Pérez: “Urbaser presta el servicio con un beneficio económico tan espectacular como el quebranto para La Laguna”

“El contrato venció, incluidas sus prórrogas, el 31 de octubre de 2018 y se le abonan 1,3 millones de euros al mes a pesar de que toda la flota de camiones pasó a ser de titularidad municipal”

“Me descojono de la denuncia del alcalde a Fiscalía, es una payasada que pretende lo mismo que Clavijo con Antonio Morales o Angel Víctor Torres: dar la impresión antes de las elecciones de que todos somos iguales”
 

El El portavoz de XTF-NC en La Laguna, Santiago Pérez, considera un escándalo que la empresa Urbaser siga prestando el servicio de recogida de basura y limpieza viaria en base a un contrato que venció, incluidas sus prórrogas, el pasado 31 de octubre.

“Se trata de un contrato por el que se paga mensualmente 1,3 millones de euros. Y lo que es peor, según el contrato toda la flota de Urbaser pasó a ser de propiedad municipal desde el 31 de octubre, como estipula el pliego de condiciones. Así, desde ese momento, Urbaser, sin contrato, a dedo, sigue prestando ese servicio cobrando lo mismo que si lo siguiera prestando con sus propia flota y camiones, que ya son del Ayuntamiento de La Laguna”, explicó.

Santiago Pérez añade que “el Ayuntamiento le sigue pagando a Urbaser como si la flota de camiones siguiera siendo de ella, sin la menor reducción del precio que se le paga de 1,3 millones de euros al mes. El beneficio económico, ilegal, e injustificado para Urbaser es tan espectacular como el quebranto económico que esta decisión supone para los contribuyentes laguneros”.

El concejal de XTF considera que “Clavijo instauró su marca: paraíso de ilegalidad en materia de contratación de servicios en el Ayuntamiento de La Laguna. La mayoría de las empresas que gestionan servicios municipales continúan haciéndolo desde hace años, después de que se extinguieron los contratos que les fueron adjudicados mediante concurso en algunos casos hace ya más de una década”.

Cuando el contrato se extingue, la obligación es tramitar un nuevo concurso. Es el ABC de la legislación en materia de contratación pública, “pero Clavijo y su sucesor lo han derogado en La Laguna. Se les prorroga a dedo. En el caso de Urbaser, el procedimiento para tramitar el nuevo concurso lo inició el Ayuntamiento justo 10 días antes de que ese contrato venciera. Un concurso de tanta importancia que su importe alcanza los 150 millones de euros y debe ser publicado en los boletines oficiales y era evidente que no estaría a tiempo”.

Denuncia a la Fiscalía

Santiago Pérez se refirió también a la noticia “divulgada por  la prensa del Régimen de que el alcalde La Laguna, José Alberto Díaz, ha puesto una denuncia ante la Fiscalía por un acuerdo que tomó el Pleno en el mes de abril. Y me descojono de ese asunto”, señaló.

“Primero que nada tendrían que ponerse de acuerdo entre ellos mismos --explicó--, porque lo que nosotros propusimos y el Pleno aprobó es lo que está haciendo Clavijo con el superavit, aunque en su caso sin ninguna razón que lo justifique”.

La Laguna ha tenido que “cargar como un fardo durante los últimos 8 años, años de crisis, con la deuda que nos dejaron Oramas y Clavijo, que nos obligó a afrontar la crisis en una situación próxima a la bancarrota. Al liquidar el Presupuesto de 2018 el Ayuntamiento lo cerró con superavit, y propuso destinar 8 de esos millones de euros a reducir la deuda con el Banco de Santander. Nosotros presentamos en el Pleno una enmienda a la totalidad, favorablemente votada por mayoría absoluta, para que antes de devolver ese dinero a la banca se pagaran 5,6 millones de euros a Muvisa”

Una empresa “a la que Clavijo y Díaz han intentado utilizar como una especie de banco sin pagar intereses, encargándole actuaciones bajo el nombre de encomiendas, que luego no le pagan. Y Muvisa ha estado funcionando con unos recursos de los que disponía para financiar las actuaciones en Las Chumberas, no para dedicarlos a otras finalidades porque el gobierno de La Laguna le hace encargos fiados”.

