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Denuncian que en el Centro de Internamiento de Inmigrantes no se respetan los derechos de las personas internas

lacasademitia.opennemas.com | 03 de marzo de 2016

 

La Delegación del Gobierno no ha respondido a la solicitud de poner profesionales de trabajo social realizada hace dos meses por el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas

Profesionales del Trabajo Social denuncian que en el Centro de Internamiento de Inmigrantes no se respetan los derechos de las personas internas

La Delegación del Gobierno no ha respondido a la solicitud de poner profesionales de trabajo social realizada hace dos meses por el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas

     Desde el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas queremos pedir públicamente a la Delegación del Gobierno en Canarias como responsable de la gestión de los Centros de Internamientos para extranjeros que tome las medidas necesarias para que se cumpla la ley y se respeten los derechos básicos de las personas internadas en el CIES de Las Palmas de Gran Canaria. En diciembre de 2015 tuvimos una reunión con el subdelegado y le planteamos la necesidad de que se cumpla la ley y que haya trabajadores sociales que atiendan las necesidades de los internos en el CIE de Barranco Seco. Se comprometieron a solucionarlo en informarnos en enero, y seguimos esperando una respuesta.

No es la primera vez que intentamos trasladar nuestra preocupación por el tratamiento que reciben las personas que intentan entrar en situación irregular en Canarias. Ya el pasado 23 de julio de 2015 el presidente de nuestra entidad profesional, David Muñoz, remitió a la anterior delegada del Gobierno, Carmen Hernández Bento, una carta donde mostraba la preocupación de nuestra organización por la situación que se estaba viviendo en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria y en otros CIEs, según un informe que habían realizado cuatro universidades españolas. En el citado documento de las entidades académicas se denunciaba el incumplimiento de los derechos básicos de las personas ingresadas en los CIEs, tanto en alimentación, en atención jurídico como en otros derechos fundamentales. Además de la inexistencia de atención social con ausencia total de profesionales del Trabajo Social y medios materiales pertinentes.

  Todos estos aspectos también habían sido denunciados en diferentes medios de comunicación por la magistrada Victoria Rosell, cuando era la juez responsable de la tutela jurídica de los internos en el CIE de Barranco Seco. Pero esas denuncias de la falta de atención a grupos tan vulnerables no provocaron una reacción por parte del Gobierno del Estado.

   Recientemente se publicaron en diferentes medios de comunicación el tratamiento que recibieron más de una veintena de migrantes africanos que habían llegado en una patera al sur de Gran Canaria. La imagen de personas que estaban en evidente mal estado físico, que tenían junto a su cuerpo un monitor y una seria de sondas que le habían puesto en un centro de salud y que, en lugar de seguir ingresadas, fueron trasladadas a una comisaría y los pusieron a dormir en el suelo en una cochera son una demostración pública de la violación de los derechos humanos de esas personas. El Delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, culpó a la consejería de

                                             

 

Sanidad del ejecutivo canario de esa situación. El consejero de Sanidad, Jesús Morera, señaló que la responsabilidad era de la Delegación del Gobierno por tener a las personas durmiendo en unas cocheras. Más allá de la rivalidad política y de los intereses partidarios, consideramos que en un Estado democrático que ha firmado la Declaración de los Derechos Humanos no se justifica que dos autoridades públicas reconozcan el maltrato a unas personas y sin embargo nadie haya asumido ninguna responsabilidad.

 

Hemos visto que el Delegado del Gobierno y el consejero de Sanidad se reunieron y que van a establecer nuevos protocolos “para situaciones excepcionales”, según declaraciones

 

del señor Hernández Bento. Creemos que se vuelve a equivocar. Desgraciadamente el incumplimiento de los derechos básicos de las personas migrantes en Canarias no es algo “excepcional”. Más de un año después de que se haya denunciado públicamente sigue sin haber trabajadores sociales en el Centro de Internamiento que puedan hacer un seguimiento de las personas internas, que recordemos que no han cometido ningún delito violento, que están recluidas por una falta administrativa, por carecer de documentación de residencia. Resulta impensable que si unos ciudadanos europeos llegan en un barco a la costa de Gran Canaria y sufren un naufragio, a los supervivientes los detengan y los lleven a dormir a las cocheras de una comisaría. Incluso aunque le barco no tuviese los papeles en regla.

   Las movilizaciones a favor de los derechos de las personas refugiadas que se celebraron el pasado fin de semana tanto en Canarias como en unas 40 ciudades europeas, demuestran que las instituciones públicas no están respondiendo a la demanda de la sociedad. Desde el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas consideramos que sería bueno que los responsables políticos que estos días saturan los medios de comunicación con discursos a favor de “la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”, pasen a la acción y respeten las leyes (Constitución española, Declaración de los Derechos Humanos, etc.) que nos dicen que las personas migrantes también son ciudadanas y ciudadanos con derechos.

 

 

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