La Red de Solidaridad Popular (RSP), de Jinámar denuncia, que desde las instituciones públicas se desatiende y desinforma a las familias vulnerables que se quieren acoger al bono social en la factura eléctrica.

El bono social y las medidas de protección para el consumidor doméstico de energía eléctrica recogidas en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre Bono Social, suponen una tramitación engorrosa, para la inmensa mayoría de los usuarios vulnerables que tienen derecho a acogerse a estas medidas de protección.

La RSP de Jinámar, denuncia la falta de una campaña informativa que especifique quienes tienen derecho a los descuentos y medidas de protección, quienes son vulnerables (con derecho a un 25% de descuento), quienes vulnerables severos (con derecho a un 40% de descuento) y quienes en riesgo de exclusión social (con derecho al 40% de descuento y no se les podrá cortar la energía, además con la posibilidad de que su ayuntamiento le pague el 50% de la factura). También, la RSP, denuncia la desinformación que desde los servicios sociales de los principales ayuntamientos se dan a los consumidores afectados, al negar que ellos tengan que realizar informes algunos respecto de la condición de vulnerabilidad de las personas.

La realidad que nos encontramos las personas organizadas en la RSP, que han tenido que ir a pedir informes sobre la situacion de vulnerabilidad severa y sobre las que están en condiciones especiales, es que en la mayoría de los casos los trabajadores sociales les niegan los informes diciéndoles que ellos no tiene instrucciones para esto o que no les compete realizar los informes sobre la situación de vulnerabilidad, a los que tienen derecho. En los pocos casos de informes emitidos por discapacidades, no se adaptan a la Ley, porque detallan datos personales y específicos de la discapacidad del solicitante del bono social, y son rechazados por las eléctricas al atentar contra la protección de datos del usuario. Esta última situación y las anteriores denota que los trabajadores sociales desconocen los detalles del R.D. 897/2017 y aunque elaboran dichos informes, no hacen bien su trabajo por desconocimiento de los detalles de la norma.

La RSP de Jinámar, demanda a las instituciones públicas a que hagan una campaña informativa para que las personas vulnerables que se puedan acoger al bono social en la factura eléctrica lo puedan hacer en las condiciones más favorables que le permite la norma. Para ello pide que primero se formen a las trabajadoras sociales sobre los detalles, grupos y situaciones especiales que recoge la norma. La RSP tiene experiencia suficiente sobre el tema y ofrece su asesoramiento a los ayuntamientos de Las Palmas y de Telde, sobre los detalles de la norma y las situaciones especiales que contempla la Ley, para que asuman su responsabilidad legal en este asunto y no elaboren mal los informes, desinformen, engañen o nieguen el derecho que tienen las personas más empobrecidas a acogerse a la situación más ventajosa en función de su situación económica.

La inhibición de los servicios sociales en la tramitación del bono social, deja la misma en manos exclusivamente de las eléctricas, quienes facilitan la información interesa, salvo que el consumidor esté perfectamente enterado de su situación específica y reclame los datos referentes a la misma, (asunto poco frecuente porque a la mayoría de la población afectada le falta información).

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