COMUNICADO DEL PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA

         La Comisión Política e Ideológica del Partido Feminista de España, reunida urgentemente el 25 de julio de 2017, para analizar el texto del supuesto Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado por los partidos parlamentarios, conocido a través de los medios de comunicación y de las declaraciones de algunas portavoces parlamentarias,  debe manifestar

         SU ABSOLUTO RECHAZO al contenido del mismo.        

Ese Pacto de Estado no es más que una repetición de las normas que se contienen en la susodicha Ley de Violencia. A pesar de la enorme extensión de tal documento: 270 páginas y 200 medidas, el contenido no va más a allá de repetir que se procederá a la protección de las víctimas con una serie de actuaciones en materia de asistencia social, educación y sanidad, que ya ocupan más de la mitad del redactado de la Ley de 28 de diciembre de 2004, y cuya implantación en doce años ha sido nula.

         Las novedades: ampliar la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia, muestra la desidia que tienen las instituciones obligadas a dar protección a las ciudadanas. Todas ellas tienen la obligación de tramitar la denuncia de cualquier delito del que tengan conocimiento, y de la misma manera deben proteger a sus víctimas, según ya establece la legislación vigente. Establecer protocolos de prevención precoz sanitaria, crear unidades de apoyo –nadie sabe lo que será eso, pero hasta hoy se suponía que las asistentes sociales cumplían este papel- y una clave de seguimiento de las historias clínicas, son medidas que corresponden a un reglamento que cualquier Comunidad Autónoma, e incluso una ordenanza municipal, podía aprobar.

Realmente resulta patético y ridículo que se tengan que reunir, durante siete meses, las diputadas de los partidos y 67 expertos para establecer unas medidas que corresponden más a un reglamento de aplicación de la ley, sin que hayan abordado siquiera la retirada de la custodia, la patria potestad y el régimen de visitas de los padres maltratadores. Ni aún la eliminación del artículo 416 de la LECr. que permite a la víctima no declarar contra el acusado, ha sido aprobada.

Ciertamente la violencia contra la mujer está indisolublemente ligada al Patriarcado que impera en nuestro país y cuya derrota supondría toda una revolución, pero para atender a la situación de absoluta urgencia que estamos viviendo, e intentar paliar los terribles efectos de este, es imprescindible que inmediatamente se adopten medidas de persecución, prevención y punición realmente eficaces. Lo que se no han propuesto los diputados y diputadas de ese Pacto de Estado.

Sin proceder a la prisión preventiva de los acusados, a invertir la carga de la prueba, a dictar sentencias más duras y obligar a cumplir íntegras las penas, los maltratadores se saben impunes y las mujeres son conscientes de su desprotección. Resulta patético que se apruebe una pensión  para los huérfanos y que nadie se haya planteado evitar que haya más huérfanos. Cualquier Consistorio municipal puede disponer que se les ayude económicamente, lo que sólo los legisladores tienen competencia para imponer es que se dicte la prisión preventiva contra todo sospechoso de maltratar a la mujer y a los menores.

         En consecuencia, el Partido Feminista de España tiene que manifestar su rechazo al documento aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios, entendiendo que ni corresponde a lo que debería ser un verdadero Pacto de Estado ni modifica sustancialmente la Ley de Violencia de Género de 28 de diciembre de 2004, que se ha probado absolutamente ineficaz, ni cumple su misión de proteger a las víctimas y perseguir a los victimarios.

         En consecuencia, solicitamos a los partidos políticos implicados que retiren el texto que se ha hecho público, y exigimos al Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en el que se haya Izquierda Unida y en el que el PFE está inserto, que vote en contra de dicho texto.

         Consideramos inexplicable que IU haya votado a favor de un proyecto que va a mantener la misma legislación, el mismo sistema judicial y policial, e idéntica situación de impunidad del maltratador y de asistencia a la mujer, considerándola una incapaz y una enferma.

         Votar por unanimidad este nuevo fallido texto legal, como sucedió con la Ley de Violencia, significa una rendición vergonzosa de IU a las imposiciones de los demás partidos, que mantienen los privilegios del patriarcado como corresponde a su alineación con la derecha. Si la izquierda no actúa como tal en el Parlamento, ¿para qué queremos que forme parte del mismo? ¿Para duplicar el voto de las fuerzas de derecha?

         Con esta actuación IU pierde su crédito como fuerza política de izquierda revolucionaria y transformadora de la realidad social, de la que se reclama. Únicamente pretende mantenerse en el sistema parlamentario, que responde a los intereses del patriarcado.

         Exigimos, por tanto, que en la votación del día 30 próximo, el grupo Unidos Podemos vote en contra de este Pacto sobre la violencia, o al menos lo haga, visiblemente, Izquierda Unida.

         Madrid, 26 de julio 2017