Las nuevas medidas del Gobierno incluyen un “apartheid sanitario” a los canarios al sí permitir la llegada de turistas

Si bien hace escasamente 24 horas, saludábamos desde Intersindical Canaria las justificadas medidas tomadas por el gobierno autónomo, principalmente centradas en Tenerife dada la negativa situación de la pandemia de covid-19 en esta isla, el anuncio realizado a posteriori en relación a seguir permitiendo la entrada de turistas de lugares de procedencia con unas cifras epidemiológicas incluso aún peores que las existentes en el Archipiélago, supone la implantación de un “apartheid sanitario” al conjunto de los canarios.

Según plantean desde el gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) con el objetivo de reducir la movilidad, se cierra la entrada y salida de Tenerife al conjunto del Archipiélago. Pero, es que, además, cuando se establecen nuevas medidas restrictivas de accesos a bares y restaurantes y de contactos familiares, sorprendentemente, se concede casi vía libre a la entrada y salida de turistas que acceden al territorio, con imprecisas y presuntas pruebas diagnósticas sobre las que luego nadie ejerce ningún tipo de control.

Este nuevo desatino del Gobierno, puede convertir en ineficaz el conjunto de medidas para frenar en Tenerife y Canarias la expansión del virus, motivo por el cual urge conocer la opinión del equipo científico que asesora al Gobierno.

Los niveles de ocupación y saturación de todos los niveles asistenciales del País Canario, incluyendo las camas de intensivos de los hospitales, que se ven obligados a postergar el tratamiento y la atención de los pacientes no covid-19 para poder atender a los pacientes afectados por esta patología, además de las secuelas y los fallecimientos que está creando la pandemia, justifican de sobra la adopción de medidas drásticas. Pero lo que no es de recibo es la burla al conjunto de la ciudadanía, haciendo excepciones absolutamente discriminatorias: los nuestros confinados y el turismo a pasear. 

Ya hemos advertido de las consecuencias de gestionar priorizando irracionalmente los beneficios económicos de algunas empresas multinacionales que lo único que han traído históricamente a nuestra tierra es paro y pobreza estructurales, frente a la salud, la vida y la seguridad de una población, a la que, encima, intentan responsabilizar en exclusiva de los malos datos de la pandemia en la isla.