COMUNICADO DE LA RSP DE JINÁMAR

DÍA MUNDIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

Las Palmas de G.C. a 16 de octubre de 2019

 

La Red de Solidaridad Popular de Jinámar, convoca a la población a manifestarse el jueves 17 de octubre de 2019, contra las políticas y los políticos que han empobrecido a los canarios.

La Red de Solidaridad Popular (RSP), manifiesta que las reformas laborales de 2010 y 2012 hechas por el PSOE y PP respectivamente, así como las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, también realizadas por el PSOE y el PP, y la reforma del Art. 135 de la Constitución, con los mismos autores, son las principales causas del empobrecimiento.

La RSP de Jinámar, denuncia que los gobiernos del PSOE y del PP, vienen atentando contra la Constitución, al hacer lo contrario de lo que dice en sus artículos 31 y 128. Y han legislado para que paguen menos los más ricos, han vuelto la cara con el fraude fiscal, han dado tratos de favor a las grandes fortunas, “están pasando de la economía sumergida”, y perdonan los préstamos multimillonarios a los bancos, mientras crecen los recortes, la pobreza y la precariedad.

La RSP también denuncia al Gobierno de Canarias porque el Régimen Económico y Fiscal (REF) y en especial la RIC, ha permitido que Canarias esté a la cabeza de la miseria en España mientras facilita que las empresas se ahorren hasta un 25% de los impuestos. Son regalos fiscales para los ricos, mientras, invierten menos de la mitad que la media de España (130, 80 euros per-cápita, frente a media española que es de 276, 40 €).

También denuncian que la Ley de Servicios Sociales de Canarias, aprobada en mayo de este año, supone la renuncia de las instituciones públicas a tener servicios sociales públicos potentes que promuevan la equidad y entregan estos a las ONGs y al “tercer sector”, promoviendo con ello la caridad, el enquistamiento de la pobreza y la humillación del más necesitado.

 

Fdo.: RED DE SOLIDARIDAD POPULAR DE JINÁMAR.

 

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MANIFIESTO-DENUNCIA DE LA RED DE SOLIDARIDAD POPULAR DE JINÁMAR, CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.  

                                                                            Las Palmas a 17 de octubre de 2019.

 

La avaricia y los gobiernos que la favorecen, tienen a más de la mitad de la población del mundo en una situación de pobreza y a más de 800 millones de personas, pasando hambre.

El secuestro del desarrollo científico-técnico, en manos de multinacionales para el desarrollo de sus negocios y la codicia, agrava la situación de salud, el hambre y las necesidades de la mayoría de la población mundial, condenándolas a vivir en condiciones miserables.

El terrorismo, las guerras inventadas y declaradas por los países ricos a los países empobrecidos que tienen enormes recursos naturales; las sanciones económicas y la desestabilización de los gobiernos democráticos, son fatídicos instrumentos que utilizan el capitalismo para el expolio de las riquezas de dichos pueblos, a costa de incrementar el sufrimiento, la inseguridad y el agravamiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial.

La pobreza y la codicia son fruto de decisiones humanas sin escrúpulos, de gobernantes con malos principios y peores valores. Condenamos a los gobiernos que favorecen la opulencia, al mismo ritmo que empobrecen a la mayoría de la población, legislando a favor de la avaricia y favoreciendo condiciones indignas y de la miseria, para la mayoría.

Denunciamos que nuestros gobernantes, no gobiernan la economía; que son lacayos de organismos privados supranacionales, representantes de la codicia (FMI, BM, BCE…), quienes les ponen los manuales que dictan las políticas económicas, que generan tanta injusticia social, pobreza y desigualdad.

La pobreza persiste y se perpetúa, porque la mayoría de los gobernantes, cuando llegan, dan la espalda a los ciudadanos y se dejan cautivar por los avariciosos, a cambio de migajas.

Denunciamos que las grandes empresas, los organismos privados y los gobiernos que favorecen las desigualdades, han hecho de la pobreza un gran negocio, del que viven muchas ONGs, que a su vez son financiadas por los gobiernos y las compañías que generan miseria.

