenios pendientes de firmar, o al desencuentro sobre la inmigración ilegal. CC, PP y ASG pidieron que en la entrevista del 25 de este mes se cierren los convenios. PSOE, Podemos y NC criticaron la estrategia de enfrentamientos y el acercamiento al PP.

En el pleno, el PSOE pidió la reprobación de la consejera Cristina Valido, por la situación de la dependencia. Toda la oposición exceptuada ASG pidió su cese inmediato.

Pedro Ortega, consejero de Industria, compareció para dar cuenta de la situación del ex vice  consejero de Industria y Energía que, contraviniendo la Ley de de Incompatibilidades simultaneó su cargo con la dirección de una empresa de renovables. Cesado el 25 de diciembre de 2017, creó otra empresa de renovables el  31 de julio de este año, sin transcurrir los dos años preceptivos. Se le ha abierto expediente y puede ser sancionado con multa e inhabilitación de 3 a 10 años.

 

CONSTRUCTORAS Y SAQUEO DE FONDOS PÚBLICOS

La Provincia, La Opinión: “Las constructoras inflaron un 46% el presupuesto de obras en el Puerto”.

Se trata, entre otras, de FCC, que, mediante empresas creadas para ello, a veces sin actividad ni empleados, justificaban gastos mediante facturas falsas o inflando precios de compra. Parte del dinero se destinaba a la compra de obras de arte, como forma de blanqueo. Se llegaron a invertir  en dichas compras hasta 850.000€ anuales.

El caso, investigado por la Agencia Tributaria y la UDEF de la Policía Nacional ha dado ya lugar a que el juez instructor ordene la custodia de las obras de arte.

 

EMALSA

La Provincia: “Sacyr creó Nuinsa y la vendió a Saur en un mes para eludir el derecho de tanteo de la ciudad”.

Canarias 7: “El tripartito judicializa el cambio de Emalsa”.

El informe jurídico municipal encargado por el alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo, sobre la venta de acciones de Valoriza, de la empresa municipal de aguas Emalsa, propiedad de Sacyr, cree que el objetivo era enmascarar con la operación la venta del 33% de las acciones de Emalsa, dando lugar a que el inversor controlase el  66% de las acciones. Se obviaba así el derecho de tanteo del Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha denunciado el caso. Su pretensión habría sido adquirir el 17% para conseguir la mayoría de las acciones. Ahora se abrirá un largo procedimiento judicial, que podría dar lugar a la remunicipalización de la empresa.

 

DEPENDENCIA

La Provincia: “Un tercio de las personas dependientes se encuentran a la espera de recibir la ayuda”.

Estudios estadísticos del IMSERSO, (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), expuestos en el Congreso sobre Atención a la Dependencia en Canarias, registran 30.921 con derecho a prestación. 9.713 aguardan por su Plan Individual de Atención (PIA).

Cristina Valido, consejera de Políticas Sociales, asistente al congreso declaró en su intervención que Canarias lleva 10 años de retraso en políticas sociales, pero que en los últimos tres años se han incorporado al sistema el mismo número de personas que en toda la década anterior.

Da cifras de incorporaciones en los tres años, número de personas que reciben atención según grado de dependencia y diferencia con la media estatal, que sigue siendo muy alta.

Da también cuenta de proyectos, de aumento de gasto en nóminas a dependientes, de convenios con los cabildos, de la revisión en 2020 del modelo sanitario, con el que se crearán 4.000 plazas.

Nuestro comentario: No se supera el retraso con el resto del Estado. El reconocimiento de la situación anterior imposible de negar, responsabilidad de CC, no es excusa para que CC siga escatimando medios, mientras crece la oferta privada de atención a dependientes. Ahí está el secreto del retraso: convertir la atención a la dependencia en un negocio, en el que la Administración cede buena parte de la gestión de servicios y subvenciona a las empresas.

 

POBREZA Y EXCLUSIÓN

Canarias 7: “Canarias, con el mayor índice de pobreza severa”.

El Día: “La población en riesgo de pobreza baja, pero está en peor situación”. “El Cabildo retirará 27 millones del Santander  y el Ayuntamiento 2, por las familias de Añaza”.

