La Mesa de Prevención de Desahucios de Telde consigue reunir la voluntad y el compromiso de instituciones públicas y entidades profesionales y sociales

• Los participantes en la primera reunión coinciden en la necesidad de revisar las políticas actuales en materia de vivienda
• La alcaldesa, Carmen Hernández, afirma que es inconcebible que haya gente sin casa y casas sin gente en el municipio

Telde, 14 de octubre de 2015.- El Ayuntamiento de Telde puso en marcha en la tarde de este martes la Mesa de Prevención de Desahucios, un órgano que nace con el firme propósito de coordinar el trabajo de las diferentes instituciones y colectivos implicados para buscar mecanismo que prevengan los desahucios o, en su caso, articular medidas alternativas si no fuera posible evitar el desalojo por ejecución de hipoteca o impago de alquiler.

La Mesa, que estuvo presidida por la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, contó con la participación de los tenientes de alcalde Juan Francisco Artiles, Alejandro Ramos y Juan Martel, la concejala de Servicios Sociales, Natalia Santana, representantes de la Empresa Pública de Vivienda de Telde, Fomentas, las consejeras de Vivienda y Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Ylenia Pulido y Elena Máñez, y responsables de la PAH-Stop Desahucios Gran Canaria, la Iglesia Evangélica de Telde, Cáritas Diocesana de Las Palmas, Cruz Roja Española, La Caixa, Banco Santander, Banco Popular, BBVA, Caja March, Banco Sabadell, y los colegios profesionales de Procuradores y Trabajadores Sociales.

Carmen Hernández realizó un esbozo de la situación social y económica de Telde, que “es de especial gravedad”, con una tasa de desempleo de un 32% -el Observatorio Canario de Empleo establece que a 31 de agosto el número de personas desempleadas ascendía a 14.666, de los que la mitad no percibe ningún ingreso- y un índice de pobreza de un 33%.

La coyuntura de estos datos tiene como consecuencia, entre otras, que desde enero de 2009 han sido 2.000 familias en situación extrema las que han acudido a Fomentas solicitando ayuda institucional en materia de vivienda. Actualmente, el Registro Público de Vivienda del Gobierno de Canarias cuenta con 3.792 demandantes de casas en la ciudad.

Esta cifra, resaltó la máxima mandataria teldense, se hace especialmente sangrante cuando se contrasta con el hecho de que el municipio mantiene un total de 7.062 inmuebles vacíos, ya sean públicos, de titularidad bancaria o pertenecientes a promociones privadas, conformándose un importante parque de viviendas vacías. El perfil medio de solicitantes de vivienda pública corresponde a una mujer soltera de entre 26 y 55 años, teniendo a su cargo entre 1 y 4 menores.

En ese sentido, Carmen Hernández sentenció que “es inconcebible que en Telde haya casas sin gente y gente sin casas”.

Garantizar el derecho fundamental recogido en la Constitución Española de una vivienda digna es uno de los principales compromisos del grupo de gobierno que lidera Carmen Hernández y la Mesa de Prevención de Desahucios forma parte de un conjunto de acciones que desde el primer momento ha puesto en marcha este Gobierno local.

Entre las medidas adoptadas por la Corporación teldense está el acuerdo adoptado con Visocan para paralizar cualquier desahucio por impago a aquellas personas que acrediten mediante un informe social la imposibilidad de afrontar el pago de la casa, la intermediación –con éxito- para frenar el desahucio de una familia, la recuperación de ayudas de emergencia social y la rúbrica, este miércoles, de un convenio con Endesa Canarias para luchar contra la pobreza energética. Además, Telde se ha sumado a la Ventanilla de Intermediación Hipotecaria puesta en marcha por el Cabildo de Gran Canaria y ha impulsado la rehabilitación de 480 viviendas en Jinámar, con una inversión global de 5 millones de euros que no sólo mejoran las condiciones habitacionales de los vecinos y vecinas, sino que supone una posibilidad de crear economía y empleo.

Como primera medida, la empresa pública de Vivienda de Telde, Fomentas, realizará un diagnóstico de la situación de la vivienda en el municipio, de sus fortalezas y debilidades en esta materia. La Mesa de Prevención de Desahucios se reunirá cada tres meses como foro permanente de análisis y toma de decisiones.

Entre los objetivos generales de la Mesa está el impulso del Servicio de Mediación Hipotecaria y buscar alternativas habitacionales ante la emergencia social que genera riesgo de desahucio. Para ello será necesario estudiar la situación de las promociones de vivienda pública y movilizar el parque de vivienda vacío a través de figuras como el alquiler social.

Carmen Hernández destacó que “esta es una Mesa que supone el inicio de una línea de trabajo que durará cuatro años” ya que este foro “nace del convencimiento de que entre todos lo que lo forman está la solución”.

Por este motivo, todas las personas que intervinieron en el acto coincidieron en la importancia de la coordinación y la implementación de políticas integrales desde todos los ámbitos para no sólo resolver los problemas perentorios de los ciudadanos y ciudadanas que acuden a las instituciones y colectivos, sino prevenir a través de la educación y la inserción socio laboral.  

Durante el encuentro se puso en valor la necesidad de que el Gobierno de Canarias, que es la institución que tiene las competencias en exclusividad en materia de vivienda, participe en este foro. La Mesa coincidió en la necesidad de que el Ejecutivo regional reoriente las políticas públicas de acceso a la vivienda. En ese sentido, es preciso que cambie los mecanismos de adjudicación de viviendas por sorteo y apueste por la designación según las características de cada una de las familias demandantes, dé una respuesta a las casas vacías sin adjudicar, y dé un verdadero impulso al alquiler social.

Entre las cuestiones planteadas en esta primera reunión está la necesidad de agilizar los trámites bancarios y administrativos para evitar los alzamientos de vivienda, crear un mecanismo que investigue la situación del parque de viviendas sociales del municipio para conocer cuántas podrían volver a adjudicarse y evitar situaciones irregulares en las mismas.