Denunciamos que las instituciones del estado, de hecho, estén desplazando a las asociaciones de afectados, los sindicatos y la sociedad organizada, por las ONGs acríticas y vividoras de los presupuestos públicos.

Denunciamos el papel de las ONGs, porque no son la solución a la pobreza, sino la perpetuación de la misma. Por tanto, la solución a la pobreza no es el incremento de las ONGs, ni su financiación; sino la justicia social, políticas sociales públicas potentes, el gobierno para la mayoría; la redistribución de la riqueza y poner el conocimiento científico-técnico a disposición de la humanidad; el restablecimiento de la cooperación internacional de los estados y el refuerzo del papel de la ONU. La Red de Solidaridad Popular se opone a que las ONGs tutelen la pobreza. La superación de la pobreza pasa por el empoderamiento de los empobrecidos, la dignificación de su condición humana y el restablecimiento de sus derechos; no por su humillación y tutelaje.

 

Exigimos que Nuestros Gobiernos controlen la economía para garantizar la redistribución de la riqueza y la solidaridad por ley, (tal y como dicen los artículos 31 y 128 de la Constitución Española), para garantizar el bienestar de la población y evitar el sufrimiento por causas económicas.

Exigimos al Gobierno del Estado que retire las reformas laborales realizadas por el PSOE en 2010 (RDL 10/2010 de 10 de junio), y por el PP en 2012 (RDL 3/2012 de 10 de febrero). Estas reformas laborales han hecho recaer el coste de la crisis sobre la sociedad, empobreciéndola. Han permitido el despido barato de cientos de miles de trabajadores y que muchos de los empleados hoy, tengan salarios de miseria y no puedan salir de la pobreza.

Exigimos la Retirada de la Reforma de las pensiones realizada por el gobierno del PSOE en 2011 (Ley 27/2001 de 1 de agosto) y la Reforma del PP de 2013 (Ley 23/2013 de 23 de diciembre), porque empobrece a los pensionistas y a la población en general.

Pedimos a los sindicatos de trabajadores, el alineamiento para la retirada de estas leyes ofensivas.

Denunciamos al Gobierno de Canarias por su voluntad de desmantelar las políticas sociales en Canarias, con la nueva Ley de Servicios Sociales, que condenará a la población empobrecida y necesitada, a la caridad, (al tercer sector). Tal Ley muestra graves carencias en políticas sociales públicas y la renuncia a tener programas propios y recursos públicos suficientes para promover la justicia social y hacer frente a los problemas más graves de los canarios.

Condenamos que en Canarias persista un modelo económico (REF), fracasado para la mayoría, que reproduce las más grandes desigualdades del Estado, que garantiza el enriquecimiento de una minoría y que perpetúa y agrava el empobrecimiento de la mayoría. Canarias es la única Comunidad Autónoma donde sigue creciendo la miseria.

Denunciamos graves carencias en políticas sociales, del Gobierno de Canarias, de los Cabildos y los Ayuntamientos. Estas instituciones “se lavan las manos”; derivando de forma humillante, a los más necesitados, a ONGs caritativas y confesionales, sin que haya seguimiento tras las derivaciones.

Denunciamos que el Cabildo, ponga en manos de ONGs confesionales, el reparto de exiguas ayudas sociales.

Manifestamos que los gobiernos locales deben garantizar unos servicios públicos básicos potentes, porque son garantía de mayor equidad. Que las políticas sociales públicas tienen que estar en manos de profesionales, con baremos transparentes, prioridades establecidas y manteniendo la observancia pública; y que dichas políticas deben desligarse de la ONGs confesionales y/o con intereses concretos.

Condenamos a los políticos y gobernantes que entregan los servicios básicos del estado a los avariciosos, a las empresas privadas, desprotegiendo a la inmensa mayoría y generando desigualdades. Por ello condenamos la privatización paulatina de la sanidad, de los servicios sociales, de la educación, etc.

Instamos a la sociedad civil a organizarse y crear redes de solidaridad, a exigir los derechos constitucionales, la defensa de los derechos humanos y hacer cambiar de rumbo a nuestros gobiernos, para acabar con las desigualdades y la pobreza, redistribuyendo mejor la riqueza y garantizando condiciones de vida dignas para todos.