El Colegio de Trabajo Social pide a la Delegación del Gobierno que se garantice la asistencia social de las personas internas en el CIE de Barranco Seco
La entidad profesional exige que se cumpla una providencia judicial para que se aplique el reglamento de los CIEs y se respeten los derechos de las personas migrantes
El Colegio de Trabajo Social pide a la Delegación del Gobierno que se garantice la asistencia social de las personas internas en el CIE de Barranco Seco
La entidad profesional exige que se cumpla una providencia judicial para que se aplique el reglamento de los CIEs y se respeten los derechos de las personas migrantes
El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas solicita a la Delegación en Gobierno en Canarias que se cumpla el artículo 15 del reglamento del funcionamiento del régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (RD 162/14) que señala claramente que “Los centros dispondrán de los correspondientes servicios de asistencia social y cultural a los extranjeros internados, atendidos por trabajadores sociales, bajo la dependencia directa del director, a quien se someterán, para su aprobación, los oportunos planes o proyectos de actuación, previo análisis de los mismos por la junta de coordinación.”
Hace años que nuestro colegio profesional viene denunciando públicamente que en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco no se están cumpliendo los derechos de las personas internas. A pesar de que el Ministerio del Interior firmó en febrero de 2016 un convenio con la Cruz Roja “para la prestación asistencial y humanitaria en los Centros de Internamiento de Extranjeros”, en el CIE de Barranco Seco no se ha aplicado ese convenio y no se ha contratado a trabajadores sociales para garantizar la asistencia social y cultural. Una vez más volvemos a reivindicar la necesidad de profesionales del Trabajo Social en los lugares donde existen personas en situación de vulnerabilidad social, que pueden carecer del conocimiento o los recursos suficientes para defender sus derechos fundamentales. Muchas leyes y reglamentos (como el caso del reglamento de los CIEs) reconocen la figura de los trabajadores y trabajadoras sociales, la necesidad de su presencia en estos centros para apoyar a las personas migrantes, para garantizar sus derechos. En estos últimos tres años pueden haber pasado por el CIE más de 1.000 personas, la ausencia de trabajadores sociales ha provocado que en muchos casos no se les haya garantizado sus derechos.
A principios de este año la titular del juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, que tiene la responsabilidad jurídica del CIE de Barranco Seco, se dirigió a nuestro colegio profesional para preguntarnos si teníamos información sobre la presencia de trabajadores o trabajadoras sociales en el CIE de la capital grancanaria. Desde el colegio le respondimos a la magistrada que no teníamos constancia de la presencia de profesionales del Trabajo Social en el CIE, que hacía ocurría desde hacía tiempo. También le respondimos que la Delegación del Gobierno es el organismo que debe saber si existe o no convenio entre el Gobierno estatal y alguna entidad para prestar servicio de asistencia social a través de de la contratación de trabajadores sociales como existe en los CIEs de otras comunidades autónomas.
El pasado 3 de abril entró en el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas una providencia firmada por la magistrada Victoria Rosell Aguilar donde se nos informaba del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior (la Secretaría de Estado de Seguridad), y la Cruz Roja Española en febrero de 2016 para dar cumplimiento al artículo 15 del RD 162/14 en los CIEs. En esa providencia la magistrada Rosell requiere a la Delegada del Gobierno en Canarias para que en el plazo máximo de un mes se subsane dicha deficiencia y se pueda dotar a nivel presupuestario al CIE de Las Palmas para que se dé cumplimiento al artículo 15 del RD 162/14.
Desde el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas queremos instar públicamente a la Delegación del Gobierno a que cumpla las peticiones realizadas en la mencionada providencia. Creemos que para tener una verdadera democracia es necesario respetar los derechos fundamentales de todas las personas, y después de años sin trabajadores sociales ni otros profesionales y servicios en el CIE de Barranco Seco, tenemos que seguir denunciando que no se están respetando los derechos fundamentales de las personas extranjeras. Esperemos que no sean necesarias más providencias judiciales para que desde el Gobierno estatal se tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del RD 162/14 y de todos los derechos de las personas internas en el CIE de Las Palmas de Gran Canaria.
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