Sí se puede denuncia que se van a pagar 600.000 € a Cetensa por tasas de mantenimiento de cementerios

“Lo que se les quitaba antes a los chicharreros de manera directa se les quita ahora detrayendo una cantidad escandalosa de las arcas públicas”, dice Arcila

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denunció hoy que el alcalde, José Manuel Bermúdez, va a pagar a la empresa concesionaria del servicio municipal de cementerios, Cetensa, una cantidad superior a los 600.000 euros en concepto de tasas de mantenimiento de los camposantos, pese a que esa entidad no debe cobrar por tal concepto.

Este abono es consecuencia de la orden dada el pasado mes de octubre por el alcalde de paralización del cobro de esta tasa a los usuarios, algo que, según Arcila, carece de todo sentido, pues “lo que se les quitaba antes a los chicharreros de manera directa se les quita ahora detrayendo una cantidad escandalosa de las arcas públicas, que también pertenecen a los chicharreros”, afirmó Arcila.

En realidad, Cetensa no tiene ningún derecho a cobrarle al Consistorio esta cantidad, pues un informe del Ayuntamiento señala que esta empresa, como adjudicataria del servicio de cementerios, tiene que mantener el equilibrio financiero sin establecer el citado gravamen. Sin embargo, el grupo de gobierno ignoró durante años el criterio de los técnicos municipales y además sostuvo hasta el pasado mes de octubre que el cobro a los ciudadanos era correcto, en una defensa de la empresa Cetensa que a Sí se puede le resulta cuando menos chocante.

Asimismo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el cobro de esta tasa por parte de la empresa Canaricem en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en un escenario legal y contractual que es idéntico al del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y su relación con Cetensa.

Según Arcila, para poner fin a todas las irregularidades en torno al servicio municipal de cementerios es imprescindible que el Ayuntamiento proceda de manera inmediata a encargar la auditoría exigida por Sí se puede y aprobada por el Pleno en junio de 2013.