SCTF - Sí se puede presenta una moción para dejar sin efecto el convenio con Sacyr-Vallehermoso del pasado 25 de marzo

Pedro Fernández Arcila considera que el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz con la multinacional es “gravemente dañoso para el erario público”

Sí se puede ha presentado ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una moción para dejar sin efecto el convenio firmado el pasado 25 de marzo entre la corporación y la multinacional Sacyr-Vallerhermoso en el que se detalla el plan de inversiones para la obra de ampliación de la desaladora.

En este acuerdo, se establece la devolución a Sacyr de los 31 millones de euros del coste de esa instalación, de manera que se infringe la cláusula quinta del contrato administrativo firmado con la multinacional en 2006. La iniciativa de la organización ecosocialista incluye además que se ordene el cumplimiento de la mejora ofertada por Sacyr o que se inicien los trámites para la resolución del contrato administrativo con esta multinacional.

El portavoz de Sí se puede en la capital tinerfeña, Pedro Fernández Arcila, considera que “este acuerdo es gravemente dañoso para el erario público” y recuerda que la citada empresa consiguió la adjudicación del servicio público municipal que gestiona el ciclo integral del agua por ser Sacyr-Vallehermoso la empresa que presentó la mejor oferta.

En esa oferta, la multinacional se comprometía a una inversión propia de 45.177.144 euros a fondo perdido, que inicialmente se proponía destinar al tratamiento y desecación de lodos y fangos de la depuradora municipal. Sin embargo, en 2006 se acordó que esta cuantía podría ser destinada a actuaciones “que se consideren más conveniente de común acuerdo contratista y Ayuntamiento”.

Arcila asegura en su moción que Sí se puede ha sabido que representantes del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz firmaron el 25 de  marzo de 2015, “en plena precampaña electoral”, un acuerdo con la multinacional que significa el incumplimiento del plan de inversiones “de manera fraudulenta”.

La conclusión de la organización ecosocialista se basa en que, en virtud de este acuerdo, se exige que la inversión de 31.000.000 de euros destinada a la ampliación de la desaladora sea devuelta por parte de la empresa pública de aguas EMMASA a Sacyr-Vallehermoso, junto a los correspondientes intereses. Sin embargo, Arcila señala que estos fondos de inversión deben contemplarse como parte de los 45.177.144 euros a los que la empresa adjudicataria del servicio está obligada a invertir a fondo perdido.

Arcila señala que “es evidente que esto ocasiona un daño al patrimonio de la entidad EMMASA, que se verá privada de obtener de aquellas cantidades que iba a disponer  a fondo perdido para obras o mejoras de instalaciones vinculadas al ciclo integral del agua”. El perjuicio que se le causa a EMMASA con este último convenio va a más, porque, “además, para mayor daño económico, se verá obligada a devolver una cantidad en concepto de principal e intereses que compromete seriamente la viabilidad económica-financiera de la empresa  mixta”.