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viernes, 29 de marzo de 2024 00:00h.

Unid@s se Puede y XTF-NC exigen un PGO en La Laguna basado en el principio de desarrollo sostenible

 

unidos se puede XTF NC 300

Ambas fuezas políticas pretenden que el Gobierno lagunero renuncie a aplicar los mecanismos excepcionales de modificación del planeamiento sin consenso y sin garantías ambientales, previstos en el Proyecto de Ley Canaria del suelo.

 

       
       
 

Unid@s se Puede y XTF-NC exigen un PGO basado en el principio de desarrollo sostenible

 

Ambas fuezas políticas pretenden que el Gobierno lagunero renuncie a aplicar los mecanismos excepcionales de modificación del planeamiento sin consenso y sin garantías ambientales, previstos en el Proyecto de Ley Canaria del suelo.

Culminar la tramitación del Plan General de Ordenación (PGO) a través del consenso, fijando la adopción de un modelo de ordenación basado en el principio del desarrollo sostenible y en el respeto de los derechos de los ciudadanos, es el objetivo de la moción que Por Tenerife - Nueva Canarias (XTF-NC) y Unid@s se puede presentarán en el Pleno de la Corporación el próximo jueves. Así, exigen al Gobierno municipal que  renuncie a solicitar o a efectuar su modificación a través de los procedimientos previstos en el Proyecto de Ley Canaria del Suelo (Proyectos de Interés Insular o Autonómico, Ordenanzas Provisionales, Convenios Urbanísticos…) que no respeten las garantías del medio ambiente, las de los pequeños propietarios o los derechos de participación ciudadana, que son exigidos legalmente para la elaboración y aprobación del planeamiento general.

El portavoz del Grupo municipal XTF-NC, Santiago Pérez, advierte que, probablemente, el Parlamento de Canarias aprobará, con el apoyo de Coalición Canaria (CC), del Partido Popular (PP) y de Agrupación Socialista Gomera (ASG), la Ley Canaria del Suelo, al tiempo que asegura que esta normativa que atribuye a cabildos y ayuntamientos  la aprobación definitiva de los planes urbanísticos y del planeamiento insular   --eliminando el control previo de legalidad, hasta ahora ejercido por el Gobierno de Canarias a través de la COTMAC--; va a permitir su modificación para legalizar infraestructuras, equipamientos, proyectos y actuaciones urbanísticas, por medio de decisiones unilaterales del Ejecutivo autonómico o de los cabildos insulares. Es decir, que “la autonomía de los entes locales que se dice recibir solemnemente por la puerta, se arroja luego por la ventana”, asevera.

El edil pone como ejemplo la modificación súbita del PGO de La Laguna para construir los grandes edificios en San Honorato, y anuncia que, a partir de ahora, “contarán con todo un repertorio de instrumentos a la carta que convertirán ese tipo de modificaciones en algo habitual”.

Del mismo modo, el portavoz del Grupo municipal Unid@s se puede, Rubens Ascanio, considera que con la Ley del Suelo la seguridad de la ciudadanía se reduce sensiblemente frente a los que quieren especular con el suelo”. Entiende que “si en el PGO de 2013 y 2014 el municipio estaba regado de centros comerciales de mediano tamaño, recalificaciones de zonas verdes para convertirlas en urbanizaciones y nuevos elementos urbanos de gran impacto, con la nueva norma este tipo de riesgos de mal uso del territorio se multiplica”.

Asimismo, anuncia, además, que han pedido la comparecencia de la concejala de Urbanismo, Candelaria Díaz, para que “de una vez por todas explique qué está haciendo el Ayuntamiento con el Plan General, ya que llevamos casi tres años sin que se haya respondido a los miles de vecinos y vecinas que presentaron más de 6.000 alegaciones en la última fase de exposición pública y la sensación es que simplemente no se quiere decir qué modelo de municipio proponen en este importante documento, esperando por las facilidades que otorga la nueva normativa urbanística para simplificar los trámites del Plan y sus consecuencias ambientales”.

Por su parte, Santiago Pérez insiste en la inseguridad jurídica y la devaluación del planeamiento, así como de las garantías establecidas para su aprobación y modificación, al tiempo que especifica que los Proyectos de Interés Insular o Autonómico, cuya declaración es un mero acto discrecional de la Administración, podrán no sólo modificar el planeamiento sino desencadenar la potestad expropiatoria, quebrando las garantías  jurídicas básicas del derecho de propiedad. Por esta razón, sentencia que “la experiencia enseña  a quiénes habitualmente se benefician en esta tierra y a quiénes se perjudica cuando se da rienda suelta a la discrecionalidad del poder”.

 

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