El 6 de febrero, miembros de la Guardia Civil dispararon balas de goma contra un grupo de inmigrantes que intentaban alcanzar la costa de Ceuta a nado. 15 personas murieron en el agua, una tragedia que debe ser investigada y no quedar impune. Las 23 que pudieron llegar hasta la playa fueron obligadas a volver a Marruecos inmediatamente, sin ningún procedimiento legal.

Este tipo de expulsiones están prohibidas tanto por la ley española como por el derecho internacional. Pero las autoridades españolas recurren a ellas desde hace años, y con total impunidad, en la frontera española con Marruecos.

El Ministro del Interior lo sabe. Y sin embargo, en lugar de investigar tragedias como la del 6 de febrero, depurar responsabilidades y hacer que se cumpla la ley, ha decidido modificar la ley de extranjería española para hacer legal en España lo que ahora no lo es, violando a su vez al derecho internacional.

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