El genuflexo Clavijo protege a los delincuentes atilas de los barrancos de Güimar, el Plasencia, el Morales, el Sicilia y el Rosario – por Chema Tante

Empezaré por mostrar mi fuerte irritación viendo constantemente a esta sociedad alegre y confiada que es la canaria -y ella no es excepción- que no se inmuta ante las continuadas agresiones que se hacen contra sus intereses financieros, sociales y medioambientales y -en este caso- contra su territorio.

Voy a hablar y, no es ninguna broma, de cómo los tres delincuentes convictos y confesos y el otro, no confeso, pero convicto, se cargaron de manera brutal, para su beneficio, una parte preciada del territorio canario, los barrancos de Güimar. Da grima ver las dentelladas que hicieron estos cuatro lajas en ese pedazo de la tierra canaria, en dónde, hasta ahora, no ha vuelto a crecer la hierba.

No hará falta que me extienda en los detalles del proceso por el que se condenó a Antonio Plasencia, José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Francisco Javier del Rosario a reponer el territorio de Güimar al estado en que se encontraba antes de que empezaran con su salvajada.  Pero hay que recordar que los tres primeros, el Plasencia, el Morales y el Sicilia, se libraron del talego porque llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por el que reconocían su delito y se comprometían a enmendar efectivamente el desaguisado, a su costa, en un plazo determinado. Ojo, un plazo determinado; a cuya finalización, si los barrancos no estaban recompuestos, el trío entraría en prisión. El cuarto, el Rosario, que nunca aceptó su culpabilidad, no tiene acuerdo y debe pagar la parte que le corresponde en el entuerto y ser enchironado directamente. En total, la pasta que tienen que soltar los cuatro bardagos llega a los 344 millones, según un estudio del Cabildo de Tenerife.

Los cuatro delincuentes atilas de Güimar

Ahora nos estampamos contra una nueva maravilla procesal. El secretario del tribunal que emitiera la sentencia acuerda ampliar, parece que sine die, el plazo concedido para la rehabilitación del territorio asolado. Y, como me dice un consejero insular de cuyo nombre no quiero acordarme, “la cosa no deja de tener su lógica".

La sentencia (magnífica) condena a los empresarios extractores, y les obliga a restaurar el daño causado, para lo que tienen dos años. Si así lo hacen, se libran de entrar en la cárcel.

Pero esa misma sentencia afirma claramente que para restaurar la zona tienen que seguir un Plan de Restauración que debe elaborar la administración competente. Es decir, que no pueden restaurar aquello como a ellos les parezca, sino siguiendo un Plan integral de restauración, elaborado por la administración.

El problema es que la administración que se consideró competente, la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, no ha hecho nada. Ni siquiera ha iniciado el procedimiento para elaborar ese Plan de Restauración de los Barrancos de Güimar.

Por tanto, en este caso no se puede adjudicar la culpa a los extractores. Eso no significa, ni mucho menos, que queden exonerados de la condena. Lo único que sucede es que el cumplimiento de ésta se prorroga. Siguen obligados a restaurar aquello. Y desde que la administración haya elaborado el Plan de Restauración, tienen que ejecutarlo, pues de lo contrario sí que deberán entrar en la cárcel.

En la Comisión de Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife se instó a Miguel Ángel Pérez, el consejero insular de Política Territorial, a que, a su vez, demandara a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias que iniciara de una vez la elaboración del dichoso e imprescindible Plan de Restauración. Pero tanto el Cabildo del ético Alonso como el gobierno del genuflexo Clavijo demuestran una clara pasividad en la brega. También es casualidad.

En definitiva, una vez más, las maniobras florentinas que son costumbre en CoATIción Canaria conducen por sibilinos vericuetos a la protección de éstos cuatro velillos que están en la nómina de empresarios a los que en ese consorcio comercial con forma de partido tanto quieren y, a los que tanto deben. Pero, sobre todo, los empresarios a los que tanto esperan seguir debiendo.

Por tanto yo, Chema Tante, afirmo que el genuflexo Clavijo ampara bajo su mochila acogedora a los delincuentes citados, el Plasencia, el Morales y el Sicilia. El genuflexo Clavijo, con el sencillo procedimiento de no hacer nada, les libra a estos delincuentes medioambientales, en un solo envite, de ir al trullo y de apoquinar los 344 millones que cuesta la bromita.

Pero, igual que digo una cosa, digo la otra: El genuflexo Clavijo tiene una muy sencilla manera de restregarme por los besos que no tengo razón y demostrar su voluntad de que los filibusteros de Güimar suelten la pasta o den con sus miserables huesos en alguna de las confortables instalaciones de Zoido. Para ello, basta con que, desde su alta posición ejecutiva demande que la Justicia exija a los empresarios delincuentes, ya que no pueden iniciar la restauración (debido a que la propia administración del genuflexo Clavijo no ha hecho un Plan que les diga cómo), que depositen inmediatamente los 344 millones o un aval suficiente. Y que, si no lo hacen, que el Plasencia, el Morales y el Sicilia,  vayan a la cárcel.

Me parece algo sencillo y razonable. Y de esta manera, el genuflexo Calvijo me daría una cachetada que yo les digo, cristianos y cristianas, que estaría privado de recibir, si con ello al fin Tenerife y Canarias recuperan esos barrancos que nunca a nadie debió permitirse atormentar.

Lo escribe y ratifica Chema Tante, que aquí se queda, esperando la cachetada del genuflexo Clavijo. A ver si es verdad.