La privatización sanitaria acelera con la pandemia - por Arturo Borges Álamo HOJAS DE DEBATE

Se extiende entre las CCAA la política de aprovechar la pandemia para seguir descapitalizando la Sanidad Pública y privatizar por completo el sistema sanitario.

Las comunidades autónomas recurren al argumento del riesgo de colapso de los hospitales para plantear la sanidad privada como alternativa. Hasta nueve CCAA envían pacientes covid y no covid a los centros privados para “liberar recursos” en el sistema público cuando es de sobra conocida la infrautilización de los recursos de la Sanidad Pública así como su sistemático recorte y subfinanciación.

Conviene recordar que en Madrid “se cerraron 1.600 camas entre 2010 y 2018, que existen espacios sin abrir en los hospitales públicos madrileños (3ª planta del hospital de Vallecas, Torre 4 en Alcobendas, antiguo hospital Puerta de Hierro, etc) que no se han abierto ni adecuado en este tiempo. Todo ello sin mencionar a la Atención Primaria jibarizada y sin casi atención presencial, a la marginación de la Salud Pública, etc. En fin, una demostración más de que lo que preocupa a la Comunidad de Madrid son los negocios privados y no la salud de la población.

El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, cifró en declaraciones a Infolibre en el mes de marzo el coste de un paciente covid: 250 euros al día el coste de la hospitalización y 700 euros el de ingreso en UCI, aunque explicó que varían de una comunidad a otra.

La Comunidad de Madrid, el País Valencià, Catalunya, Navarra, Murcia, Andalucía, La Rioja, Euskadi y Baleares son las nueve comunidades que están mandando enfermos a los centros privados. Catalunya, Navarra y Madrid ya derivan pacientes covid. El resto derivan pacientes no covid pero tienen previsto mandar pacientes covid si se llega a necesitar aunque Andalucía ya deriva tanto unos como otros. 

La situación respecto al coste de cada paciente que se deriva, diferente según la comunidad autónoma, se refleja con claridad en el caso de la Comunidad de Madrid ya que la orden para poner a disposición del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) los centros sanitarios privados estipula que tendrán derecho a una compensación de 734,25 euros por paciente y día, mientras que en la UCI se eleva a 2.084,89 euros, significativamente mayores que los establecidos por la propia patronal de empresas privadas en marzo de 2020 y por lo tanto suponen un sobrecoste para el sistema público y un aumento considerable de los beneficios para las empresas privadas. El dinero que se destina a la sanidad privada es aún más llamativo: el sector privado ya absorbe uno de cada dos euros del dinero destinado a la sanidad pública de Madrid.

Según informa el diario Público, Andalucía según el acuerdo al que se llegó con la Asociación de Empresas Sanitarias de Prestación Asistencial de Andalucía, el valor cambia si los pacientes van a camas convencionales, camas UCI o camas UCI-covid, pero los precios oscilan en torno a los 700 euros al día. En el País Valencià se ha diseñado otro sistema de pago mediante el que se retribuye a los centros sanitarios privados en función de lo establecido en la ley de tasas públicas. Mientras que el Govern catalán fue el primero que llegó a un acuerdo con la sanidad privada tras la primera ola en el que se fijó 43.000 euros por cada paciente de UCI que hubiera recibido el alta. Según la patronal privada Euskadi presentó una propuesta «unilateral» definiendo a la sanidad privada como recurso esencial (así se contemplaba en el primer decreto del Estado de alarma y ninguna comunidad lo aplicó).

La sanidad privada aún negocia con Baleares, Canarias, Murcia y Castilla y León el coste de las derivaciones. La factura total de las derivaciones a la sanidad privada se mantiene como una incógnita mientras las comunidades mantienen dichas negociaciones. ¿Y ante todo ello que pueden hacer la clase trabajadora y capas populares para defender su Sanidad Pública?: movilizarse contra la descapitalización de la Sanidad Pública por el desvío de fondos públicos a esas derivaciones que suponen una profundización galopante de la privatización.

Esta situación puede constituir la auténtica puntilla a la Sanidad Pública, por ello hay que exigir la inmediata derogación de las leyes que la hacen posible, de la Ley 15/97 de “Nuevas formas de gestión” y del art. 90 de la Ley General de Sanidad que facilita las derivaciones a las empresas privadas, y a renglón seguido volcar todos los recursos disponibles, materiales y humanos, en el reforzamiento de la Sanidad Pública haciendo públicos recursos privados (nacionalización) que además han recibido durante muchos años financiación pública. Se precisa adecuar la financiación sanitaria a las necesidades reales del sistema público evitando que esos recursos se vayan a las empresas privadas mediante la adopción de las medidas propuestas.

Desde luego, el Gobierno PSOE-UP no ha estado a la altura del clamor de ciudadanía y profesionales que han exigido un reforzamiento y reconstrucción de una Sanidad Pública que durante la pandemia ha demostrado evidentes debilidades, secuelas de los recortes y las privatizaciones a que había sido sometida a nivel central y autonómico. Puede parecer increíble que a estas alturas no haya tenido lugar ese necesario reforzamiento por lo que se hace necesario desarrollar en los centros de trabajo y en la calle las medidas de presión correspondientes, adecuadas al marco estatal y a las especificidades autonómicas, pero que todas ellas deben coordinarse y tener una continuidad hasta lograr la Sanidad Pública de calidad que necesitamos.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Arturo Borges Álamo y la cortesía de HOJAS DE DEBATE

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