La Monarquía concentra la herencia política de Franco. Los partidos deben facilitar la libre expresión popular (ESPACIO INDEPENDIENTE)
La Monarquía concentra la herencia política de Franco. Los partidos deben facilitar la libre expresión popular (ESPACIO INDEPENDIENTE)
Estos días, después de décadas de silencio, se habla de la herencia de Franco. Mientras, sus herederos universales pelean por el reparto del botín económico, el cual ha gozado de un trato de favor por los titulares de Hacienda durante décadas. La protección oficial de la memoria franquista, representada en las leyes de impunidad y en la actividad insultante de la misma Fundación del dictador, se mantiene. Sus herederos civiles acaban de conseguir “la sucesión en título de Duque de Franco con Grandeza de España, por la gracia del Rey”, ahora en la persona de su nieta.
Coincide en el tiempo con la iniciativa de Pedro Sánchez de proceder a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. También habla de ilegalización de la Fundación por apología del fascismo, que es delito internacional.
El general Juan Chicharro, representante de la Fundación Franco, acaba de publicar una carta sobre el asunto dirigida al ex dictador, llamándole “Mi capitán”, carta que es pura apología del fascismo, y en la que le dice que con la exhumación “pretenden ensañarse contigo”.
Hay que ser muy ingenuos para preguntarse de nuevo por aquello de cómo es posible que cuarenta y un años después de la muerte del dictador se mantenga intacto su patrimonio ilegal, sus monumentos al crimen de lesa humanidad que ensalzan el fascismo y, sobre todo, sus principales decisiones políticas del “atado y bien atado” en torno a la Monarquía, que es su verdadera herencia, la política.
Pregunta que tiene mucho que ver con el verdadero alcance de la llamada “Transición Política”, de la que sabemos su punto de partida, pero no tenemos certeza alguna del punto de llegada. A la muerte de Franco, su heredero nominado en 1969 y proclamado por las Cortes franquistas en 1975, después de jurar los Principios del Movimiento, heredó un Estado como Reino para él solito; lo que le llevaría a declarar sin ninguna ambigüedad a la muerte del dictador: “Para mí es un ejemplo viviente, día a día, por su desempeño patriótico al servicio de España, y por esto yo le tengo un gran afecto y admiración”. Ese es el “demócrata” Juan Carlos, el “héroe” de la Transición y del golpe de Estado de febrero de 1981, con el que han colaborado estrechamente los líderes de todos los partidos oficiales. Como ahora sucede con su hijo, en tanto que Jefe de Estado impuesto, que mantiene con descaro el título de Duque para los herederos no políticos del aliado de Hitler, y ha sido y es un profundo admirador de franquismo como sistema.
¿Dónde queda entonces aquello de la democracia y del Estado de Derecho?
Las víctimas del franquismo nunca entendieron la complicidad política y sindical, los acuerdos de consenso constitucional destinados a mantener la impunidad con la herencia política del dictador, y ello a costa de la justicia a la hora de defender sus derechos y aspiraciones. El inicio de la crisis de 2008, la combinación de la crisis política, económica e institucional, puso de relieve que estábamos en la parte final de un largo proceso de acuerdos implícitos de élites políticas y económicas para mantener las relaciones de dominación pre existentes. Y ello sin contar con el pueblo, sin que este pudiera participar de las decisiones fundamentales.
La sentencia del Tribunal Constitucional contra la reforma del Estatuto de Cataluña vino a romper estas relaciones de consenso de la casta política; y el referéndum del primero de Octubre representó la apertura de un proceso de ruptura política que viene a cuestionar la Monarquía, como clave de bóveda de todo el edificio reformado desde 1975.
A esta situación política de ruptura de los contratos de poder, y de no haberse encontrado por parte de los partidos del orden y la ley los nuevos consensos que sostengan el edificio, se debe en lo fundamental la caída de M. Rajoy y su gobierno.
El PP, que aparecía como el aparato político corrupto e intocable de las familias franquistas, se ve obligado por las primarias convocadas a la caída de Rajoy a denunciar que sus supuestos 900.000 militantes han quedado reducidos a unos 60.000. Sus diversos candidatos enfrentados, sin plan ni programa, se han convertido en un nuevo y grave problema para la estabilidad derecha-izquierda oficial sobre la que se sostiene el sistema político. Lo aparente y lo real se enfrentan una vez más.
Los partidos en general se reducen a simples aparatos electoralistas sumidos en la corrupción.
El nuevo autoritarismo policial y judicial y de la misma Monarquía contra el proceso catalán, que los medios del poder magnificaban como “punto fuerte de la democracia”, han resultado ser un gran agujero negro y sin fondo, que pone en situación política de crisis de Estado a la principal institución del poder. Situación convertida en un verdadero callejón sin salida para todo el régimen.
La nación oficial (España) ya no se corresponde con la nación real resultante de la voluntad de una mayoría del pueblo de Cataluña de proclamarse en república. Los cimientos del régimen amenazan la quiebra del conjunto del edificio.
Los magistrados, azuzados desde el poder para tratar de quebrar el proceso constituyente catalán, han desvelado el carácter político y no independiente de la justicia, cuando sus demandas de extradición con delitos más o menos maquillados contra los dirigentes catalanes han hecho agua en toda Europa. Ahora la crisis se concentra en las negociaciones entre la Generalidad y el nuevo Gobierno de Sánchez.
El régimen está prácticamente enrocado y bloqueado en la Constitución, en sus mismas palabras del “imperio de la ley” y en sus limitaciones democráticas. Pero con ello oculta que la ley, y por extensión la Constitución, sólo es legítima si está fundada en la libre expresión de la voluntad popular.
Este ha sido el fiasco del gobierno del PP, y ahora el PSOE abre un capítulo negociador sobre esta cuestión de fondo, esgrimiendo alguna flexibilidad en la forma, pero sin modificar su posición sobre el fondo, que no es otro que el escuchar y devolver la soberanía a los trabajadores y pueblos. El modelo político y constitucional de la herencia franquista ya no vale para representar a la sociedad de nuestros días, por ser un sistema de elites que da la espalda a la mayoría y a sus intereses. Se cae, así, en el error de esgrimir -con cierto grado de confusión- los mismos términos políticos que llevaron al gobierno del PP al intervencionismo de la justicia, y a la directa involucración de la propia Corona en oposición a la voluntad popular en Cataluña.
Las exigencias de que voluntad popular sea consultada y/o tenida en cuenta, como principio de un nuevo desarrollo político constituyente y soberano -y que como exigencia democrática se ha extendido desde Cataluña a otras sociedades-, obliga a los partidos que se reclaman de la democracia a abandonar la posición de privilegio, de clientelismo vertical y abuso de poder, principios sobre los que está constituido el régimen del 78.
La consulta democrática y popular es imprescindible para acabar con el atado franquista, acabando con podres de hecho que se arrastran con el continuismo político e institucional, que por todos los medios trata de impedir la soberanía popular.
* En La casa de mi tía por cortesía de ESPACIO INDEPENDIENTE, con la colaboración de Carlos Martínez
Espacioindependiente nº 262, jueves 5 de julio, 2018
