PRENSA CANARIA DEL 26-12-18

 

Ordenación territorial. Vivienda. Violencia de género. Corrupción.

 

ORDENACIÓN TERRITORIAL. SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.

 

Canarias 7: “Unas 1.500 casas ilegales esperan  por el nuevo Plan General del Sur”.

La pasada semana, el día 20, se presentó en San Bartolomé de Tirajana el nuevo Plan General de Ordenación Supletorio con el que se quiere regular el espacio en El Salobre, Montaña La Data, Lomo Los Azules, Lomos de Pedro Afonso y Calderín.

Hicieron la presentación ante los concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé la arquitecta jefa del proyecto, Paloma Angolotti; el geógrafo Javier Camino y la economista Humildad Suárez.

El lunes pasado se envió el proyecto a la consejería de Política Territorial, junto con los informes jurídico y económico, que han de complementarse con el informe técnico antes de pasar un nuevo periodo de información pública.

Estos núcleos crecieron de manera desordenada durante décadas. Desde 2.001 están pendientes de legalización más de 1.500 viviendas. En el último plazo de exposición se respondieron más de 8.000 alegaciones.

Nuestro comentario: La “maraña legislativa” que pretendía desbrozar la Ley del Suelo de Clavijo no es otra cosa que la combinación de figuras de protección del Territorio contenidas en la Ley de Directrices, con la práctica irregular en muchos municipios. Ahora, con la Ley, se pretende dar carta de legalidad a buena parte de las irregularidades y crear un marco normativo que permite a cabildos y ayuntamientos superponer intereses inmediatos a la ordenación del territorio. En medio de esta nueva “maraña” se inscriben los nuevos planes de ordenación.

 

VIVIENDA

 

Diario de Avisos: “El Gobierno asegura que el problema de la vivienda en Canarias estará resuelto en tres años”.

 

La Directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León, en declaraciones al medio reconoce el problema de falta de vivienda, de altos precios, pero asegura que el problema estará resuelto en tres años. Recuerda que la construcción fue uno de los sectores más castigados durante la crisis económica y que, por otra parte se redujo la inversión pública en vivienda.

Informa que se han pagado todas las deudas del Plan de Vivienda 2009-2012 y que se adjudican y se redactan proyectos para 3000 viviendas públicas en Canarias, sobre todos en los municipios con mayor presión, (Santa Cruz de Tenerife, Arona, Adeje, Telde, Las Palmas, San Bartolomé de Tirajana y las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En el nuevo Plan Canario de Vivienda se incluyen ayudas a los promotores para que construyan viviendas protegidas.

Afirma que lo único que puede hacer el Gobierno para solucionar el problema de la vivienda es introducir vivienda en el mercado para equilibrar oferta y demanda y abaratar precios. Construir vivienda pública para los más vulnerables y ayudar al promotor de viviendas protegidas.

Nuestro comentario: Frente a la imposibilidad de pagar alquileres por encima de los recursos de muchas familias que en muchos casos son sometidas a desahucios por impago de alquiler, frente a la situación de aumento de precio de la vivienda y la incapacidad de contraer hipotecas, el gobierno no tiene otra respuesta que subvencionar a promotores para que construyan viviendas de protección oficial. Lo harán si no se reactiva el mercado de vivienda nueva, pero el problema no se solucionará  hasta que no haya parque público de vivienda en alquiler suficiente para atender a la demanda creciente.

Se trata de garantizar el derecho a la vivienda para todas las personas, no de ayudar a los empresarios de la construcción a mantener beneficios cuando el mercado de vivienda nueva no muestra signos de mucho crecimiento.

 

VIOLENCIA DE GÉNERO

 

Canarias 7: 47 asesinadas por violencia de género en 2018”.

A día de ayer se registraban 47 mujeres muertas por violencia machista en lo que va de año. Desde 2003, año en que se comienza a recopilar los datos, han sido asesinadas 975 mujeres.

De las 47 de este año, solo 14, (29,8%) habían presentado denuncia previa, y 5 tenían alguna medida de protección.

El Gobierno ha puesto en marcha otro registro para contabilizar homicidios y asesinatos de mujeres fuera de la pareja.

Nuestro comentario: En el caso de denuncias previas de mujeres, es incomprensible que solo un tercio de las denuncias tengan alguna medida de protección, y que hayan sido inútiles. Se necesita, en los juzgados y comisarías más personal especializado, mejores medidas de protección. Es cierto que no es posible garantizar la seguridad al 100% pero cuando se presenta denuncia se debe obligar al alejamiento al maltratador, o ingresarle en prisión. Por otra parte, la garantía de alejamiento puede tenerse con vigilancia electrónica.

En cualquier caso, el pacto contra la violencia de género debe dotarse de más recursos, para garantizar la protección, la vivienda, el trabajo y el apoyo psicológico.

 

CASO FUNDESCAN

 

Canarias 7: “No aclaran la utilización de 2,2 millones”.

El caso que afecta a la fundación Fundescan, de la UGT de Gran Canaria, trata de aclarar el uso de tres subvenciones entregadas a esta fundación: Programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo 2009 (OPEA 2009); otra, Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional  2008, (Plan FIP 2008); otra, para el mantenimiento del servicio técnico de fomento de la economía social.

Por la OPEA se entregaron  1.99.567, de los que se devolvieron 247.535, más 37.669 de intereses. Por el Plan FIP, 744.426, sin ningún reintegro; por fomento de la economía social, 596.099, de las que tenían que devolver 193.826, pero nunca se hicieron los ingresos.

El Juzgado de Instrucción nº4 de Las Palmas, presidido por el  juez Florencio Barrera Espinel ha citado a declarar durante el mes de octubre a 31 personas, de las cuales 16 investigados, que se han negado a declarar estimando que el delito de que se les acusa está prescrito.

 Solamente una de las investigadas, la  secretaria general de UGT, Alicia Rodríguez entre octubre de 2005 y junio de 2009 aceptó declarar para hacer constar que durante su mandato no se recibieron las subvenciones.

El caso se activó por denuncia de los servicios jurídicos del Gobierno canario, que en octubre presentó escrito de ampliación de denuncia que no consideraba justificado el uso de las subvenciones.

Los investigados alegan la prescripción de delito, porque desde la fecha de los hechos denunciados, (2008-2009 y 2010) hasta agosto del 2018, sin tomar ninguna resolución, han transcurrido más de 5 años.

 

Selección y notas:

Domingo Méndez Rodríguez