Podemos reclama la paralización de los despidos en la empresa pública Tragsa

• En 2015 obtuvo beneficios y ha contratado a personal eventual por el aumento de la carga de trabajo

• Aboga la renegociación para la defensa del empleo y el sector público.

Podemos reclama la paralización del expediente de regulación de empleo (ERE) que ejecuta la empresa pública Tragsa en todo el Estado español, que afecta especialmente a Canarias, donde incluye a 81 personas de las que ya medio centenar ha perdido su empleo.

La dirección del Grupo comenzó a negociar un despido colectivo en septiembre de 2013, aduciendo causas económicas por caída de ingresos desde 2009, al amparo de la reforma laboral de febrero de 2012. Sin alcanzar acuerdo, la empresa siguió adelante con el despido de 1.336 empleados con una indemnización de 20 días por año. En muchos casos, denuncian representantes laborales, las personas afectadas se enteraron de sus despidos al recibir la transferencia bancaria de su liquidación, sin previa notificación.

Con todo, en 2015 Tragsa volvió a obtener beneficios, viéndose obligada a realizar nuevas contrataciones para poder hacer frente a la carga de trabajo, aunque empeorando las condiciones laborales, según denuncian representantes de los trabajadores.

Parlamentarias de Podemos han mantenido reuniones en Lanzarote y Tenerife con representantes de los trabajadores afectados por el despido colectivo y presentarán iniciativas en la Cámara. “La Comunidad Autónoma Canaria no puede ser ajena a decisiones injustificadas que destruyen empleo, sobre todo después de escuchar en los últimos meses al Gobierno central alardear de presunta recuperación económica”, señala la diputada de Podemos Concepción Monzón, que también alerta del “impacto negativo que tendrían estos despidos colectivos sobre los trabajos que le encomienda el Gobierno de Canarias.” Podemos aboga por la defensa de las empresas públicas y el trabajo de calidad, en condiciones dignas.

El Grupo Tragsa, nace a raíz de la empresa Transformación Agraria SA en 1977 para la ejecución de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia. Su capital es 100% público, cuenta con delegaciones en diversos países y en todas las comunidades autónomas. Realiza trabajos de mantenimiento y respuesta a emergencias sociales, catástrofes naturales o accidentes climáticos para las administraciones central, autonómicas y locales.