Una treintena de personas pertenecientes a numerosos colectivos, plataformas y asociaciones se han reunido en la noche de este jueves en Santa Cruz de Tenerife para manifestar su rechazo al Anteproyecto de Ley del Tercer Sector que prepara el Gobierno de Canarias, por innecesaria y porque además perpetua la caridad y el clientelismo, derivando al altruismo y a la voluntariedad de las ONG el derecho a la asistencia social, un derecho social básico irrenunciable al que se debe dar respuesta por la vía política pasando por una redistribución más justa de la riqueza. 

“Nos estamos jugando muchísimo en calidad y nivel de prestación asistencial”, alerta la consejera insular Mila Hormiga.

“Es importante que la nueva norma sea un instrumento para desarrollar y consolidar un sistema que garantice los derechos de toda la ciudadanía frente a la precariedad en que se encuentra actualmente”, manifiesta la portavoz de Sí se puede en Valle Gran Rey, Andrea Witt.

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Pero además, hay un aspecto fundamental que deja de lado esa ficción que orienta la Ley del suelo basada en un ‘crecimiento económico sostenible’, y es el problema del cambio climático y la dependencia que tiene la economía del medio ambiente.

La Plataforma “Por un desarrollo sostenible” asegura que el Gobierno de Canarias no ha contestado a ninguna alegación.

    Esa es la sensación que da al leer el Anteproyecto (ALSC) y tengo varios motivos para pensar así