Los presupuestos autonómicos para el 2019 blindan el mantenimiento de la injusticia social - Intersindical Canaria

Los presupuestos generales aprobados durante esta semana por la mayoría conservadora parlamentaria integrada por Coalición Canaria, PP, ASG, mantienen el objetivo de ignorar las demandas de la mayoría social pese a que el ejecutivo presidido por Clavijo insista en enmascararlos con un envoltorio de utilidad pública.

La vanagloria gubernamental sobre las falsas bondades de las modificaciones en materia impositiva y fiscal, en realidad afectarán de modo irrisorio a la mayoría de los contribuyentes. Evitas así establecer una línea de impuestos progresivos según renta que colaboraría a mitigar la actual desigualdad social existente, y de paso, amortiguar los paupérrimos salarios que perciben los trabajadores isleños. 

En materia de servicios públicos, comparativamente con lo asignado al conjunto del presupuesto, se restringen las inversiones, precisamente en una situación en la que los servicios sanitarios se encuentran colapsados por la existencia de graves carencias que, además, benefician al sector privado. Los servicios sociales acumulan damnificados por el desprecio gubernamental hacia los dependientes. La educación continúa a la espera de las inversiones prometidas que puedan sacarle de su actual estancamiento y acentuado fracaso escolar.  En definitiva, el gobierno de tal forma, insiste en mantener a Canarias en primerísimo lugar en todo lo socialmente negativo fruto de una política retrógrada y continuista, convirtiéndose en campeón del Estado español en el sufrimiento que impone a sus administrados con cerca de la mitad de la población  bajo umbral de la pobreza o en riego de padecerla. En su fijación enfermiza para restringir el gasto público y las restricciones y recortes sufridos, el gobierno vuelva a acumular superávit durante el año 2018 por encima de la media del conjunto de comunidades del Estado.

Hay otro aspecto especialmente novedoso y negativo en las cuentas públicas para el futuro año, y lo es el fraude en la promesa de Coalición Canaria de devolución de los derechos laborales a los trabajadores públicos, y sobre todo lo que se refiere a la recuperación de la jornada laboral y al abono de la I.T. Contrariamente a incluirlo en el plan de inversiones para el 2019, el gobierno de Coalición Canaria lo hace condicionar a que el ejecutivo español le autorice a utilizar los cerca de 600 millones de euros de superávit que Coalición Canaria se guardó en el pasado ejercicio y no invirtió en gasto social. Este hecho lo considera Intersindical Canaria especialmente grave al hace recaer de forma directa sobre los servicios a la ciudadanía los perjuicios de unas plantillas escasas, e imponer a los trabajadores mayores cargas de trabajo, penalizando incluso la enfermedad. En su fijación enfermiza para restringir el gasto público y las restricciones y recortes sufridos, el gobierno vuelva a acumular superávit durante el año 2018 por encima del conjunto de comunidades del Estado.

En todo lo relacionado con la discusión de los presupuestos y de aquellos aspectos laborales y de servicios públicos, hay que denunciar que Intersindical Canaria ha sido sistemáticamente esquivada por el gobierno en su obligación legal de informarle como organización representativa. Un proceder este, consecuencia del odio que el régimen autoritario de Clavijo ejerce contra  todo aquél que discrepa de su política favorecedora de la minoría opulenta.

20 de diciembre de 2018