"El TSJC duda de la constitucionalidad de la reducción salarial a 3.600 empleados públicos". La banda que gobierna Canarias, en su ardor neoliberal por recortar presupuestos públicos, partió la cruel idea de recortarle empleo y sueldo a un grupo de empleados y empleadas no funcionariales. Como eso no se sostiene jurídicamente -como demuestra el profesor Santiago Pérez, en memorable artículo, que vuelvo a publicar- la artimaña de estos pseudonacionalistas -unos- y desertores del socialismo -los otros- ha desencadenado una catarata de demandas judiciales. Y la cosa ha terminado nada menos en que el Tribunal Superior de Justicia Canariasle maja las liendres a los aprendices de Maquiavelo, declarando su opinión de que la medida agrede la Constitución y, por tanto, inicia un procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Por menos de eso, un gobierno decente, en un país denocrático, hubiera agarrado la puerta. Claro que no es el caso, evidentemente. La cuestión es otra de las muchas que revisten sublimes niveles de gravedad. a tal punto, que es el propio gobierno de Paulino quien reconoce la debilidad jurídica de su medida.

El Gobierno de Paulino, por boca de su escudero Spínola, anunció que devolverá los casi cinco millones de euros que ahorró como consecuencia de rebaja de empleo y sueldo a los 3.473 empleados a los que birló entre el 10 % y el 20 % el salario y el sueldo durante cuatro meses (de enero a abril), pero a condición de que trabajen a lo largo de 2014 las horas que les fueron recortadas en 2012. Esto es, como dicen los sindicatos, un chantaje inaceptable. Y una maniobra, añado yo, impropia de quien se proclama defensor del pueblo canario y de quien se define como socialista y obrero. Una extorisón que, además, agrde las posibilidades de creación de empleo público en Canarias.