Diario de Avisos: “Casi uno de cada tres españoles se encuentran en riesgo de pobreza”. “El Santander pretende echar hoy de su casa de Añaza a Valeria y a su hijo”.

La Opinión: “El Ayuntamiento y  el Cabildo retiran 29 millones de las cuentas del Santander”.

 

Según el Informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, (EAPN) en el Estado español sus cifras, presentadas ayer en el Senado, con motivos de la conmemoración, hoy, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, apoyado en el indicador AROPE, que se basa en tres variables: tasa de riesgo de pobreza, (no alcanzar el 60% del salario medio), baja intensidad de empleo, pobreza material severa( no disponer de recursos para alquiler, calefacción, semana de vacaciones), el riesgo de pobreza en el Estado abarca casi 1/3 de la población.

Hay una clara diferencia de riesgo entre comunidades autónomas del norte y el sur del territorio, siendo más alta en las comunidades del sur. Por otra parte, las diferencias han subido en los dos últimos años registrados, 2017 con respecto a 2016.

Canarias, con el 40,2% de la población, y Extremadura, con el 44,3% son las comunidades con mayor riesgo. 11 regiones están por encima de la media estatal. Por otra parte, las comunidades que tienen más del 9% de pobreza severa son Canarias, Andalucía y Valencia.

Nuestro comentario: Se parte de una situación social anterior a la crisis de en el sur de  mercado laboral de bajos salarios, rotación de empleo frecuente, trabajo a tiempo parcial. En la crisis, en estas regiones ha aumentado fuertemente el paro, la pobreza y la exclusión. No es un fenómeno natural. Se debe a la estructura económica y a la acción del Estado en beneficio del empresariado a costa de la mayoría social.

El caso de Añaza. Una vecina puede ser desahuciada hoy por impago de alquiler. Activistas sociales han llamado a concentrarse. El Ayuntamiento presentará un escrito en el Juzgado para suspender o aplazar el lanzamiento.

 

TRABAJADORES, A LA CALLE, SIN AVISO

El Día: “El cierre de Dania Park deja a 54 personas en un limbo laboral”.

Diario de Avisos: “Unas 100 personas exigen que “abran las puertas” del hotel Dania”.

La Opinión: “Los 54 empleados del Dania Park se quedan en la calle sin cobertura social”.

Convocados por UGT, un centenar de personas se concentraron ayer  a las puertas del hotel Dania,        que cerró ayer, sin previo aviso a los trabajadores, y sin enviar carta de despido.

La empresa propietaria, Valle Orotava, había arrendado por cinco años la explotación del hotel por cinco años a la empresa Elegance, subrogando a los empleados. El contrato que vencía ayer.

Valle Orotava, por lo visto, no se considera responsable de los trabajadores, no da aviso, ni carta de despido. Así, los trabajadores no disponen de documentación para solicitar subsidio de paro.

Los trabajadores piden el apoyo de la Administración.

Por lo visto, la empresa propietaria ha solicitado al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz licencias de obras para hacer reformas, y no tiene interés  en admitir la relación con sus antiguos empleados.

Nuestro comentario: Aplicar sanciones económicas y penales podría hacer que se lo pensasen dos veces. Mejor, encontrarse con protesta obrera masiva.

 

HUELGA DE FUNCIONARIOS DE PRISIONES

La Opinión: “Los funcionarios de prisiones, en pié de guerra contra el “abandono” institucional”.

Ante el incumplimiento de promesas, los funcionario de prisiones, en Tenerife y en otras cárceles, se declaran en huelga los días 24 y 26 de este mes y el 6,8,13 y 15 del próximo, reclamando aumento salarial, aumento de plantilla y ser considerados agentes de la autoridad.

 

JUICIOS A CARGOS PÚBLICOS

El Día: “El Supremo reduce las penas de prisión cohecho a cinco condenados”. “La Fiscalía pide tres años de cárcel y 14 de inhabilitación para Gorrín”.

Diario de Avisos: “El Supremo absuelve a uno de los acusados por el caso Arona y confirma la mayoría de las penas impuestas”.

La Opinión: “El Tribunal Supremo  ratifica la trama de corrupción pero rebaja las penas de cárcel a los cabecillas”.

 

Selección y notas.

Domingo Méndez.