Santiago Pérez añadió que “quienes presentamos esa propuesta somos quienes actualmente dirigimos Muvisa por decisión democrática de su Junta General. Y cuando los servicios de Muvisa certificaron que el Ayuntamiento les debe 5,6 millones de euros dijimos que había que pagar antes que al Santander a Muvisa, que no puede ser la herramienta de usar y tirar del Gobierno de turno”.

El Consejo de Muvisa va a velar por su viabilidad financiera: “Queremos defender los puestos de trabajo de la empresa aunque muchos de sus trabajadores hayan sido seleccionados de aquella manera por Coalición Canaria (CC). Que lo sepan los trabajadores de Muvisa, que lo sepa la ciudadanía, y que lo sepan los delegados de Comisiones Obreras (CCOO) que están vendidos a CC. El actual Consejo de Administración no va a tolerar ni un solo segundo que se siga utilizando el dinero de Las Chumberas para financiar otras operaciones”.

Además, “la Intervención del Ayuntamiento ha emitido un informe a petición del alcalde en el que dice que es perfectamente legal lo que hemos hecho”.

Así es que “el alcalde, con esta payasada de la denuncia ante la Fiscalía de la que me descojono, pretende lo mismo que Clavijo y su aparato de Prensa denunciando a Antonio Morales o a Angel Víctor Torres: dar la impresión antes de las elecciones de que todos somos iguales, porque en ese lodazal quienes sale mejor parados son los corruptos de siempre, aunque sean los que dicen defender a Canarias”.

Personal de apoyo

Finalmente, Santiago Pérez anunció que la Audiencia Provincial les ha dado la razón en un contencioso después de que el “Gobierno municipal nos negara el derecho a disponer de personal de apoyo nombrado por el Ayuntamiento y con cargo a su Presupuesto”.

Pérez explicó que en 1999 se reformó la Ley de Régimen Local, prohibiendo a los grupos políticos de los Ayuntamientos usar sus asignaciones a la contratación de personal y adquisición de bienes inventariables. Desde ese momento, el Ayuntamiento nombraba al personal de apoyo indispensable propuesto por los Grupos como personal eventual.

Sin embargo, “en esta legislatura se nos ha impedido eso, obligándonos a incumplir la Ley o a no poder desempeñar nuestra función. Porque si contratamos personal corremos el riesgo de que se nos considere empresarios a los que estamos en la oposición, que no cobramos por el desempeño de nuestro trabajo, porque el Gobierno tiene su personal de apoyo contratado con cargo al Presupuesto municipal”.

El alcalde de La Laguna, “no sé si por ignorancia jurídica o mala fe, nos impuso esta situación que nos obligó a presentar un recurso de protección de derechos fundamentales, con la intención de que la Justicia nos diera la razón pronto y tuviera efectos esta legislatura. El juzgado de lo contencioso administrativo de Santa Cruz nos negó el derecho a tramitar ese procedimiento y nos condenó en costas”.

El Ayuntamiento “compareció con un letrado de alto postín que pagamos los laguneros, el señor Martín Orozco. Pero recurrimos esa decisión y la Audiencia Provincial nos ha dado la razón. El juez de lo contencioso, en un alarde de superficialidad o de ignorancia jurídica inexcusable se tomó la libertad de opinar sobre el fondo del asunto, cuando sólo se discutía si cabía o no ese procedimiento preferente y sumario. Me impacta, porque como si se tratara de una posición premeditada, entró en el fondo del asunto sin permitirnos siquiera formular la demanda”.

Pero hay “indicios más que sobrados de que nuestra iniciativa tiene fundamento jurídico al amparo de la Constitución Española. Cuando se conoció el auto que lo archivaba, el alcalde y los medios del Régimen, corrieron a decir que se nos había desautorizado. Espero que ahora corrijan porque la autoridad judicial nos ha dado la razón con todos los merecimientos”.

Es evidente que la situación “quiebra el principio de igualdad en el desempeño del cargo público y supone un menoscabo de nuestro derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad”, finalizó.