La libertad de Madrid, según el PP - por Santiago Pérez *

“La Comunidad de Madrid nunca envió a los hospitales privados los protocolos de triaje, según ha dicho en la Asamblea de Madrid el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca: “No lo hubiéramos permitido”.

Esos documentos sí fueron distribuidos en los hospitales públicos y las residencias tuvieron que acatarlos, según ha añadido el presidente de la Federación Española de Dependencia (FED), Ignacio Fernández Cid: “Lamentablemente la gran mortalidad la tuvimos en las residencias y eso confirma el hecho de que no tuvimos derivaciones hospitalarias”. (El País)
En medio de la escandalera orquestada por el líder  del PP (líder de momento, según Aznar), decidido a aprovechar el menor resquicio que ofrezca la pandemia para tumbar a cualquier precio este Gobierno social-comunista, están pasando casi inadvertidas informaciones como ésta.

 La noticia de que el gobierno de Madrid distribuyó en los hospitales públicos, que no en los privados, los protocolos de triaje: tú sí, tú no, que tuvieron que cumplirlos y que esto explica “la gran mortalidad que tuvimos en las residencias”, así como que la tarjeta de un seguro privado se convirtió en el único salvoconducto de quienes podían permitírselo, tiene una gravedad escalofriante. Porque en esa Comunidad autónoma   casi 6.000 personas mayores murieron  por Covid 19  dentro de las residencias, entre marzo y abril de este annus horribilis.

No sé si el último eslogan del tándem  Ayuso-Miguel Ángel Rodríguez  “Madrid, si no es libre no será Madrid” es una última entrega de  la estrategia subversiva de Casado y los sectores influyentes que lo respaldan, que siguen sin reconocer la legitimidad de un  Gobierno de España cuyo presidente fue investido por el Congreso y representa, además, al partido más votado por la ciudadanía. O si esa consigna es una forma de defenderse atacando.

Porque el protocolo obligatorio (que no “borrador”,  como dijeron Ayuso y su consejero de sanidad)  para los hospitales públicos se convirtió en herramienta de la libertad para morir, en el detonante de una mortandad dantesca de miles de mayores que también eran “seres humanos”, como remacharon ayer ante la comisión parlamentaria dos empresarios, Juan abarca e Ignacio Fernández Cid, convocados paradójicamente a instancias del PP y de ciudadanos.

Defenderse atacando, porque los hechos son de tal gravedad que los diputados tienen la obligación legal de ponerlos en conocimiento de los tribunales en el caso de que no fueran  desvirtuados ante la propia comisión parlamentaria.

¿Es esta la libertad de Madrid de la que habla Ayuso? ¿Acaso se refiere a la libertad para morir, de quienes no tienen medios para costearse un seguro privado?

No hay que devanarse los sesos ni tener conocimientos jurídicos para entender que  la  actual camarilla dirigente del  PP, que pretende apropiarse de la defensa en exclusiva de la Constitución de 1978,  que no votaron sus mayores de   Alianza Popular (Aznar incluido) no votaron, se olvida  cada vez que le conviene de ingredientes esenciales del acuerdo constitucional,  como es el Estado Social.

Cuando la Constitución (título Preliminar, artículo 9.2) impone a los poderes públicos el deber de remover los obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas entre los ciudadanos, está plasmando un aspecto crucial  del Pacto Constitucional, que fue determinante para la adhesión de los partidos y fuerzas sociales progresistas: el de  un compromiso colectivo para corregir las injusticias seculares de la sociedad española. Un acuerdo patriótico en el más genuino sentido del término, porque hablar de Patria en cualquier  país desgarrado por un abismo entre la riqueza de pocos y la pobreza de los demás es  siempre un gran ejercicio de hipocresía.

La Constitución propugna  ese  equilibrio entre libertad e igualdad que la derecha española y la derecha global desprecian, en esa  deriva anti estatal que nos vienen imponiendo  desde los inicios de la Revolución conservadora de los 70  para  restablecer la libertad de la selva  y la ley  del más fuerte. Y al débil, el desamparo, la marginación, la muerte. Bueno, lo de “anti estatal” tiene su aquello, porque bien que utilizan el poder del Estado cuando les conviene para  enviar a las fuerzas federales a reprimir a los manifestantes Black´s  live matter o  para realizar suculentos negocios al socaire de la contratación pública  en infraestructuras, sanidad,  pertrechos  de guerra...

Muy madrugadoramente, el Tribunal Constitucional dejó bien establecida la obligación  de los poderes públicos de remover los obstáculos que “el libre juego de las fuerzas sociales” o las reglas del mercado  pudieran oponer “al disfrute de bienes garantizados por la Constitución”, en una sociedad “cuyas desigualdades radicales han sido negativamente valoradas por la propia Norma fundamental”. ¿Habrá bienes constitucionales más preciados que la vida y la salud?

¿De qué “Madrid será libre o no será Madrid”hablan Ayuso y este PP, el de Casado? ¿De un Madrid en el que el confinamiento del Sur, pero sólo del Sur,  no cuenta en ese cómputo de la libertad ayusiana a condición de que lo decrete el PP? ¿De un Madrid en el que los desposeídos son absolutamente libres para morirse? ¿De  un Madrid que no puede ser confinado en modo alguno por un ministro “catalán y socialista”, según un tétrico Aznar?

Soy decidido partidario de que las restricciones a la libertad de los ciudadanos, cuando son  objetivamente imprescindibles, se establezcan con una cobertura constitucional  inatacable. De que,  en caso de duda, siempre prevalezca la libertad  fundamental de “entrar, quedarse o salir”. Si  hacemos  la vista gorda, porque estamos   identificados con determinada  intervención pública o con los fines que persigue, estamos desarmando a la ciudadanía frente a futuros excesos de cualquier gobernante de turno.

Por eso me parece incomprensible que el Gobierno de Madrid, sólo el de Madrid  (presidido por esta paladina de la libertad y toda su caballería),  haya aprobado la orden de confinamiento sin invocar la Ley Orgánica 3/86, de medidas especiales en materia de Salud Pública, que le ha dado cobertura a  medidas de confinamiento en otras  comunidades autónomas y   han superado  sin sobresaltos el  escrutinio judicial. Esa ha sido la única  (y, en mi opinión, suficiente) motivación judicial para anularla. Anular la Orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno del PP y  Ciudadanos. Porque, por mucho que pretenda ocultarse, no es ningún confinamiento de Madrid impuesto por Pedro Sánchez  lo que se ha anulado, sino una  disposición del gobierno de Madrid mal fundamentada. ¿Por desconocimiento? ¿Contando con un consejero de justicia al que Aznar quiso promover al Tribunal constitucional?

Demasiados asuntos y actitudes  impiden  a  la actual dirección del PP   tener la  autoridad moral necesaria para sembrar  de mociones en defensa del orden constitucional  toda la geografía de los ayuntamientos españoles. Mociones que, ordenadas por Casado,  habría que tomarse a broma. Si no fuera porque en esta España nuestra, bromas como ésta han acabado en tragedia más veces de la cuenta.

Santiago Pérez, La Laguna 11 de septiembre de 2020

* La casa de mi tía agradece cla gentileza de santiago Pérez