Piden a la Fiscalía que investigue si ha habido prevaricación en la actuación del Ministerio de Industria y exigen responsabilidades políticas al ministro Soria

Los principales partidos de la oposición se han sumado a la denuncia, que estará también avalada por la firma de más de 100.000 ciudadanos

Cuándo: martes 9 de junio de 2015 a las 12 h.

Dónde: Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, calle Manuel Silvela, 4, Madrid

Quién: ACA, ADICAE, AEBIB, Algamar, Amigos de la Tierra, ANAE, APPA Fotovoltaica, ASGECO, ATTAC, CB Arquitec Bioconstrucción, CECU, CIFV, COESER, CSOLAR, Eco-Event, Ecologistas en Acción, Ecooo, Energía Activa, Federación Arcoiris, Fundación Renovables, Goiener, Greenpeace, Larmendi, MESM, OCE, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Saint Gobain, SEO/Birdlife, SolarWeb, Som Energía.

Además firmarán y estarán presentes: Carolina Punset (Ciudadanos), Álvaro Abril (PSOE), Chuse Inazio Felice (CHA),Juantxo López de Uralde (EQUO), Joan Baldoví (Compromís), Íñigo Errejón (Podemos), Joan Coscubiela (ICV), Marga Ferrer (IU), Carlos Martínez Gorriarán (UPyD).

La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto a más de treinta organizaciones y partidos políticos, pondrán en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción los hechos que creen son constitutivos de delito en el proceso para establecer el recorte de 3.000 millones de euros anuales a la generación con renovables y cogeneración, el llamado “hachazo” a las renovables. Pedirán a la Fiscalía que abra una investigación y determine responsabilidades.

Por otro lado, las mismas organizaciones exigen al Gobierno que pida responsabilidades políticas al ministro Soria, como responsable máximo del hachazo irregular a las renovables.

La petición estará también avalada por la firma de más de 100.000 personas que se han sumado a esta campaña online a través de la organización Avaaz.

Los elementos centrales de la denuncia giran en torno a:

·         Un recorte de 3.000 millones de euros anuales caracterizado por la arbitrariedad y la falta de respaldo técnico;   

·         Más de 600.000 de euros invertidos en consultores externos con los que no se contó al redactar la normativa;

·         Numerosas contradicciones en la cronología de un proceso que se adjudicó “a dedo” argumentando la extrema urgencia del mismo;

·         Ausencia de la más elemental transparencia, aderezada con presuntas presiones del Gobierno a las consultoras para que validaran el “hachazo”;

·         Se considera que los hechos pudieran ser constitutivos de delito de prevaricación y se apunta como autor, fundamentalmente, a D. Alberto Nadal Belda, Secretario de Estado de Energía.

El texto completo de la denuncia y sus anexos se pueden consultar en este enlace.

Las organizaciones denunciantes siguen recabando apoyos, tanto a título individual como colectivo.